La declaración unilateral de independencia en Cataluña no solo coloca a los cientos de miles de funcionarios catalanes en una situación difícil por las llamadas encontradas a la fidelidad del Estado central y del movimiento independentista o por las posibles sanciones a las que se pueden enfrentar si no acatan las ordenes del Gobierno. También porque deja en el aire las posibilidades que tenían de recuperar derechos laborales perdidos en los últimos años pendientes de recobrar.

Ahora, tras la activación del artículo 155 de la Constitución, será el Ministerio de Hacienda el que tutele a estos trabajadores, pero solo hasta que se celebren las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Después, el escenario es incierto.

Es poco conocido que los funcionarios catalanes no solo tuvieron que renunciar a la paga extraordinaria de 2012, como el resto de los trabajadores públicos. Además, vieron suprimidas las pagas de Navidad de los años 2013 y 2014.

Los funcionarios de la Generalitat aún no han cobrado íntegra la extra de 2012, ni de 2013 y 2014

En el caso de la primera, mientras que prácticamente todos los funcionarios ya han visto reingresada la paga, la Generalitat ha abonado este año un 35,3% aún pendiente desde 2012, a falta del ingresar a sus plantillas el 20,3% restante antes de marzo de 2018. Además, aún no hay un calendario previsto para recuperar las ‘extras’ de los dos años siguientes.

Asimismo, en el año 2011, la Generalitat, entonces gobernada por el expresident Artur Mas y su mano derecha en la Conselleria de Economía, Andreu Mas-Colell, retiró a su funcionarios un plus de productividad que venían cobrando.

Ya en 2015, cuatro años después, la consejera del Departamento de Gobernación, Joana Ortega, se comprometió en un debate en el Parlament a recuperar este plus, aunque ligándolo a la consecución de objetivos. Una promesa que llegaba antes de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de ese año y que después no se ha materializado.

Es cierto que Ortega fue inhabilitada tras su participación en la consulta soberanista del 9-N, pero su formación, la mutación de CiU a PDeCAT, ha estado hasta última hora en el Gobierno de la Generalitat. Los responsables de CCOO y UGT en Cataluña aseguran que se trata de un compromiso plasmado en resoluciones parlamentarias que no se han llevado a la práctica y lamentan que “el papel lo aguanta todo”.

30.000 plazas en vilo

Por último, cuando el desafío independentista llegó a su climax este mes de octubre, la Generalitat y los sindicatos estaban negociando la convocatoria de 30.000 nuevas plazas de funcionario en Cataluña en un horizonte de tres años. Las centrales trataban de aprovechar el acuerdo suscrito a nivel nacional con el Ministerio de Hacienda para reducir la temporalidad en la Administración al 8% y también contagiar a Cataluña de la ampliación de las ofertas públicas de empleo en la Administración General del Estado (AGE).

Las negociaciones para ofertar 30.000 nuevas plazas de funcionario se han interrumpido

Cataluña tiene un tasa de interinidad del 20% y además sus plantillas  son las que más se han reducido en el último año por la falta de reposición de efectivos que se han ido jubilando en los últimos años.

Sin embargo, esta posibilidad se ha quedado atascada por el proceso independentista y, de alguna manera, la Generalitat estaría tirando piedras sobre su propio tejado. El desafío soberanista ha interrumpido las negociaciones a nivel estatal para elaborar un nuevo Presupuesto para 2018, dejando en dique seco la negociación de una nueva oferta de empleo público y la extensión del proceso de estabilización de plantillas. Eso, en último término, es lo que ha frenado un proceso similar en Cataluña.

Cataluña pierde funcionarios en goteo

No es que los funcionarios decidan marcharse de Cataluña. La posibilidad de pedir un traslado es algo que en estos momentos es posible solo dentro de la Administración General del Estado (AGE). Es que se jubilan y no se reponen.

Según un informe de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, el 43,1% de sus trabajadores del sector público tienen más de 50 años. Mientras, el colectivo de los menores de 30 años tan solo representa el 6,5%.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, la ocupación en el sector público catalán se ha reducido desde los 415.600 personas a las 397.100, un 4,6% menos, en solo un año, mientras que en computo nacional se ha producido un repunte del 1,9%.