El Gobierno justificó la activación del artículo 155 de la Constitución por la necesidad, entre otras cosas, de frenar el deterioro de la economía catalana derivado del proceso secesionista. Pero la propia irrupción del Estado en Cataluña y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre también tendrá, salvando las distancias, un coste económico.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, precisaba el pasado viernes que el 21-D costará unos 25 millones de euros, a abonar por la Generalitat en dos años: 17,3 millones en 2017 y 7,7 millones en 2018.

Para sufragar la parte correspondiente a 2017, el Gobierno, que ahora controla las cuentas catalanas, ha autorizado una modificación del Presupuesto de la Generalitat por 12,3 millones de euros. Y es que el presupuesto previsto hasta ahora en esta partida para el año en curso era de cinco millones de euros.

El control de estos gastos correrá a cargo de la Sindicatura de Cuentas catalanas y, más allá, en lo que tiene que ver con los detalles, poco se conocía hasta ahora.

Sin embargo, el Real Decreto por el que se regulan las subvenciones correspondientes a las fuerzas políticas –partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones– para gastos electorales, incluidos los relacionados con el envío de sobres y papeletas electores o de propaganda y publicidad electoral determina que se mantienen los importes de las elecciones inmediatamente anteriores, las del 27 de septiembre de 2015.

De ello se desprende, que las organizaciones que concurren contarán con un anticipo a través de la  Generalitat de unos 3,2 millones de euros. Es el resultado de aplicar una serie de criterios, que sirven para distribuir las subvenciones en función de la representatividad. Por ello, son las formaciones independentistas las que mayor porción de la tarta recibirán de antemano.

Los independentistas, los primeros beneficiados

De acuerdo con los criterios dispuestos, se distribuirán 16.101,6 euros por escaño obtenido, de entre un total de 135 que conforman el Parlament.  Además, se repartirán 0,61 euros por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, como mínimo, un escaño. Por último, se disponen 0,17 euros por cada elector de una circunscripción electoral, siempre que la candidatura obtenga un escaño en la misma y consiga formar un grupo parlamentario.

A partir de estas normas se establecen una serie de importes máximos a percibir. Sin embargo, antes de conocerse el resultado final de las elecciones, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat tiene previsto conceder a las fuerzas políticas un anticipo del 30% de la subvención percibida por cada uno en las elecciones anteriores.

Después de las elecciones se deberán devolver los anticipos en la cuantía en que superen el importe de la subvención que corresponda a cada formación.

La coalición independentista, la más beneficiada

De acuerdo con los informes de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, los importes máximos de las subvenciones en 2015 alcanzaron los 10,7 millones de euros.

De estos, la coalición independentista de Junts Pel Sí, obtuvo 3,7 millones de euros, por delante de PSC-PSOE (2 millones), el PP (1,8 millones), Ciudadanos (1,6 millones) , Catalunya Sí que es Pot (un millón) y la CUP (414.059 millones de euros).

Si se calcula el 30% de estos anticipos sobre estos resultados, el reparto dejaría como principales beneficiarios a una eventual coalición de los partidos independentistas que hasta ahora se han integrado en Junts Pel Sí (JxSí), que obtendría de entrada 1,1 millones, por delante de PSC-PSOE (600.669,5 euros), PP (569.420.7 euros), ERC (487.116,3 euros), Catalunya Sí que es Pot (310.771,1 euros) y la CUP (124.217,9 euros).

El coste del voto por correo o desde la cárcel

Por otro lado, el BOE también ha publicado una orden por la que se encomienda a Correos y Telégrafos S.A. la tarea adicional de llevar a cabo el servicio postal relacionado con el 21-D. A cambio, la empresa obtendrá una compensación, en cuyo cálculo se tendrá en cuenta una tarifa asequible y orientada a cubrir los costes reales del servicio.

La compensación se hará efectiva por el Ministerio del Interior una vez presentada y conformada la factura emitida, donde aparecerán el número de envíos y servicios realmente prestados. Por ello, aún se desconoce esta factura.

Lo que se sabe es que entre las tareas encomendadas a Correos está posibilitar que tanto el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como catalán fuera de sus fronteras, como los exconsellers encarcelados puedan votar, en tanto que no haya una sentencia que se lo imposibilite, lo que, según fuentes jurídicas, no es previsible.

Y es que el BOE especifica que se trata con este servicio de hacer posible el voto por correo de electores residentes en España, ausentes, electores temporalmente ausentes por estar en el extranjero, embarcados en buques o en misiones de defensa nacional, así como a internos en centros penitenciarios.