España ha permanecido más de un lustro sumida en una profunda crisis económica, y en 2017 por fin se ha consolidado la recuperación que tímidamente comenzó en 2014. Por eso, el Gobierno está dispuesto a todo para «frenar el deterioro económico» que el desafío independentista está generando en Cataluña. Para no perder todo lo conseguido. Así lo asegura en el comunicado publicado este jueves por el Ejecutivo, en el que avanza que activará el artículo 155 de la Constitución este mismo sábado.

El texto justifica este paso por la necesidad de restituir en orden institucional en la comunidad autónoma lo antes posible. No obstante, concreta en el último párrafo que «el Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña».

Esta inseguridad jurídica es el principal argumento que blanden las más de 800 empresas que, según los datos aportados por los Registradores Mercantiles, han cambiado ya su sede social o fiscal fuera de Cataluña desde la celebración del referéndum del 1 de octubre (1-O).

Los indicadores confirman el deterioro económico

Además, ese deterioro económico al que se refiere el Gobierno se ha visto plasmado ya, según aseguraba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes, en un descenso de las inversión en Cataluña del 10% en lo que va de año.

Otros indicadores apuntan en la misma dirección. Las empresas turísticas catalanas aseguran haber sufrido un retroceso en su negocio de hasta el 15% en las últimas tres semanas.

Estas señales de alerta han llevado al Gobierno a revisar a la baja su previsiones macroeconómicas para 2018. Así, se espera que el PIB crezca un 2,3% en lugar de un 2,6% como se pronosticaba en julio, por culpa de la incertidumbre en Cataluña. Y esto, según la patronal CEOE-Cepyme, tendrá un coste en términos de empleo su la inseguridad jurídica en Cataluña no se disipa.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha ido más allá. En la evaluación del Plan Presupuestario de 2018 remitido por el Gobierno este lunes a Bruselas, ha anticipado que, solo el efecto directo de la situación en Cataluña, podría llevar a España a reducir a la mitad su crecimiento el próximo año.