Unidos Podemos ha presentado este martes una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que pide sin ambages el cese del presidente de la empresa pública Adif, Juan Bravo. La PNL se debe a la vinculación de Bravo con la Operación Lezo. “Atendiendo al perjuicio para la imagen de la compañía pública Adif, el Gobierno procederá al cese de Don Juan Bravo Rivera de la presidencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias”, reza el texto presentado por la formación morada.

La proposición para destituir a Bravo parte de “la denuncia de los cuerpos de seguridad del Estado, sustanciada a su vez en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado de Instrucción Número Seis de Madrid, recogida en la diligencia 91/2016”, prosigue el escrito parlamentario. En ella se detalla, según la bancada que lidera Pablo Iglesias, “el desfalco de 70 millones de euros del Canal Isabel II, previa compra de Inassa por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a propuesta del entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo Riera, hoy presidente de Adif”. La expresión “a propuesta” viene entrecomillada en la PNL.

La Proposición no de Ley blande la “denuncia de los cuerpos de seguridad” y la de Anticorrupción

Formalmente ni Bravo ni Gallardón están imputados. Pero todos los indicios apuntan a que así ocurrirá, según las informaciones que se vienen publicando en las últimas semanas. Según publicó El Confidencial el 30 de octubre, la Fiscalía ya habría identificado a una treintena de ex altos cargos y exdirectivos que formaron parte del Ejecutivo de Gallardón (cuya presidencia regional fue de 1995 a 2003). Todos ellos aprobaron la compra de Inassa como miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad, votando a favor en noviembre de 2001; lo mismo que hicieron los consejeros del Canal de Isabel II.

Bravo era tanto miembro del Consejo de Gobierno como del Consejo de Administración: es el único que repite junto a Pedro Bravo, otro hombre de Gallardón. “Los españoles no podemos permitirnos el desprestigio de ver al presidente de los ferrocarriles de todos sentándose en el banquillo”, critica Sergio Pascual (Podemos), uno de los diputados que ha presentado la Proposición no de Ley. “No vamos a permitir a un solo día más de zorros cuidando gallinas”.

El diputado Sergio Pascual: “No vamos a permitir un solo día más de zorros cuidando gallinas”

En un auto fechado el pasado 7 de noviembre, el juez instructor de Lezo, Manuel García-Castellón, apunta a la etapa anterior de Ignacio González -que salió libre la semana pasada previo pago de 400.000 euros de fianza- al frente del Canal Isabel II. Es la etapa que corresponde a Ruiz-Gallardón y obviamente a Juan Bravo. Por ejemplo, sobre la compra del 75% de las acciones de Emissao, el juez instructor cree probado que la operación se inició “con anterioridad” a la llegada de Ignacio González. “No se trata de una referencia coloquial o en clave política, sino que se trata en ambos casos del pleno conocimiento de un hecho delictivo que no fue denunciado”, razona García-Castellón.

El último auto de Lezo dice que varias operaciones empezaron antes de la etapa de González

En la empresa Adif, cuyos portavoces han preferido no hacer declaraciones, la imputación de Bravo en calidad de investigado es la comidilla desde hace varios días. La dimisión del presidente del administrador suena. También está siendo investigado su predecesor en el cargo, Gonzalo Ferre, por un fraude de 70 millones en la construcción del AVE a Murcia.

Aterrizado en Adif hace menos de un año tras toda una carrera política a la sombra de Gallardón, Bravo heredó una empresa pública plagada de problemas, como la demora en decenas de obras de alta velocidad por problemas con las subcontratas. Y con una deuda que a finales de este año rebasará los 17.000 millones.

Adif, ahogada por la deuda

Entre sus haberes en su escaso tiempo en el cargo, están el aportar una solución parcial al conflicto ferroviario en Valladolid al plantear al ayuntamiento pucelano una alternativa clara al soterramiento. Una solución que permitirá abrir en el medio plazo los mejores talleres de mantenimiento de alta velocidad, cuya apertura estaba bloqueada precisamente por este problema.

Bravo es igualmente bien visto entre los manifestantes en Murcia que exigen el soterramiento del AVE cuando éste llegue: se le ha visto varias veces charlando con los representantes de los vecinos de los barrios del sur, un lugar vetado para el PP murciano. Ahora la Comisión de Fomento del Congreso debatirá su cese.