El Tribunal Supremo ha dado un paso que puede ser un impulso definitivo para el negocio de plataformas como Uber o Cabify. El Alto Tribunal acaba de dictar dos sentencias que sirven para conceder 80 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) que había denegado en 2014 la Comunidad de Madrid por el vacío legal que había entonces.

Pero esas 80 licencias (60 para la empresa Jojucar y 20 para Gran Vía) pueden ser la puerta para un aluvión otras 10.000 autorizaciones para conductores cuya concesión mantienen retenidas ayuntamientos de toda España. Son las licencias que quedaron atrapadas por el limbo entre la ley que liberalizaba el sector entre 2009 y 2013 y que no establecía una proporción entre el número de licencias de taxi y de los VTC, y la posterior norma de 2015 que fijó los límites.

En 2013 el Gobierno reformó la norma para establecer controles más estrictos, pero no se desarrolló y no empezó a aplicarse hasta noviembre de 2015. Entonces el Ejecutivo reformó definitivamente la normativa e impuso una ratio de una licencia VTC por cada 30 que se otorgara al taxi. Las sentencias del Supremo se refieren, en cualquier caso, a licencias denegadas en 2014, en un periodo de limbo legal entre una legislación y otra.

¿Un boom de nuevas licencias?

La eventual aprobación masiva de esas 10.000 nuevas licencias serviría para casi triplicar las 6.000 autorizaciones vigentes con las que conductores operan en España. Según la ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi que fija la ley, sólo podrían  haber 2.200 licencias para vehículos con conductor.

Las empresas de conductores a las que los ayuntamientos denegaron las autorizaciones, llevan años cosechando victorias en los tribunales que les ha dado la razón y aprobando la concesión de las licencias.

Ahora el Tribunal Supremo ratifica el respaldo legal a los recursos presentados por las compañías, y llega en un momento en que se ha recrudecido en la guerra del sector del taxi contra las plataformas online como Uber y Cabify, a las que acusa de competencia desleal e intrusismo.

El Ministerio de Fomento trabaja en una nueva norma con el objetivo de reforzar el control del sector del transporte de pasajeros, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) recurriera la reglamentación que servía para blindar el taxi frente a sus nuevos rivales.

El Tribunal Supremo subraya que en sus sentencias no entra a valorar «el acomodo a la legalidad» del real decreto aprobado en 2015, que es el que ha recurrido la CNMC ante la Audiencia Nacional y ante el Supremo.