El Ministerio de Energía ha encontrado la fórmula legal para poder vetar los eventuales intentos de las compañías eléctricas de cerrar alguna de sus centrales, sean nucleares, de carbón o de gas. El Gobierno ha acelerado los trámites y ultima la aprobación inminente de un real decreto que le permitirá prohibir la clausura de instalaciones, después de Iberdrola lanzara un órdago y presentara sendas solicitudes para cerrar sus dos últimas centrales de carbón.

Hasta ahora, el Gobierno sólo podía rechazar la solicitud de cierre de plantas eléctricas si suponía un riesgo para la seguridad de suministro eléctrico. Pero con la nueva norma el Ejecutivo también podrá denegarla si la clausura no se ajusta a la planificación de la política energética gubernamental o si afecta a los precios eléctricos y la competencia en el sector.

Las compañías eléctricas rechazan de plano la imposición de vetos. Y han hecho llegar al Ministerio de Energía sendas propuestas en las que se aboga por crear un sistema de subastas para energías estables (las que pueden funcionar de manera permanente o por voluntad, al contrario que las renovables que dependen de condiciones meteorológicas no controlables) y que las centrales que queden fuera de la puja puedan ser cerradas si así lo solicitan sus dueños.

Los planes de Endesa e Iberdrola

Tanto Endesa como Iberdrola han hecho llegar sus propuestas de crear un mecanismo de subastas de potencia firme como alternativa al reforzamiento del veto a los cierres que prepara el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Las fórmulas son muy similares, pero con matices. Endesa propone que en esas subastas entren todas las tecnologías en igualdad (en un primer momento gas natural y carbón, y en un futuro también la nuclear), guiándose sólo por el precio de la electricidad de sus ofertas. Pero Iberdrola contemplan incluir en las pujas sólo a gas y nuclear, dejando fuera el carbón por sus altas emisiones de CO2.

El mecanismo ideado por Endesa contempla que Red Eléctrica (REE), gestor del sistema, estableciera una cierta cantidad de potencia firme necesaria para el sistema, para garantizar el suministro y la disponibilidad ante falta de oferta y/o picos de demanda. Las centrales harían propuestas de precio de electricidad para entrega en el plazo de 3 o 5 años (para plantas ya operativas) o de 10 años (para nuevas instalaciones). Todas las centrales que ganaran en la subasta cobrarían el mismo precio, en el que se entiende que ya se incluiría una parte como pago por capacidad y disponibilidad para garantizar su sostenibilidad y rentabilidad.

Que cerrar sea decisión de las compañías

Por su parte, Iberdrola también aboga por un mecanismo de subastas de capacidad, similar al que ya existe en países como Reino Unido, por el que se establece la potencia de respaldo necesaria para cubrir las fluctuaciones de producción de las renovables y las eléctricas asumen el compromiso de estar disponibles siempre que el sistema lo requiera a cambio de una retribución determinada. Iberdrola defiende que “en estas subastas deberían quedar excluidas aquellas tecnologías más contaminantes”, esto es, el carbón.

Para Iberdrola, el futuro de las centrales eléctricas que quedasen fuera de las citadas subastas debería depender del criterio de sus propietarios, especialmente en un mercado como el español en que «buena parte del parque de generación presenta pérdidas económicas y debe hacer frente a una elevada carga fiscal», explican fuentes del grupo.