La Operación Chamartín (rebautizada Madrid Nuevo Norte) parecía a finales de julio definitivamente desbloqueada 24 años después de que se dieran los primeros pasos para una gran operación urbanística en el norte de Madrid. Pero al principio de acuerdo del 26 de julio entre ayuntamiento, Ministerio de Fomento y BBVA le ha salido un escollo: un recurso judicial de la Comunidad de Madrid, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolverá exactamente dentro de una semana, el próximo miércoles 29 de noviembre.

El recurso, que puede bloquear judicialmente todo lo pactado, viene de mayo de 2016, cuando el equipo de Gobierno de Ahora Madrid tumbó unilateralmente el convenio firmado en enero de 2015 por Fomento, BBVA y la entonces alcaldesa Ana Botella y, entre otras cosas, redujo el número de viviendas de 17.000 a 4.500. Todos se pusieron de uñas contra Ahora Madrid, pero la buena relación entre la alcaldesa Manuela Carmena y el ministro Íñigo de la Serna permitió reconducir la situación a través de mesas técnicas. Y el 26 de julio pasado se firmó el acuerdo, con 11.000 viviendas, 2,8 millones de metros cuadrados (frente a los 3,3 de Botella) y muchas cuestiones por resolver aún.

El recurso se planteó en mayo de 2016, pero fue retirado por BBVA y Fomento

Pero eso no ha sido suficiente para el Gobierno de Cristina Cifuentes, que declinó participar en las mesas técnicas creadas en enero y sigue adelante con su apelación. Así, la votación y el fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM tendrán lugar dentro de siete días. Según portavoces del Gobierno regional, lo que se persigue es obtener “seguridad jurídica” a través de “un informe que así lo garantice”. “La garantía tiene que venir de todas las partes, en especial de quienes lideran el proyecto, esto es, el Consistorio madrileño”.

BBVA, a través de su filial Distrito Castellana Norte (DCN) y Fomento se adhirieron en su día al recurso, elaborado desde la Abogacía del Estado. Pero al retomarse las negociaciones ambos solicitaron su suspensión. El pasado 13 de noviembre, la Comunidad de Madrid se opuso a dicha suspensión y demanda ahora a todas las partes: Consistorio, DCN y otros más pequeños implicados en la operación como la Junta de Compensación de Fuencarral, el Arzobispado de Madrid… hasta un total de diez. El letrado del Ejecutivo comunitario justificó la no suspensión del recurso “habida cuenta que implica una dilación innecesaria del procedimiento de impugnación de un acuerdo que se considera contrario a derecho, y que debe resolverse cuanto antes por los intereses afectados”.

El 13 de noviembre la Comunidad rechazó retirarlo y demandó a todas las partes

Con todo, el recurso dice también que “el hecho de que se continúe con el procedimiento no empece a que se puedan llegar a acuerdos en cualquier momento de la sustanciación de estos autos antes de la sentencia, sin necesidad de que se suspenda el procedimiento”. En otras palabras, las discusiones relativas a la ordenación urbanística podrán continua sin perjuicio de que el proceso judicial arruine Madrid Nuevo Norte. Pero tampoco facilitaría las cosas.

En el equipo de Cifuentes se insiste en la voluntad del Gobierno autonómico es retirar dicho recurso, por lo que lo que suceda esta semana será clave en este sentido. De hecho, poco después de trascender el pacto a tres bandas en julio la presidenta regional declaró que era “mejor un mal acuerdo a un buen pleito”.

Según el Gobierno regional, lo que se persigue es más “seguridad jurídica”

Muy pocos han querido hacer declaraciones, aunque la versión comunitaria está siendo muy criticada estos días. Sobre todo porque la vista judicial acecha. En DCN rechazan hablar antes del posible fallo. Y el Ayuntamiento de Madrid pide a Cifuentes diálogo. El pasado 2 de noviembre el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, señaló que es el “momento de hablar, de llegar acuerdos” y que mantener abiertos estos procesos judiciales “no ayuda nada a alcanzar el objetivo de cerrar un acuerdo que beneficie a todas las partes”, según recogió Europa Press.

Desde el anonimato, una fuente que cree que el Gobierno regional terminará por retirar el recurso in extremis (previo acuerdo con Cibeles) ironiza comparando al equipo de Cifuentes con el sector Anticapitalista de Podemos. “Ahora mismo ambos son los más reacios al acuerdo alcanzado en verano”, bromea. La Operación Chamartín es la mayor actuación urbanística de la Unión Europea en estos momentos. Empezó con José María Álvarez del Manzano y aún le quedan obstáculos que superar.