Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han puesto este martes 17 chinchetas en el mapamundi para que escándalos como el reciente de los ‘Paradise Papers’ no vuelvan a producirse. Es la primera ‘lista negra’ de paraísos fiscales del club comunitario en la que finalmente se han incluido casi una veintena de terceros países y jurisdicciones.

Se trata de aquellos territorios que tras diez meses de diálogo no se han comprometido a intercambiar información fiscal y financiera con la UE o que no cumplen los estándares sobre fiscalidad justa, baja tributación o en materia de traslado de beneficios a otro territorio. Como era de esperar, ningún país europeo está dentro.

Desde la Samoa Americana a los Emiratos Árabes Unidos, pasando por Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago y Túnez.

Llama la atención la inclusión de Panamá, en boca de todos tras el estallido del escándalo de los ‘Papeles de Panamá’, en el que se ha visto implicada, por ejemplo, la esposa del comisario europeo de Energía y exministro del PP, Miguel Arias Cañete.

Además, los ministros de Economía y Finanzas ha elaborado otro listado de unos 40 países que se han comprometido a modificar su legislación impositiva y cumplir con los criterios de transparencia y justifica fiscal. Estos se integrarán en una llamada ‘lista gris’ que Bruselas supervisará bajo la advertencia de dar el salto a la ‘lista negra’, a la que la UE se refiere, no obstante, como conjunto de jurisdicciones no cooperativas.

Junto a las listas, el Ecofin ha aprobado “una serie de disposiciones sobre procedimientos y medidas administrativas en esta materia que van a ser publicados rápidamente”, según ha anunciado el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, a su salida de la reunión, informa EFE.

Sobre la ‘lista gris’ con territorios que han manifestado su intención de modificar su legislación impositiva y cumplir con los criterios de transparencia y justicia fiscal de los Veintiocho, Guindos ha explicado que esos compromisos “de alguna forma les ponen en situación diferente a la de los que están en la negra”. “Es estar entre el infierno y el purgatorio”, ha comentado.

Mayor control sobre los que operen en paraísos fiscales

Además, el acuerdo incluye un enfoque general de las sanciones que se prevén imponer a los paraísos fiscales. Sobre las mismas, el ministro de Economía ha considerado que deben tener un impacto “no solo reputacional, sino también real”. Por ello, el Ecofin prevé cerrar el paso a estos países para acceder a los fondos de desarrollo europeo y, además, fijará un control especialmente intenso, especialmente próximo, para aquellos contribuyentes que actúen en dichas jurisdicciones.

En las últimas semanas también se ha llamado a combinar contramedidas de la UE y de los Gobiernos nacionales, como retenciones a las fuentes de pagos a estas jurisdicciones, la no deductibilidad de los mismos, así como nuevas reglas sobre los ingresos de empresas controladas desde esos países.

Más de un año de trabajo tras el listado

La metodología propuesta para dar este paso en la lucha contra los paraísos fiscales ha corrido a cargo de la Comisión Europea, pero el diseño de la lista ha sido decisión de los expertos que integran el grupo Código de Conducta del Ecofin.

Los trabajos comenzaron en mayo de 2016, cuando los ministros de finanzas de la UE acordaron iniciar un proceso de inclusión de países en una lista para su evaluación con criterios comunes. Finalmente pasaron por este trámite 92 jurisdicciones.

La Comisión Europea pidió al grupo del Código de Conducta que administrase el proceso y presentase un primer listado a finales de 2017. Inicialmente se acordó que fuera en noviembre, pero el aluvión de información recibida ha hecho que su publicación se retrasase unas semanas.

Los países de la lista no han atendido a los requerimientos de la UE en diez meses

Para ello se llevaron a cabo tres pasos. Un primero de preselección,en septiembre de 2016, en el que la Comisión Europea elaboró un marcador neutral de indicadores, elaborando el riesgo de 213 sistemas fiscales de terceros países que podían facilitar la elusión fiscal. Sobre esta herramienta, los Estados miembro decidieron qué países examinar con más profundidad.

En un segundo paso, se estableció contacto formal con todas las jurisdicciones elegidas en la fase anterior, para explicar el proceso e invitarlas a involucrarse con la UE. Los expertos evaluaron en profundidad los sistemas fiscales de las jurisdicciones seleccionadas utilizando los criterios acordados y se produjeron muchos contactos con estos países durante unos meses para buscar aclaraciones y explicaciones.

En una última fase, los expertos remitieron al grupo del Código de Conducta las conclusiones y los hallazgos y este envió una carta a cada jurisdicción destacando las deficiencias encontradas o confirmando el cumplimiento de los estándares. A aquellos que no los cumplían se les solicitó un compromiso serio de mejora dentro de un tiempo determinado, de modo que los que no lo hicieron han acabado engrosando la lista.