El Gobierno trabajará en los próximos meses en la actualización del listado de los países considerados paraísos fiscales. Lo hará para adaptar al ordenamiento jurídico español el acuerdo alcanzado en el Ecofin este martes por el que se crea la primera relación de jurisdicciones llamadas no cooperativas a nivel comunitario y se establece una línea común de sanciones.

Fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que dicho acuerdo no es vinculante puesto que no se trata de una directiva de obligada trasposición a la legislación española. Sin embargo, en el ánimo de armonizar la regulación nacional para no entrar en contradicción con los dictados internacionales, el Gobierno va a proceder a estudiar dicha adaptación a través de la Dirección General de Tributos.

Desde el listado incluido en el Real Decreto de 5 de julio de 1991, aún vigente, en el que se incorporaban un total de 48 países, la lista ha sufrido en la práctica algunos cambios puesto que siempre ha estado abierta la puerta para que los países y territorios que firmaran con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información dejaran de tener consideración de paraísos fiscales.

Además, en 2014 se amplió esta posibilidad a los territorios que suscribieran el Convenio de Asistencia Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo de Europa. Por el contrario, se modificó la norma para que pudieran volver a incluirse aquellos que no intercambiaran de manera efectiva la información tributaria.

Lo cierto es que, de acuerdo con el planteamiento seguido por la OCDE, que ha venido teniendo en cuenta la opacidad fiscal de los territorios, dejando de lado otro criterio como es el de nula o escasa tributación, solo Trinidad y Tobago es un paraíso fiscal. Su lista, como la de España, ha ido dejando fuera que tal vez ahora tenga que volver a incluir.

Además, no han faltado las críticas por lo que se considera una forma de laxitud injustificada en el caso de España. Una de las más habituales ha procedido de la asociación de técnicos de Hacienda, que consideran que solo se puede entender que un territorio puede salir del listado si el intercambio de información es automático, ya que no se puede solicitar una información que de entrada no se conoce.

Sea como fuere, desde 2003 han salido de la lista de paraísos fiscales española el Principado de Andorra, las Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, el Gran Ducado de Luxemburgo, Panamá, San Marino, Singapur y el Sultanato de Omán.

No obstante, una cambio normativo de 2015 obliga a que la actualización de la lista se tenga que hacer de manera expresa y no de forma automática. Ello explica la necesidad de actualización y la oportunidad que supone el acuerdo del Ecofin para llevarla a cabo.

Panamá ya es un paraíso fiscal

La UE ha incorporado ahora nuevos criterios para calificar a los territorios como paraísos fiscales. Así, se ha tenido en cuenta si aplican una tributación injusta o excesivamente baja. Esto abre el abanico de países a incluir y, de hecho, el listado publicado este martes por el Ecofin incorpora jurisdicciones que España extrajo del saco hace años. Es el caso de Barbados, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos y Panamá.

El caso de este último país es muy representativo de la forma en la que la UE ha endurecido, al menos sobre el papel, la lucha contra los paraísos fiscales. Y es que tras la publicación de los conocidos como ‘Papeles de Panamá’, la UE decidió tomar cartas en el asunto, mientras que el país centroamericano se apresuró a ratificar el convenio de asistencia administrativa mutua de la OCDE, lo que no le ha salvado de estar en la ‘lista negra’ de la UE.

Según fuentes fiscales, la salida de Panamá de los paraísos fiscales tuvo que ver con que muchas empresas españolas trabajan allí teniendo que soportar la normativa antiabusos.  En efecto, Panamá no es una paraíso fiscal desde 2010, tras la negociación casual de la adjudicación de las obras de modernización del Canal a la constructora española Sacyr. Después de que el país centroamericano firmara el convenio de la OCDE aún tuvo menos papeletas para ser considerado un paraíso fiscal.

Sin embargo, el Gobierno tendrá que decidir ahora qué hace tras la publicación de la lista comunitaria, si desanda o no sus pasos.

Por otro lado, actualmente hay gran número de preceptos normativos que tienen que ver con la tributación por Sociedades, IRPF o Impuesto sobre la Renta de los No Residentes vinculada a los paraísos fiscales dentro de lo que se conoce como normativa antiabuso. Esos preceptos podrían tener que adaptarse a las directivas acordadas en el Ecofin que se darán a conocer próximamente, así como al enfoque común sobre las sanciones.

 

Intermon Oxfam y Gestha elaboran su propia lista

Mientras el Gobierno se pone a trabajar en la nueva lista de paraísos fiscales, otras instancias han dado ya ese paso tras reclamar que se abra el abanico de países a fiscalizar. Una de ellas es Intermón Oxfam, que para elaborar su propio listado tiene en cuenta todos los criterios que se manejan a nivel internacional. De esta forma, suma 39 países no contemplados ahora, entre los que se incluyen cuatro territorios europeos: Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Ello hace que incluya también a países con baja tributación como Holanda, que ha vuelto a quedar fuera de las consideraciones de la UE, pero que sirve de puerta de entrada de muchas inversiones que más tarde llegan, por ejemplo, a España desde terceros países.

Por su parte, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado también una ‘lista negra’ y otra ‘gris’, como la UE, pero con criterios de evaluación mucho más amplios, que agrupan en total a 130 países. Además, la organización pide que las sanciones se apliquen también a las empresas, bancos, abogados, contables y asesores fiscales que hayan participado o promovido actividades o acuerdos empresariales fiscales de carácter ilegal, perjudicial o ilícito en dichas jurisdicciones.

Se refiere a la revocación de las licencias profesionales de trabajadores y empresas que hayan participado en el diseño de la planificación fiscal agresiva o evasión fiscal, o que hayan asesorado sobre su uso.