El titular del juzgado de instrucción número 5, José de la Mata, ha impuesto una fianza de 80 millones de euros a los exdirectivos de Caixanova acusados de administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de la entidad.

Esta cantidad coincide con el supuesto deterioro ocasionado a la caja gallega por el expresidente Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, el subdirector general de la caja entre 2009 y 2010, Domingo Gonzalez, y el director de la oficina principal José Benito Parente.

La Fiscalía sostiene que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de "ayudar a reflotarla" dadas sus "serias dificultades económicas.

La Fiscalía sostiene que concedieron préstamos en contra de los intereses de la caja

En opinión del Ministerio Público, los máximos gestores gallegos "querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación" con la caja, "facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables" a pesar de contravenir los intereses de la propia Caixanova.

Para ello "se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar", fundada en 1999 por el también investigado Juan Lago, que era su administrador, para la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria.

Promalar recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.

Pero el destino de los fondos no fue reflotar la empresa, sino beneficiar a sus accionistas mediante transferencias a varias cuentas bancarias, según la Fiscalía Anticorrupción.

El daño ocasionado trascendería a los propios intereses de Caixanova, al tratarse de una entidad intervenida por el Banco de España y que ha pasado a ser administrada por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), por lo que se trata de un caso de "grave repercusión en la seguridad de la economía nacional".

El pasado enero, la Audiencia Nacional decretó prisión para cinco exdirectivos de Novacaixagalicia -entidad nacida de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia-, entre ellos Julio Fernández Gayoso, por un delito de administración desleal por el cobro de indemnizaciones millonarias.