Zapatero: de la sumisión al Majzen a la fascinación clandestina por las alhajas

Durante los años de la pandemia del covid-19, el sector turístico español sufrió una contracción sin precedentes. Para contrarrestar el impacto, el Gobierno aprobó un paquete de ayudas públicas destinado a las compañías aéreas consideradas estratégicas para la conectividad y la economía del país: Air Europa, Air Nostrum, Volotea y Plus Ultra. La operación supuso un desembolso total de 839 millones de euros.

El rescate de Plus Ultra, estimado en 53 millones de euros, fue recurrido por el PP y Vox, alegando que la compañía no revestía el carácter estratégico de las otras tres y su volumen de actividad comercial era bastante inferior. También se acusó a la aerolínea de presunta malversación y prevaricación y de tener vínculos accionariales opacos. Casi dos años después, en enero de 2023, el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid archivó la causa de forma provisional al considerar que el decreto de ayudas urgentes se había aplicado de forma correcta.

En marzo de 2023, la Audiencia Nacional reabrió y asumió formalmente el caso, manteniéndolo inicialmente bajo secreto de sumario, y la investigación dio un vuelco radical al sospecharse que la aerolínea aportó datos falsos sobre sus cuentas para acceder a unos fondos a los que no tenía derecho.

El magistrado instructor, José Luis Calama, atribuyó la condición de investigado a José Luis Rodríguez Zapatero al hallar indicios de que pudo haber actuado como "mediador político" para acelerar la tramitación del dinero a cambio de comisiones financieras ilícitas vehiculadas a través de redes instrumentales. Con ello, Zapatero se convirtió en el primer expresidente del Gobierno español procesado penalmente en la historia democrática del país.

Como parte de la investigación, que rastrea una presunta trama de tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, el juez Calama decretó el registro del despacho de Zapatero y de las sociedades Softgestor, Inteligencia Prospectiva y What the Fav, esta última propiedad de las hijas del exmandatario. Así, el 19 de mayo de 2026, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervinieron la oficina del expresidente en la calle Ferraz, en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE. La inspección se alargó durante más de cuatro horas.

En el transcurso del registro en la oficina de Zapatero, los agentes localizaron una caja fuerte oculta. Aunque su secretaria afirmó inicialmente a la policía que el compartimento de seguridad “provenía de la vivienda familiar”, el dispositivo estaba instalado físicamente y fue intervenido dentro del despacho del expresidente. En su interior se hallaron más de 100 piezas de alta joyería (incluyendo diamantes, rubíes, esmeraldas de Zambia y zafiros de Tailandia), además de relojes de lujo y agendas. Un peritaje judicial realizado por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español valoró el lote intervenido en 1,3 millones de euros.

Por consiguiente, el instructor abrió una pieza separada para investigar al expresidente por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando, ya que el valor de los bienes incautados supera con creces el umbral legal correspondiente (fijado en una cuota defraudada de 120.000 euros para el fisco y un límite de 50.000 euros en lo que respecta al contrabando).

El descubrimiento de la caja fuerte constituyó una gran sorpresa para todos, incluso para el propio Zapatero, quien nunca imaginó que saldría a la luz y menos de esta manera. Este tipo de escenarios, donde una línea de investigación común destapa de improviso indicios de mayor gravedad, no suelen darse todos los días. De ahí la respuesta refleja de la secretaria al afirmar que el compartimento “provenía de la vivienda familiar”: un último intento por mitigar el impacto penal y mediático de que la UDEF localizara un depósito oculto de valor millonario en la misma sede profesional objeto del registro.

De inmediato, tras el operativo de la UDEF, el entorno de Zapatero y asesores como Luis Arroyo salieron públicamente a afirmar que las joyas procedían, en su mayoría, de recuerdos de viajes y herencias familiares, específicamente de su madre y su suegra.

Dada la gravedad de los hallazgos, José Luis Rodríguez Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio. En las horas previas a la comparecencia del expresidente, el relato cambió: sus mismos portavoces filtraron a la prensa que el lote era en realidad un regalo del monarca de Arabia Saudí en 2007.

Finalmente, durante su primera declaración a puerta cerrada ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, el investigado optó por acogerse a su derecho a guardar silencio en lo referente a las alhajas. Su defensa alegó que requería más tiempo para recopilar la documentación, mientras que el exjefe del Ejecutivo se comprometió ante el magistrado a aportar las pruebas que justificaran el origen de las piezas en un plazo de "siete días, máximo diez".

Es evidente que José Luis Rodríguez Zapatero, acostumbrado a tener respuestas para todo, no contaba con la eficiencia de la UDEF, por lo que carecía de una explicación convincente para el enigma de las alhajas. Si en mayo justificó su procedencia mediante “herencias familiares”, en junio modificó su estrategia para basar su origen en un regalo real de 2007. Este viraje táctico no es arbitrario ni inocente: la elección de esa fecha le beneficia procesalmente. Al haber transcurrido casi dos décadas, cualquier posible delito fiscal o infracción de contrabando derivada de la omisión de estos bienes ha prescrito legalmente, dado que el plazo máximo para este tipo de fraude oscila entre los cinco y diez años. Con esta maniobra, su defensa busca forzar el archivo de la pieza separada.

Es decir, el expresidente ha preferido el incumplimiento ético frente a la sanción penal. Aunque recurrir a 2007 le exime de responsabilidades ante los tribunales, la versión choca frontalmente con el Código de Buen Gobierno que su propio Ejecutivo aprobó en 2005, el cual prohibía de forma explícita a los altos cargos aceptar obsequios que superaran los usos habituales de la cortesía social.

El pasado 23 de julio, Zapatero rompió su silencio –o más bien ahondó en él– en una entrevista concedida al programa Mañaneros 360 de TVE. A lo largo de los 40 minutos que duró el encuentro, insistió en su inocencia sobre los delitos imputados en relación al rescate de la aerolínea, pese a que la misma semana tanto el que fuera su amigo personal y administrador de la empresa Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, como Julio Martínez Sola y Roberto Roselli (expresidente y ex-CEO de Plus Ultra, respectivamente) enviaron sendos escritos a la Audiencia Nacional donde le señalaban como la persona que medió en la operación y “marcaba los pasos a seguir”.

Por otro lado, aunque se comprometió expresamente en sede judicial a acreditar la procedencia de las joyas confiscadas en un plazo de "siete días, máximo diez", más de un mes después de aquella declaración y a 65 días del registro de su oficina, el expresidente no aportó ninguna prueba aclaratoria y se limitó a decir que “son un regalo de cortesía de hace muchos años". O sea, mantuvo la misma versión que lo exonera penalmente, pero en esta ocasión sin concretar la fecha, el donante ni el país de este último.

Todo esto que se ha desvelado es solo una ínfima parte de la cara B de Zapatero. Bajo esa suerte de antifaz-talante que derrocha amabilidad hipócrita, subyace su faceta –tal vez– más perversa, fría y calculadora: su connivencia y complicidad con el Majzen, asentada en una pleitesía a prueba de bombas. Esto lo convierte en el aliado perfecto no solo para conspirar contra su propio país –anteponiendo los intereses del régimen alauí a los de España–, sino para actuar como un instrumento de propaganda eficaz que Marruecos utiliza para perpetuar la ocupación del Sahara Occidental.

Llama poderosamente la atención que los analistas y tertulianos que colman los platós de televisión y los estudios de radio estos días, al tiempo que mostraban decepción por su imputación, lo calificaran como el faro progresista que se apagó de repente o la estrella polar de la izquierda que dejó de brillar, como si su trayectoria política hubiera sido inmaculada e impoluta hasta ahora. Ninguno se atrevió a mencionar, ni siquiera de pasada, los negocios y asuntos turbios y opacos en los que se ha visto envuelto con el Majzen a lo largo de toda su carrera, especialmente en aquello que pueda infligir el mayor daño al pueblo saharaui.

A principios de la década de 2000, a José Luis Rodríguez Zapatero, que en aquel entonces estaba en la oposición, se le llegó a calificar como el “embajador” de Marruecos en España debido a sus frecuentes viajes allende el Estrecho. Apenas seis meses después de su elección, cuando sobre España aún se cernía un manto de aflicción por la tragedia del 11-M, Zapatero presentó el 21 de septiembre de 2004 ante la ONU la propuesta de creación de la Alianza de Civilizaciones. Una iniciativa envenenada que dista –y mucho– de perseguir los nobles objetivos que se pueden inferir de su distinguido nombre.

La verdadera razón de esta propuesta reside en dotar a Marruecos de una rampa estratégica amparada por las Naciones Unidas que, en su momento, le serviría para relanzar a nivel geopolítico sus tesis anexionistas. No en vano, actualmente está al frente de esta entidad Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores de su Gobierno y miembro destacado del lobby marroquí.

España contribuye a la financiación de esta organización internacional mediante una aportación anual de un millón de euros al Fondo Fiduciario de la ONU para la Alianza de Civilizaciones. Al margen de esta partida, el Gobierno ha destinado de manera intermitente subvenciones directas a fundaciones, foros globales y eventos vinculados a la promoción de la alianza, con importes variables integrados dentro de las contribuciones a organismos internacionales.

Zapatero impulsó activamente este proyecto internacional durante y después de su mandato. Diversas informaciones y la fiscalía analizan si los estrechos lazos diplomáticos cosechados mediante esta iniciativa con las monarquías de Oriente Medio facilitaron la recepción de costosos obsequios institucionales o personales que no fueron declarados en su momento a Patrimonio del Estado ni a Aduanas.

En el marco de la revisión de los movimientos económicos del expresidente, se reveló que Zapatero percibió ingresos (unos 47.000 euros) de Emiratos Árabes por participar como jurado en unos premios respaldados directamente por la Alianza de Civilizaciones. Como se ha señalado, este ente está dirigido por su exministro y amigo Miguel Ángel Moratinos, lo que mantiene el foco sobre cómo se mezcla su acción diplomática con sus finanzas personales.

Tampoco debemos olvidar que en el año 2007, concretamente los días 5 y 6 de marzo, se celebró en Rabat la octava Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos con la participación de Zapatero, su homólogo Driss Jettou y Moratinos, entre otros; un encuentro en el que se perfiló, a modo de munición de propaganda, la ocurrencia peculiar de una propuesta de “autonomía marroquí” para el Sahara.

A partir de ahí, el expresidente y todo su gabinete se entregarían en cuerpo y alma a propagar y dar forma a esta farsa. Un “duro trabajo” que solo puede recompensar, generosamente, el monarca que financió y sigue financiando la guerra y la ocupación del Sáhara: el mismo al que aludieron los portavoces de Zapatero en junio, horas antes de su comparecencia en la Audiencia Nacional.

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Abderrahman Buhaia es intérprete y educador saharaui.