El Gobierno se está viendo obligado a hacer malabares con los recursos del sistema público de pensiones. Mientras acude al Fondo de Reserva y al crédito presupuestario de más de 10.000 millones aprobado en 2017 para pagar las extras de los pensionistas ante la crisis de liquidez que sufre el sistema, procede a mejorar las prestaciones de colectivos con bajas rentas y tensa aún más las costuras.

Y es que la subida de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años con menores ingresos –alrededor de un millón de personas–, cuya reglamentación se encuentra en fase de audiencia pública, tendrá un impacto presupuestario de más de 1.500 millones de euros hasta 2019, según la memoria económica del Real Decreto por el que se introducen estos cambios.

El déficit de la Seguridad Social cerrará el año previsiblemente en el entorno del 1,4% del PIB, unos 16.000 millones de euros, con lo que esos 1.500 millones de euros son una cantidad nada desdeñable.

La Seguridad Social estima que reúnen los requisitos más de un millón de personas

Al margen, la Seguridad Social arrastra una deuda histórica de 17.000 millones de euros desde los años 90, fruto de los déficit en los que incurrió cuando asumía gastos correspondientes al ámbito sanitario como el Insalud. Sin embargo, todo apunta que se acabará enjugando a través de ajustes contables, del mismo modo que el préstamo presupuestario aprobado y el que, previsiblemente, habrá que aprobar para seguir pagando las extras de las pensiones en 2018.

El colectivo beneficiados: mujeres mayores de 65 años

La mejora de las pensiones de viudedad, que atiende a un mandato recogido en la reforma de las pensiones de 2011 que PSOE, Podemos o PDeCAT han llamado a cumplir reiteradamente, se destina a personas que 65 años o más con una única pensión de viudedad que no trabajan ni disponen de otras rentas superiores a aquellas que dan derecho al reconocimiento de pensiones mínimas. Por otra parte, aunque la medida no hace distinción de género, beneficia en mayor porcentaje a las mujeres por ser las principales perceptoras de pensiones de viudedad.

La reforma de 2011 instaba a adoptar las medidas reglamentarias para elevar la cuantía de la pensión hasta el equivalente del 60% de la base reguladora, desde el 52% actual.  Pues bien, este incremento se hará de forma progresiva, del 52% al 53% en 2018 y hasta el 60% en 2019 y siguientes, mientras el pensionista cumpla los requisitos establecidos. Esto se traduce en un incremento de la pensión inicial del 1,92% en 2018 y del 15,38% desde 2019.

Los perceptores se dividen en dos grupos: el de aquellos que cuentan con una pensión mínima, que verán incrementada la prestación inicial, pero a los que se recortarán los complementos a mínimos; y aquellos con pensiones superiores a la mínima, que experimentarán una subida en la cuantía.

De acuerdo con los datos disponibles de la Seguridad Social, las alrededor del millón de personas beneficiarias de pensiones de viudedad mayores de 65 años, cobran una pensión media de entre los 701,6 euros mensuales para aquellas en el tramo de edad de menos de 70 años y los 595,4 euros a partir de 85 años.

El resultado de estas mejoras en dos tramos es que la Seguridad Social gastará en 2018 algo más de 68 millones de euros para las pensiones de viudedad en mínimos y 106,8 millones para el resto. En total, 175 millones de euros. En 2019 y siguientes, el gasto será de 493,7 millones y 888 millones al año, respectivamente, lo que suma 1.381,7 millones. Así pues, la Seguridad Social tendrá que desembolsar de entrada, hasta 1.556,7 millones de euros más entre 2018 y 2019.

El Estado también se beneficia, de momento

El reverso del Real Decreto es que al incrementarse buena parte de las pensiones de viudedad de menor cuantía, el Estado se va a ahorrar millones de euros en complementos a mínimos, que desde la pasada legislatura se financiación con impuestos. En total, la memoria económica calcula que el ahorro para el Estado rozará los 562 millones de euros en los próximos dos años.

No obstante, se trata de un ahorro que queda desdibujado si se considera que la comisión del Pacto de Toledo ha debatido en los últimos años la posibilidad de trasladar los alrededor de 25.000 millones de euros anuales que cuestan las pensiones de orfandad y viudedad del ámbito contributivo, y que, por tanto, se costean con cotizaciones a la Seguridad Social, al no contributivo, que se financia con impuestos.

Al mismo tiempo que suben las pensiones de viudedad mínimas, el Estado ahorrará en complementos

La iniciativa partió del Gobierno en 2016, cuando se procedió a abrir este debate para tratar de que la Seguridad Social solo cubra aquellos gastos que estrictamente le corresponden. Sin embargo, hacer de las pensiones una prestación de naturaleza asistencial las dejaría en manos de las comunidades autónomas, expuestas a decisiones puramente políticas y a la posibilidad de que suban o bajen de acuerdo con sus necesidades presupuestarias.

Es por eso que el debate, a falta de unas recomendaciones finales del Pacto de Toledo para introducir nuevas reformas en el sistema de pensiones, ha quedado aparcado. Solo el PDeCAT aún cree que habría que proteger a las viudas desde los Presupuestos.