El Gobierno ya tiene redactado el proyecto de Real Decreto por el que se elevará el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4%, hasta los 735,9 euros mensuales --10.302,6 euros--, y también ha calculado cuáles serán sus efectos: beneficiará a 533.978 personas, fundamentalmente mujeres con contratos temporales que no están protegidas por ningún convenio colectivo.

Sin embargo, el texto tiene que superar ahora una serie de formalidades. Para empezar, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentará el texto este martes a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como a los presidentes de la CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, para tratar de lograr su voto favorable.

Después, el proyecto normativo se tramitará con cierta urgencia para que pueda aprobarse en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre y pueda entrar en vigor el 1 de enero, como es habitual.

Una subida inferior a la de 2017

Báñez se encontrará al otro lado de la mesa con unos sindicatos que quieren elevar el salario mínimo hasta cerca de los 900 euros mensuales. Las centrales cuentan con que la propuesta del Gobierno camine en esta dirección en un escenario de tres años, con una subida adicional del 6% en 2019 y del 10% en 2020, pero quieren acelerar el proceso.

Sin embargo, por ahora el incremento previsto será del 4%, la mitad que en 2017. El Gobierno explica que la subida responde a la necesidad de "acompasar" el SMI a la recuperación económica, por lo que no puede hacerse con un criterio "matemático", sino teniendo en cuenta entre, otros criterios, la evolución del IPC o la marcha de la economía en general.

En este sentido, recuerda que la inflación terminará en 2017 alrededor del 2%, lo que significa que la subida del SMI del 8% este año será sustancialmente superior al repunte de los precios. Ahora bien, el avance de la inflación será del 1,4% en 2019 y del 1,5% en 2019, lo que explicaría en parte menores alzas del SMI.

Lo mismo ocurre con la productividad. El Gobierno señala que España ha logrado crear medio millón de empleos en el último año, pero con "incrementos muy moderados de la productividad". En esta línea, el Programa de Estabilidad prevé que esta crezca del 0,3% en 2017, que caerá al 0,1% en 2018 y 2019.

Además, el Ejecutivo sostiene que el actual patrón de crecimiento es más sostenible que en el pasado, pero anticipa que reducirá su intensidad en 2018, manteniendo altas tasas de desempleo de larga duración.

¿A quién beneficia?

Así es que el Gobierno tiene sus argumentos para no subir el SMI más allá de un 4%, pero asegura que beneficiará a quien más lo necesita. Dentro del perfil, Empleo sitúa a mujeres y extranjeros como principales beneficiarios, así como a los más jóvenes. A los 20 años, por ejemplo, la probabilidad de cobrar el SMI es 10 veces mayor que a partir de los 50.

Algo similar ocurre con los perfiles poco cualificados, que tienen cuatro veces más probabilidad de ganar el equivalente al salario mínimo; los trabajadores temporales, que tienen tres veces más posibilidades; y aquellos con empleos a tiempo parcial, para los que esta posibilidad se dispara: es ocho veces superior.

Los más expuestos al SMI: mujeres, extranjeros y jóvenes con contrato temporal

Pero otro factor que suele estar detrás del cobro del salario mínimo es la cobertura frente a la empresa. Las cifras así lo muestran: los trabajadores que no están amparados por un convenio colectivo triplican su exposición al SMI y la mayoría de ellos trabaja en empresas con menos de 50 empleados. En el foco, personas como las empleadas del hogar o los jóvenes que encuentran su primer trabajo en una pyme, de ahí que el Gobierno asuma que el efecto de la subida del SMI será "limitado".

Un gasto adicional para el Estado

La memoria económica que acompaña al proyecto de Real Decreto prevé, por otro lado, las consecuencias económicas para el Estado. Unas serán favorables, como el incremento anual de la recaudación para la Seguridad Social de 33,2 millones de euros, puesto que la base mínima es siempre equivalente al SMI.

Sin embargo, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tendrá que incrementar su presupuesto  de gastos en algo más de un millón de euros, lo que es una cantidad poco significativa en un presupuesto total que supera los 1.000 millones de euros.

Peores serán las consecuencias para el servicio público de empleo estatal (SEPE), que deberá incrementar el gasto en prestaciones por desempleo porque al subir el SMI subirá el número de beneficiarios del nivel asistencial y porque aumentará el gasto en cotizaciones del propio SEPE.

El primero de estos efectos se explica porque el SMI se toma como referencia para establecer el tope máximo de ingresos a partir de los cuales no se tiene derecho a ciertas ayudas. Por ejemplo, las familias que soliciten el subsidio de desempleo podrán contar con hasta 536 euros mensuales, 5,3 euros más que en 2017. Lo mismo ocurre, aunque con otras cuantías, con la renta activa de inserción o el programa de activación para el empleo. Como consecuencia, estos programas tendrán nuevos beneficiarios y un gasto superior en alrededor de nueve millones de euros el próximo año.