La versión censurada del informe de Deloitte publicado el pasado viernes sobre la resolución de Popular ha dejado insatisfechos a accionistas y bonistas del banco. Varios bufetes de abogados, entre los que figuran Quinn Emmanuel -representante de grandes inversores de Wall Street-, Roca Junyent -en representación de la familia Lucsik-, Ramon Pelayo, Cremades y Asociados, y Cremades & Calvo Sotelo, entre otros, presentaron 14 solicitudes ante el panel de apelaciones de la Junta Única de Resolución (JUR) pidiendo la publicación íntegra del documento.

El texto que se dio a conocer, con numerosas salvedades y cifras eliminadas, ha planteado nuevos interrogantes y carece de consistencia, según los juristas. De ahí que gran parte de los despachos de abogados involucrados en el caso, si no todos, se preparen para formular alegaciones exigiendo a la institución europea más transparencia sobre el proceso de resolución de Popular y su venta a exprés a Santander.

La JUR ha concedido dos semanas, que empiezan a contar desde el martes 6 de febrero, para que los despachos planteen sus alegaciones. Trascurrido ese periodo, los miembros del panel convocarán una audiencia y decidirán si la información facilitada hasta ahora es suficiente o si, por el contrario, han de revelarse datos adicionales, considerados confidenciales.

El informe ha eliminado las alusiones a la línea de liquidez de emergencia, el corazón de la controversia»

Paralelamente, varios bufetes se preparan para solicitar al Tribunal de Justicia de la UniónEuropea (TJUE) que obligue a la JUR a proveer la documentación solicitada.

Tal como apunta Bernardo Cremades, del bufete Cremades & Asociados, «el informe ha eliminado las alusiones a la línea de liquidez de emergencia (ELA), con lo que se han reservado el corazón de la controversia, ya que el banco colapsó al quedarse sin liquidez, no por ser insolvente».

Aademás “está plagado de reservas casi en todas las categorías y referencias a que no han tenido acceso a los documentos e información”. Señala que “esta valoración debería ser tomada en consideración como altamente incierta y provisional”.

Por su parte, Richard East, socio principal del bufete de abogados Quinn Emanuel, que representa a Pimco y otros grandes fondos internacionales como, Anchorage Capital, Algebris, Ronit y Cairn Capital, también subraya los agujeros del documento.

“La JUR ha hecho desaparecer las inversiones de nuestros clientes basándose en un informe que la propia consultora Deloitte reconocía haber hecho en un corto periodo de tiempo y advertía que debía considerarse como “provisional y con muchos puntos que aclarar”. La consultora afirma que tenía acceso limitado a información crítica o a la dirección a la hora de realizar su trabajo y que hay un buffer no especificado que era una parte esencial del informe. Ahora resulta obvio que la JUR no quería revelar un informe que muestra claramente que no hubo un análisis real y ni una valoración ajustada”, considera East.