Economía

Uber lleva al Gobierno a los tribunales por las trabas a la venta de licencias de sus chóferes

La plataforma online presenta un recurso ante el Tribunal Supremo por la prohibición impuesta por Fomento a revender los permisos antes de dos años.

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Uber lleva al Gobierno a los tribunales por las trabas a la venta de licencias de sus chóferes
Protesta de taxistas contra Uber.

Protesta de taxistas contra Uber. EFE

Resumen:

Uber lanza una nueva batalla legal en España contra las medidas restrictivas del Gobierno a su negocio y al de sus conductores asociados.

La plataforma online ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto con el que el Ministerio de Fomento ponía trabas a la reventa de las licencias de vehículos con conductor (VTC), que son las que utilizan los chóferes que consiguen sus clientes a través de Uber o Cabify.

El Gobierno justificó las nuevas normas en la necesidad de poner orden en el sector de los vehículos con conductor, que se ha disparado al calor del auge de plataformas online como Cabify o Uber.

Uno de los cambios que contenía la nueva norma era (es) una de las reclamaciones históricas del sector del taxi: prohibir la reventa de las licencias VTC hasta pasados dos años desde su concesión.

El decreto también contempla la obligación de que las plataformas online registren todos los servicios que realicen para que se garantice que existe un contrato previo y que el viaje se realiza en la región para la que cuenta con licencia el chófer.

Ha sido Uber la que ha abierto la batalla legal contra la nueva norma con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, según  recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de ayer.

El Gobierno aprobó el decreto en el último Consejo de Ministros del año pasado, pero ya lo había anunciado con varios meses de antelación para intentar calmar a los profesionales del sector del taxi, en pie de guerra contra la proliferación de conductores con permiso VTC y el boom del negocio de Uber o Cabify.

Uber lanza una nueva batalla legal en España contra las medidas restrictivas del Gobierno a su negocio y al de sus conductores asociados. La plataforma online ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto con el que el Ministerio de Fomento ponía trabas a la reventa de las licencias de vehículos con conductor (VTC), que son las que utilizan los chóferes que consiguen sus clientes a través de Uber o Cabify.

El Gobierno justificó las nuevas normas en la necesidad de poner orden en el sector de los vehículos con conductor, que se ha disparado al calor del auge de plataformas online como Cabify o Uber. Uno de los cambios que contenía la nueva norma era (es) una de las reclamaciones históricas del sector del taxi: prohibir la reventa de las licencias VTC hasta pasados dos años desde su concesión.

Una restricción que acota mucho la capacidad de Uber o Cabify para captar nuevos permisos y así aumentar su flota en las ciudades españolas. El decreto también contempla la obligación de que las plataformas online registren todos los servicios que realicen para que se garantice que existe un contrato previo y que el viaje se realiza en la región para la que cuenta con licencia el chófer.

Ha sido Uber la que ha abierto la batalla legal contra la nueva norma con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición de ayer.

El Gobierno aprobó el decreto en el último Consejo de Ministros del año pasado, pero ya lo había anunciado con varios meses de antelación para intentar calmar a los profesionales del sector del taxi, en pie de guerra contra la proliferación de conductores con permiso VTC y el boom del negocio de Uber o Cabify.

La amenaza de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha recurrido ya otras reformas impulsadas por el Gobierno para frenar la actividad de las plataformas online de transporte. Y ahora ya ha enviado al Ministerio de Fomento un requerimiento para que retire las restricciones “injustificadas” y “anticompetitivas” del último decreto y, en caso contrario, presentará su propio recurso ante el Tribunal Supremo.

De momento, el Ministerio de Fomento no se arruga ante la amenaza de la CNMC. El departamento comandado por Íñigo de la Serna ha ratificado ante el Supremo los nuevos requisitos recogidos en el decreto de diciembre e ignora así el requerimiento del organismo supervisor.

“El Gobierno responderá al requerimiento de la CNMC defendiendo las medidas aprobadas por Real Decreto, al considerar que no vulnera norma alguna de competencia”, ha sentenciado este martes el propio ministro De la Serna. “No se vulnera ninguna norma de competencia” y “no supone perjuicio para ningún sector”, ha subrayado.