El Gobierno vuelve a abrir la ‘hucha de la luz’ para pagar indemnizaciones a las eléctricas

El Gobierno quiere seguir teniendo vía libre para hacer uso del dinero que los clientes de la luz y las propias compañías eléctricas han ido pagando de más en los últimos años. El Ejecutivo ha incluido de nuevo en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de este año una disposición adicional para poder utilizar el superávit que ha ido acumulando el sistema eléctrico en caso de ser necesario.

Nadal también abre la puerta a empezar a usar (por fin) el superávit para amortizar deuda eléctrica

El Gobierno podrá seguir utilizando esa suerte de hucha de la luz para hacer frente al pago de indemnizaciones a las eléctricas y a fondos de inversión si así lo determinan los tribunales y los centros de arbitraje internacionales al dirimir los múltiples litigios en que el Estado español está inmerso por las medidas incluidas en la reforma eléctrica.

Según se recoge en el texto de los PGE presentados ayer, los superávits podrán destinarse al pago de estas compensaciones “de forma excepcional para el año 2018”. Pero en los Presupuestos del año pasado ya se incluía esa coletilla dotando a la medida de una pretendida excepcionalidad que el nuevo proyecto de cuentas públicas demuestra que no es tal.

Por fin se usará para amortizar deuda

En cambio, en el proyecto de PGE sí que se le concede un “carácter indefinido” a la posibilidad de utilizar la hucha de la luz para amortizar la deuda acumulada por el sistema eléctrico o para integrar parte de ese dinero al sistema como pagos periódicos en varios años, lo que tendría un efecto equivalente a los de una amortización de deuda.

Y es que el pago de esa deuda acumulada es el destino al que, según la Ley del Sector Eléctrico, debería dedicarse el superávit del sistema. Sólo este año los clientes asumirán a través de su recibo de la luz el pago de 2.822 millones de euros para pagar la deuda acumulada. El sistema eléctrico español acumulaba una deuda de aún 21.000 millones de euros al cierre del año 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) llevaba años insistiendo en la necesidad de que el Ministerio de Energía dedicara el superávit a reducir deuda.

Más de 1.400 millones de superávit

Después de catorce años consecutivos en que el sistema eléctrico fue alimentando su enorme agujero financiero (el desfase entre ingresos y gastos alcanzó los 29.000 millones de euros), en los últimos años la situación se ha revertido. Desde 2014, los ingresos del sistema eléctrico son mayores a los costes reconocidos, así que se ha ido acumulando un superávit.

En 2014 los ingresos del sistema superaron en 550,3 millones a todos los costes reconocidos. En 2015 fueron otros 469,3 millones. En 2016 se sumaron otros 421,4 millones más. En total, 1.441 millones de euros que todos los actores del sistema eléctrico (consumidores y las propias eléctricas con impuestos y tasas) han pagado de más en ese tiempo.

Ese dinero se guarda en una cuenta bancaria común y corriente del banco Santander (heredada de Popular tras su absorción), cuyo titular es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El dinero ha estado durante años inmovilizado a falta de que el Gobierno aprobara una norma que permitiera utilizarlos. Pero ya el año pasado el Ejecutivo encontró la vía para empezar a gastarlo en indemnizaciones a las eléctricas.

Derrotas en los tribunales

El Gobierno ordenó la devolución con cargo a esos superávit de unos 500 millones de euros abonados por las grandes eléctricas para financiar el bono social de la luz de los ejercicios entre 2014 y 2016, después de que el Tribunal Supremo volviera a tumbar el sistema de financiación del programa contra la pobreza energética y que endosa a las compañías cubrir el presupuesto del mismo. Tras los pagos, en la hucha de la luz queda algo menos de 1.000 millones de euros.

En paralelo, España también acumula decenas de demandas en instancias internacionales por sus recortes a las ayudas a las renovables, que acumulan la reclamación de indemnizaciones por más de 7.500 millones de euros.

El Ciadi -el tribunal de arbitraje asociado al Banco Mundial- emitió el pasado mayo un laudo en el que condenaba al Estado español a pagar una indemnización de 128 millones a la británica Eiser. Y la Cámara de Comercio de Estocolmo confirmó hace un par de meses la segunda derrota del Estado español, condenándole a pagar una indemnización de 53 millones a Novenergia.