El proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 incluye la puesta en marcha (en caso de que se acaben aprobando las cuentas) de la Tarjeta Social Universal, ideada hace algo más de un año y desarrollada en sede parlamentaria con el apoyo de los tres grandes partidos, PP, PSOE y Ciudadanos.

¿Pero qué es la Tarjeta Social Universal? ¿Es en un nuevo DNI para pobres? ¿Tendrá ventajas para los ciudadanos? Lo cierto es que tiene mucho de herramienta para censar a los trabajadores necesitados de cobertura social y no acaba de mostrar una ventaja tangible e inmediata para estas personas. De ahí que la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Públicos lo haya bautizado como el carnet de los que menos tienen.

Esta tarjeta consistirá en un registro individual en el que los ciudadanos podrán acreditar su condición de miembro de familia numerosa, autónomo, dependendiente o beneficiario de la Garantía Juvenil, a efectos de ver reconocida alguna de las ayudas económicas de carácter público, tanto contributivas como no contributivas.

En paralelo, la Tarjeta permitirá al Estado, las comunidades autónomas y ayuntamientos conocer la condición de beneficiario de estas ayudas del titular para poder hacer un seguimiento, un censo, y poder controlar el grado de cumplimiento de los requisitos que dan derecho a su cobro.

En este sentido, el proyecto de Ley de Presupuestos presentan la Tarjeta Social Universal como “un sistema de información” que ayudará a mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas.

Este banco automatizado de datos que es en realidad la Tarjeta Social Universal se nutrirá de los datos que las entidades y organismos implicados en las prestaciones sociales públicas faciliten al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) En este sentido, tiene mucho también de herramienta de explotación estadística con la que “elaborar estudios económicos encaminados a la mejora de las políticas sociales públicas”, precisa el propio Presupuesto.

Mientras, para los ciudadanos, el mismo texto se limita a señalar que “se regulará el procedimiento para que los ciudadanos puedan utilizar las funcionalidades y utilidades del sistema con el objetivo de beneficiarse de servicios o productos ofrecidos por empresas a los titulares de las prestaciones sociales públicas y situaciones subjetivas incorporadas al mismo”.

¿Quién gestionará estos datos?

Los Presupuestos atribuyen al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la administración, la gestión y el mantenimiento del registro y del sistema informático que dará soporte a la Tarjeta Social Universal.

Así pues, las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas que incorporen la Tarjeta Social Universal deberán facilitar al (INSS) la información actualizada correspondiente a los los titulares de las prestaciones, así como, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, puesto que ello puede condicionar el reconocimiento o los importes de las mismas.

El paso previo para unificar las ayudas públicas

La puesta en marcha de la Tarjeta Social Universal es un paso previo hacia la reordenación y unificación del entramado de ayudas públicas, especialmente las destinadas a desempleados larga duración.

Fuentes del Ministerio de Empleo confían en alcanzar pronto un acuerdo con los agentes sociales y las comunidades autónomas para poder disponer de un nuevo mapa de ayudas públicas. Según indican, hay ya un amplio consenso sobre la materia y la cuestión podría estar resuelta en este mes de abril.