El acuerdo entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy,  y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para que las pensiones suban tanto como el IPC tanto este año como el año próximo supondrá un coste de 2.500 millones de euros, según fuentes solventes.

Con ese pacto, el gobierno se garantiza que los cinco votos de los nacionalistas vascos en el Congreso rechacen las enmiendas a la totalidad al presupuesto.  Lo que no significa que exista un acuerdo cerrado para que el PNV apruebe las cuentas del reino para 2018. El PNV sigue manteniendo como condición para dar su voto a que el gobierno levante la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Por lo que la cesión en la subida de las pensiones puede considerarse sólo como un pago adelantado para lograr ese apoyo. Los nacionalistas ya consiguieron en noviembre de 2017 una rebaja en el Cupo Vasco de 1.400 millones, una inversión de 3.380 millones para el tren de alta velocidad, además de una sustanciosa rebaja en la tarifa eléctrica para sus grandes empresas.

Rajoy argumentó hace cinco semanas que las pensiones no se podían subir con el IPC porque «era prioritario reducir el déficit de la Seguridad Social»

Le cesión por parte del presidente del gobierno se ha producido en un contexto de grave crisis política. Por un lado, Madrid, cuya presidenta, Cristina Cifuentes se ha visto obligada a dimitir tras el escándalo de su falso máster y por la difusión de un vídeo que muestra como tuvo que devolver dos botes de crema anti arrugas, sustraídos en un supermercado, en 2011; por otro, Cataluña, empantanada tras las elecciones del 21-D por las dificultades para la formación de un gobierno que no incluya políticos procesados por el Tribunal Supremo, enfrentado ahora al ministro de Hacienda.

La debilidad de Rajoy es más que evidente. Hace poco más de un mes, en un Pleno monográfico sobre Pensiones, se negó a ligar su subida al IPC, calificando la propuesta de la oposición de «demagógica». Su compromiso se limitó a «concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias, así como una mejora de las pensiones mínimas y viudedad».

Los acuerdos entre el presidente del gobierno y el presidente del PNV se hicieron a espaldas del Ministerio de Economía

Sin embargo, cinco semanas después de esa rotunda afirmación en sede parlamentaria, Rajoy acepta subir el IPC, además de haber asumido el compromiso de retocar las pensiones mínimas y de viudedad. Total: 2.500 millones más en dos años. Sin incluir en ese cálculo el efecto que supone para el futuro subir la base de las pensiones.

Además, el presidente ha retrasado el llamado «factor de sostenibilidad» (ligar pensiones a la esperanza de vida) cuya entrada en vigor estaba prevista en 2019 hasta 2023. Lo que implica que no habrá ninguna modificación estructural en el cálculo de las pensiones, al menos, hasta dentro de cinco años.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha enmarcado este pacto en el ambicioso objetivo de lograr que «España tenga la mayor etapa de prosperidad de su historia».

Ni el más ferviente solcialdemócrata se hubiera atrevido a tanto. Nada dijo el titular de Hacienda del objetivo de déficit. Rajoy tampoco se acordó de lo que afirmó el 14 de marzo en el Congreso: «Es prioritario eliminar el déficit de la Seguridad Social en pocos años».

El pacto con el PNV se ha hecho a espaldas del Ministerio de Economía, cuyo titular, Román Escolano, se enteró en la mañana del miércoles de lo que habían acordado Rajoy y Ortuzar unas horas antes en Moncloa. Una prueba fehaciente de la pérdida de poder político que ha sufrido este departamento tras la marcha de Luis de Guindos.

Pero lo peor no es que las cuentas públicas se hayan descuadrado un poco más tras un acuerdo sin luz y taquígrafos entre el gobierno y el PNV, sino lo que esto significa:  la debilidad de un gobierno que ha sacrificado los principios que le llevaron a enderezar el rumbo de la economía a cambio de obtener un poco de oxígeno.