El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que el Estado asumirá las autopistas AP-1 entre Burgos y Armiñón, cuya concesión acaba en noviembre de este año, de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, ambas con vencimiento a 31 de diciembre de 2019 “por justicia con el resto de españoles, por una cuestión de igualdad entre los españoles y por equilibrio territorial”, ya que “sus territorios han pagado ya con creces”, según ha anunciado Ábalos ante la comisión de Fomento del Congreso.

Esta decisión crea un precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto). Fomento se prepara para ese escenario con un estudio general sobre cómo afectará el fin de los peajes a la red de autopistas del estado. “Espero que esta sea una labor que siga en los siguientes gobiernos y que se convierta en una materia de consenso político”, ha explicado Ábalos.

De acuerdo con los datos mensuales de tráfico sobre la Intensidad Media Diaria (IMD) que publica mensualmente el Ministerio de Fomento, la media diaria de vehículos en las tres concesiones que vencen en los próximos tres años asciende a nada menos que 307.929. Ese es el resultado de sumar el tráfico registrado entre enero y diciembre de 2017 en las concesiones de Europistas (84 kilómetros de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, gestionados por el Grupo Itínere), Aumar (468 kilómetros repartidos entre Tarragona y Alicante y entre Sevilla y Cádiz, AP-7 y AP-4 respectivamente) y Acesa (entre la frontera francesa y Tarragona, AP-7, además del tramo Zaragoza-Mediterráneo, AP-2). Las dos últimas, Aumar y Acesa, están gestionadas por Abertis, compañía que ha sido adquirida por ACS y el grupo italiano Atlantia.

El ministro ha realizado un negativo diagnóstico sobre la situación que se ha encontrado en su departamento y, por tanto, sobre las previsiones del Gobierno en materia de puesta en servicio de nuevos tramos de ferrocarril.  “La situación no es exactamente idílica y queda mucho por hacer. La realidad descrita dibuja un diagnóstico de gestión de inconcreción, falta de ejecución, incumplimiento de objetivos y expectativas no del todo ciertas”, ha lamentado Ábalos, que ha anunciado la “determinación de este Gobierno de intentar revertir esta situación en la medida de sus posibilidades que transformen esta realidad que nos hemos encontrado”.

El ministro ha explicado que el anterior Gobierno del PP dejó de invertir 12.460 millones en los últimos seis años, cuya ejecución “habría ayudado a vertebrar nuestro país y a dinamizar la economía”. También ha destacado el descenso de la inversión en capítulos como la conservación de carreteras, que pasó de contar con más de 1.250 millones en 2010 a disponer de 917 este ejercicio, una cifra que se ha visto aún más reducida con las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado aprobadads en el Senado.

5.000 millones de inversión

Para evitar un nuevo freno en la inversión, Ábalos ha anunciado que en lo que queda de año lanzará a licitación contratos de distintas obras de infraestructuras que suman un presupuesto de inversión de 5.000 millones de euros. El ministro ha reconocido que se van a revisar los nuevos proyectos estudiando su coste y beneficio mediante un análisis en el que se va a avanzar durante los próximos meses.

Además, ha señalado que el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) para 2012-2024 aprobado durante el gobierno de Mariano Rajoy no prioriza ni programa actuaciones, como tampoco cuantifica objetivos, lo que “hace inviable su aplicación práctica”.

El anterior ministro de Fomento inauguraciones de alta velocidad que ya no podrá ceremoniar en su mandato: Burgos (con problemas), Tarragona-Vandellós en el Corredor Mediterráneo, Granada (con problemas), Murcia (con problemas), Otero de Sanabria en Zamora (un apeadero en un pueblo de poco más de 20 habitantes) y el tercer túnel de la risa entre Atocha y Chamartín (este sí, con las obras bastante avanzadas). Le tocó lidiar con la furia de los vecinos en Murcia, y aun así envió en reiteradas ocasiones al presidente de Adif, Juan Bravo, a apaciguar a los manifestantes que protestan contra el muro y reclaman el soterramiento del tren en la localidad huertana.