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El Gobierno acelera la conversión de 8.000 plazas de interinos en fijas hasta final de año

Meritxell Batet, ministra de Función Pública.

Meritxell Batet, ministra de Función Pública. EP

El Gobierno ha asumido los acuerdos de mejora salarial y de las condiciones laborales de los funcionarios alcanzados por el anterior Ejecutivo con los sindicatos de la función pública. Esto incluye el proceso de consolidación de plazas de interinos y temporales en todos los niveles de la Administración, pese a que este acuerdo ha sido denunciado ante la Audiencia Nacional por la asociación ANIL (Asociación Nacinal de Interinos y Laborales), que vehícula una denuncia colectiva.

Más aún, el Ministerio de Políticas Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet pretende dar un empujón a este proceso, que se está desarrollando con extrema lentitud desde su puesta en marcha en marzo del pasado año, y prevé acelerar durante los próximos seis meses la convocatoria para convertir unas 8.000 plazas interinas en fijas.

De esta forma, los planes del Gobierno coinciden con la petición formulada por Bruselas para completar el proceso de consolidación de plazas a la mayor brevedad.

El problema es que el acuerdo alcanzado implica que los candidatos a las plazas que se consolidarán tendrán que pasar un procedimiento de concurso-oposición, donde se valorarán los méritos y las capacidades, y no tanto la experiencia, por lo que tanto estos 8.000 empleados, como los restantes previstos en el acuerdo (más de 300.000) podrían acabar perdiendo su actual puesto de trabajo. De ahí que los demandantes aseguren que se trata de un expediente de regulación del empleo (ERE) en toda regla dentro del sector público.

¿Qué hará el nuevo Gobierno?

El objetivo que se ha marcado el nuevo Gobierno es unificar las convocatorias de consolidar en el seno de la Administración General del Estado (AGE) de los años 2017 y 2018 para darle un renovado impulso.  Es decir, que no se esperará  a que se resuelvan las convocatorias de 2017 para poner en marcha las de 2018. Según fuentes del ministerio, de esta forma se simplificarán los procesos y se podrá aplicar el acuerdo de manera más ordenada.

El estado de la situación es que hasta la fecha se han convocado alrededor de 140.000 plazas de las más de 300.000 que los sindicatos estimaban que tendrían que salir a concurso para que la temporalidad en el sector público quedara reducida al 8%, como se comprometió el anterior Gobierno.

Sin embargo, la mayoría de estas plazas corresponden a otros niveles de la Administración, puesto que se corresponden con lo acordado en marzo de 2017, cuando el proceso inicial de consolidación se centró prioritariamente en los ámbitos de la justicia, la sanidad o la educación, transferidos en su mayor parte a las comunidades autónomas.

Después, en el marco de los Presupuestos para 2018, el proceso de consolidación se universalizó a toda la Administración, lo que supuso una ampliación del espectro de plazas a consolidar especialmente importante, ahora sí, en el caso de la AGE.

Por ello, fuentes sindicales precisan que, a las 2.873 plazas estimadas dentro del acuerdo de 2017 dentro del ámbito del Estado y que aún no se han convocado, habría que sumar otras más de 5.000 procedentes de la universalización del acuerdo en 2018. De ahí que el nuevo impulso que pretende dar el Gobierno afecte a unas 8.000 plazas de interinos o temporales.

No hay temor a la demanda

Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública aseguran que este renovado impulso no responde a la necesidad de ir completando el proceso de consolidación de plazas antes de que haya una resolución de la demanda en la Audiencia Nacional, pese a que el anterior equipo de Gobierno se había preparado de la mano de los sindicatos para afrontar todo tipo de ataques judiciales.

En su lugar, argumentan que la única razón para acelerar la convocatoria de plazas fijas en la AGE responde a una necesidad de ordenación.

En este sentido, fuentes de CSI-F aseguran que no hay temor por un posible fallo en contra puesto que el acuerdo, primero fue refrendado en el Congreso de los Diputados —en cuyo trámite incluso se extendió a los servicios públicos de empleo–, y después fue incluso reforzado en la tramitación de los Presupuestos de 2018.

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