Economía

Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

Hacienda pretende calmar los ánimos y asegura que la gran mayoría de los interinos lograrán sacar las oposiciones y seguir en su puesto

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Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza
La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. Europa Press

Resumen:

El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, se toparon con varias sentencias del Tribunal Constitucional que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.

El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.

Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.

La piedra en el zapato de la plataforma ANIL

También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. “Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.

Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.

El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.

Hacienda dice no tener otra opción

“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.

“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.