El Gobierno pretende estar muy encima de Ryanair durante las dos jornadas de huelga convocadas por sus azafatos durante esta semana y pretende ejercer una vigilancia in situ sobre la compañía en los aeropuertos.
El Ministerio de Fomento movilizará a decenas de inspectores en los aeropuertos españoles para velar por que el gigante del bajo coste cumple con los derechos de los pasajeros afectados durante los paros de los días 25 y 26 de julio, que han obligado a la compañía a cancelar unos 400 vuelos en España y que afectará a unos 75.000 pasajeros.
El departamento dirigido por José Luis Ábalos recuerda a los viajeros, y también a la aerolínea, que los afectados por las cancelaciones o por los retrasos derivados de la huelga tienen derecho a asistencia y al reembolso del billete o a un transporte alternativo final. Una huelga en la compañía no se considera por la legislación comunitaria como una circunstancia extraordinaria, y las compañías aéreas están obligadas a garantizar todos los derechos de los viajeros en caso de que sus vuelos se vean afectados.
Para asegurarse de que es así, "en los distintos aeropuertos españoles habrá inspectores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) velando por que la aerolínea cumpla" con la regulación europea sobre retrasos, cancelaciones y denegaciones de embarque, que protege los derechos de los pasajeros, subraya el Ministerio de Fomento en un comunicado.
Los derechos del pasajero
Según el reglamento comunitario, la aerolínea está obligada a pagar compensaciones por la cancelación si no ha avisado con al menos 15 días de antelación. Unas compensaciones que se calculan en función de la distancia del vuelo cancelado, y que van desde un mínimo de 250 euros y un máximo de 600 euros (en el caso de Ryanair, casi todos sus vuelos al ser continentales se ajustan a la cantidad mínima).
En caso de cancelación, el pasajero puede elegir entre el reembolso del precio del billete o que la compañía le facilite un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible. Ha de ser la opción de viaje más rápida, así que no puede limitarse únicamente a otro vuelo de la propia Ryanair, sino que también ha de ofrecer vuelos de otras aerolíneas si existieran plazas disponibles para ese mimos día. La responsable de pagar ese transporte alternativo es Ryanair, no teniendo que adelantar el precio del billete el pasajero.
El pasajero tiene también derecho de asistencia en el aeropuerto, es decir, la aerolínea tiene que darles comida y bebidia suficientes. Y también tiene el derecho a realizar dos llamadas telefónicas o a tener acceso a correo electrónico. Y, si fuese necesario, también a una o más noches de alojamiento gratuito y al transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.
Si en lugar de cancelación del vuelo se trata de un retraso, el pasajero tiene derecho a esta asistencia si el tiempo de demora es de más de dos horas. Si es de más de cinco horas, el viajero tiene derecho a recibir el reembolso si ya no quiere viajar. Si la llegada al destino se produce con más de tres horas de retraso en relación a la hora prevista, el viajero puede recibir las mismas compensaciones económicas que en caso de cancelación.
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