La mitad de los ilegales que no entran en la UE son rechazados en España

España es la principal puerta de entrada a Europa para cientos de miles de refugiados que escapan de la guerra en Siria, el conflicto en el Rif o la miseria del África Subsahariana. No hay que olvidar que, a través de Ceuta y Melilla, es la única frontera terrestre con Marruecos. Y eso hace que soporte una presión migratoria superior a la de otros países continentales.

Si en los últimos meses se ha hablado sin cesar de la crisis migratoria que está dejando en las costas españolas unas cifras récord de inmigrantes ilegales, no hay que olvidar que esa es solo la cara de los que llegan para luego seguir un periplo más o menos coordinado, que para algunos puede pasar por la petición de asilo y, en una minoría de casos, su reconocimiento.

Hay otra realidad paralela, que es la de aquellos refugiados a los que se les rechaza la entrada a pie de frontera, tras llegar en patera, tratar de sortear vallas y alambradas o buscar una grieta en el mapa en una terminal de aeropuerto.

La oficina estadística de la UE (Eurostat) recoge un incremento del número de personas procedentes de países no comunitarios que fueron rechazadas en las fronteras europeas en 2017. Alcanzaron un total de 439.505, un 13,1% más que en 2016, entre casos de documentación no válida para acceder al espacio europeo o directamente falsa. De todos estos, prácticamente la mitad, hasta 203.025 vieron frenada su entrada en España, un 5,6% más que un año antes.

Este es el resultado de una progresión al alza iniciada en 2016, después de que en abril del año previo entrara en vigor una nueva normativa, incorporada en la Ley de Protección Ciudadana, conocida como 'rechazo de frontera', que no era otra cosa que una cobertura legal a las polémicas devoluciones en caliente.

Dicho de otro modo, en 2015 se legalizó sin fisuras la posibilidad de que las fuerzas de seguridad de las fronteras españolas devolvieran a otros países, sin mediar trámite alguno, a personas que trataban de entrar ilegalmente en el país.

El desglose de los datos de Eurostat muestra que de los 203.025 rechazos efectuados por España en 2017, la mayor parte (194.590) tuvieron lugar en las fronteras terrestres y una proporción residual en el ámbito marítimo (1.880) o aéreo (6.550), lo que da la idea del 'muro' levantado por España al servicio, en última instancia, de Europa.

Esta circunstancia no ha estado exenta de polémica. Desde la ONU hasta el Defensor del Pueblo en España han arrojado dudas y críticas sobre la legalidad de esta disposición legal y han pedido un desarrollo reglamentario para clarificar las condiciones en las que se pueden llevar a cabo estos ‘portazos’.

Aunque al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo admite que existe un problema de recursos. Denuncia la acumulación de solicitudes de protección internacional pendientes de resolución. Y es que, según CEAR, a finales de febrero de 2018 eran nada más y nada menos que 42.025 las personas afectadas (otra cifra récord en términos históricos), principalmente naturales de Venezuela, Ucrania, Colombia y Siria.

Y no hay que desdeñar otra realidad, la de instancias como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, que llegó a alcanzar una ocupación media de 984 personas en 2017, para un aforo de no más de 480 plazas.

Las concesiones de asilo, con cuentagotas

Al mismo tiempo, decir que han llegado miles de personas a España pidiendo protección internacional, no quiere decir que la vayan a obtener. Más bien lo contrario.

De acuerdo con los datos recopilados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a lo largo del pasado año un total de 31.120 formalizaron su solicitud de protección internacional en España, duplicando los registros de 2016.  De esta forma, España pasó de atender en torno al 1% de las peticiones del conjunto de la UE, al 4,4%, coincidiendo además un sensible descenso en el conjunto del territorio comunitario.

Sin embargo, la proporción de solicitudes reconocidas no superó el 65% y en el caso de algunas nacionalidades fue muy inferior. Es el de Venezuela, el país de origen con mayor número de solicitantes, con unos 10.350, de los que el 99% vio denegado el asilo. Solo 15 personas originarias de Venezuela lograron el estatuto de refugiado.

Siria ocupó el segundo lugar en el número de solicitantes, con un aumento de 2.975 de 2016 a 4.225 un año después. De estas, solo 20 personas lograron el estatuto. Casos similares son los de colombianos que huyen de la violencia, ucranianos que escapan de la guerra o palestinos y argelinos.

Según CEAR, ante el notable aumento del número de solicitantes de protección internacional a lo largo de 2017, "la respuesta del Gobierno se enmarcó en un contexto de negación, parálisis e improvisación, que contribuyó a agravar el colapso del sistema de asilo".

De este modo, España se situó en 2017, con un 35% de reconocimiento de asilo, por debajo de la media de la UE (46%) y de sus propios índices de reconocimiento de 2016 (67%).

La Comisión matiza que esta acusada disminución se debe principalmente a la ralentización de la resolución de expedientes de personas sirias, puesto que esta nacionalidad fue la principal beneficiaria de las resoluciones de protección subsidiaria resueltas durante 2016: 6.160 de las 6.500 personas afectadas.

El reverso de las expulsiones

En el reverso de estas cifras, está, aunque no lo parezca, el registro de expulsiones de personas en condiciones de ilegalidad fuera de España. Y es que, al mismo tiempo que se impide la entrada de ilegales por la vía rápida, también reduce paulatinamente el número de personas que son reconocidas en situación ilegal.

Volviendo a los registros de Eurostat, España expulsó a 27.340 ilegales en 2017, casi un 2% menos que en 2016, y acumula tres años a la baja. Se trata de una cifra muy baja si se compara con la de otros países que, sin contar con otros escudos como el español, han incrementado la expulsión de inmigrantes ilegales llegados de terceros países. Es el caso de Alemania (97.165), Francia (84.675) o el Reino Unido (54.910).