Una planta de energía solar fotovoltaica.
El primer Gobierno de Mariano Rajoy emprendió una dura reforma del sistema eléctrico para conseguir que cuadraran las cuentas. El desfase entre ingresos y costes reconocidos (el famoso déficit de tarifa) alcanzó los 29.000 millones de euros, y el Ejecutivo sacó la tijera para que el agujero no siguiera creciendo.
Entre las medidas adoptadas, el Gobierno ejecutó en 2014 un auténtico hachazo a las subvenciones que recibían las energías renovables. El entonces Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, acabó con el sistema de ayudas verdes que existía (que daba subvenciones en función de la energía que se producía) para reconvertirlo en una garantía de una "rentabilidad razonable" a los proyectos durante toda su vida.
El resultado: un hachazo de unos 1.700 millones de euros al año a las subvenciones que cobraban las renovables. El recorte fue el detonante para un aluvión de demandas en instancias nacionales e internacionales de inversores que contaban con las ayudas que el Estado español les había garantizado durante 25 años. En total, España acumula actualmente pleitos por unos 15.000 millones de euros por este recorte las renovables, según desveló la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados.
España acumula 42 arbitrajes internacionales. Ya ha perdido cuatro, con indemnizaciones por 357,5 millones
España acumula ya 42 arbitrajes internacionales en diferentes instancias -el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo…- que reclaman indemnizaciones estimadas en unos 10.000 millones de euros, según la ministra (el anterior Gobierno desveló el pasado noviembre en una pregunta parlamentaria que el dinero reclamado era entonces de 7.566 millones). Y a ese embate planteado por inversores internacionales, se le suman los planteados en los tribunales nacionales por inversores locales por otros 5.000 millones de euros más.
España ya ha perdido cuatro laudos internacionales, que se encuentran recurridos. Según las decisiones de los organismos de arbitraje, el Estado español estaría obligado a pagar ya indemnizaciones por 357,5 millones de euros, aunque las decisiones arbitrales están recurridas y el abono se ha paralizado.
De momento, la Abogacía del Estado y los bufetes extranjeros contratados por el Gobierno ya han conseguido rebajar el impacto de la batalla legal, ya que los cuatro inversores que han ganado estas causas reclamaban inicialmente 856,43 millones de euros, según confirman a El Independiente fuentes ministeriales.
En los tribunales españoles ya hay condenas firmes por 1.000 millones
En cualquier caso, España puede acabar salvándose del aluvión de indemnizaciones que podría conllevar esta batalla legal. Y es que la Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultados de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios.
Y de los cerca de 5.000 millones de euros que reclamaban como indemnizaciones centenares de inversores nacionales en los tribunales del país, al Estado ya le toca empezar a abonar cerca de 1.000 millones que la justicia ya ha ordenado su devolución con sentencias firmes. El Gobierno ya ha ordenado empezar a pagar esas cantidades, confirman desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
La hucha de la luz
El anterior Gobierno (en este caso el último con Mariano Rajoy al frente) incluyó en sus dos últimos presupuestos generales del Estado (PGE) sendas disposiciones adicionales para poder hacer uso del superávit acumulado en los últimos años por el sistema eléctrico –un total de 1.441 millones de euros- para afrontar indemnizaciones ordenadas por los tribunales o por organismos de arbitraje internacionales.
El Gobierno de Rajoy ya efectuó pagos a las grandes eléctricas españolas por un total de 516 millones de euros para compensarles por lo que pagaron para financiar el bono social de la luz, después de que el Tribunal Supremo tumbara por dos veces la decisión del Ejecutivo de hacerles asumir el gasto del programa contra la pobreza energética.
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