No es lo mismo acabar en una cárcel que en otra dentro del Estado español. Tampoco para los empleados públicos que se encargan de velar por la seguridad en las instituciones penitenciarias y trabajar por la reeducación y reinserción social de los presos. Un informe sobre la desigualdad salarial en la Administración General del Estado (AGE) elaborado por la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT advierte de que la retribución para un mismo puesto de trabajo puede variar hasta en 600 euros al mes de una cárcel a otra por la vía de los complementos.

El sindicato denuncia, coincidiendo con la celebración este martes de la Festividad de la Merced, patrona de los funcionarios de prisiones, que el trabajo de los funcionarios de prisiones exige un alto nivel de especialización, fruto de la variedad de tipologías delictivas –terrorismo, enfermedad mental, adicciones, enfermedades infectocontagiosas o comportamientos agresivos–, y asegura que esta circunstancia ha sido utilizada por la Administración para recortar derechos laborales en forma, por ejemplo, de límites a la movilidad entre administraciones.

Dentro de este primer corsé, el sindicato recuerda que las retribuciones básicas y comunes para cada cuerpo, con independencia del destino territorial de cada trabajador, comprenden un sueldo base, trienios, dos pagas extraordinarias anuales (que incluyen los dos conceptos anteriores) y una serie de retribuciones complementarias y variables.

Entre ellas, existe un complemento específico para retribuir una especial peligrosidad, penosidad o nocturnidad, que en el caso de las instituciones penitenciarias responde al hecho de que se interactúe o no con la población reclusa. Así, un trabajador de oficinas en una institución penitenciaria tiene un complemento específico más bajo que otro que presta sus servicios en vigilancia interior. En este caso, las diferencias salariales pueden ser de unos 350 euros al mes.

Sin embargo, el sindicato apunta que hay otra diferenciación retributiva que no tiene que ver con un criterio funcional, del todo justificable, y que está más ligada directamente al centro penitenciario en el que se trabaje, algo que, a su juicio, no lo es.

Según explica, la estructura salarial está vinculada desde 1989 a una clasificación de establecimientos penitenciarios, que establece hasta nueve categorías diferentes, en función de la estructura arquitectónica de cada cárcel, y que no tiene en cuenta las características de los reclusos. Esta clasificación tiene en cuenta también criterios como la ubicación o el tamaño del centro.

UGT realiza un estudio comparativo tomando como referencia los salarios anuales de los puestos genéricos de vigilancia interior (seguridad y vigilancia) y de oficinas (tareas administrativas), ambos de nivel 15 –existe hasta un nivel 22, para los jefes de servicios–.

Pues bien, con la actual estructura salarial, el sindicato asegura que se puede desempeñar las mismas funciones (y el mismo nivel de peligrosidad) y cobrar salarios muy diferentes dependiendo de la cárcel y el territorio. Hasta 600 euros menos o más al año, según se mire.

Fruto de estas diferencias, en las cárceles de categoría especial, localizadas en su mayoría en el País Vasco, los empleados de vigilancia interior cobran de media 18.226 euros al año por complemento específico, más de 7.000 euros más que en un centro de inserción social. Estas diferencias se reproducen en el caso de los trabajadores de oficinas, en los que esta horquilla se amplía con diferencias de más de 8.000 euros anuales, casi 600 euros al mes.

Grande-Marlaska promete un gesto presupuestario

En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido este lunes a acometer la esperada subida salarial para los funcionarios de prisiones «cuando presupuestariamente sea posible», a la vez que se irán ampliando progresivamente las plantillas que trabajan en las cárceles españolas.

Marlaska ha reafirmado este compromiso durante su intervención en el acto de entrega de las condecoraciones que se han concedido con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Merced. Y lo ha hecho mientras un grupo de funcionarios del sindicato CSI-F se concentraba frente al Ministerio de Sanidad, donde ha tenido lugar la ceremonia de entrega de condecoraciones, para reivindicar equiparación salarial con los funcionarios de las prisiones catalanas, informa Europa Press.

En este marco, el ministro ha reconocido que «hacen falta» más medios humanos y materiales para que el trabajo de los funcionarios sea eficaz y ha lamentado que se sientan «agraviados» respecto a otros empleados públicos del Ministerio del Interior. «En cuanto presupuestariamente sea posible, este Ministerio va a resolver con decisión esa situación», ha asegurado Grande-Marlaska después de definir la labor de los funcionarios de prisiones como un trabajo «arduo y en condiciones difíciles». «La sociedad evita mirar en el interior de las prisiones para no ser consciente de sus fracasos», ha apuntado.