Economíala reforma de las ayudas contra la pobreza energética

Multas de hasta 60 millones a las eléctricas si entorpecen que sus clientes consigan el bono social

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Multas de hasta 60 millones a las eléctricas si entorpecen que sus clientes consigan el bono social

Resumen:

El Gobierno aprobará este viernes una reforma del bono social de la luz, el programa de ayudas para paliar los efectos de la pobreza energética.

Unos cambios con los que el Ejecutivo pretende elevar las propias ayudas al ampliar la cantidad de electricidad consumida a la que se aplica los descuentos (de entre 25 y el 40%, y que puede llegar al 100% en casos extremos) y también flexibilizará los criterios de renta para les sea más fácil acceder al bono social a los hogares monoparentales o a los ancianos que viven solos.

El nuevo bono social, vigente desde hace un año, está muy lejos de llegar al número de clientes previstos inicialmente (hasta 2,5 millones de hogares, según el anterior Ejecutivo) y acumula retrasos en la confirmación de los beneficiarios. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigila desde hace tiempo posibles trabas en la tramitación del mismo, que realizan las grandes eléctricas.

Según denuncian fuentes del sector, algunos clientes se han encontrado con que las comercializadoras les solicitan documentación innecesaria para conseguir el bono social (desde demostrar que han pagado el IBI de su vivienda a entregar fotocopias de los DNI de bebés para demostrar la condición de familia numerosa) o con que no se da por buena parte de la tramitación y, con ello, se considera no acreditada su condición de beneficiario por el nivel de renta a pesar de cumplir los requisitos.

El Gobierno va a aprobar que las eléctricas puedan ser sancionadas con multas de entre 600.000 y hasta 60 millones de euros en función de si se trata de infracciones leves, graves o muy graves. Son sanciones que ya se contemplan para otro tipo de infracciones en la Ley del Sector Eléctrico y que ahora el Ministerio para la Transición Ecológica empieza a aplicar también a las compañías que entorpezcan el acceso al bono social de los usuarios.

El Gobierno encuree así ls sanciones para las empresas que impongan condiciones injustificadas para tramitar las ayudas, provoquen retrasos en la tramitación de manera artificial. “El real decreto incluirá sanciones relacionadas con que se impongan trabas injustificadas al acceso al bono social eléctrico”, apuntan a El Independiente fuentes gubernamentales.

El Gobierno aprobará este viernes una reforma del bono social de la luz, el programa de ayudas para paliar los efectos de la pobreza energética. Unos cambios con los que el Ejecutivo pretende elevar las propias ayudas al ampliar la cantidad de electricidad consumida a la que se aplica los descuentos (de entre 25 y el 40%, y que puede llegar al 100% en casos extremos) y también flexibilizará los criterios de renta para les sea más fácil acceder al bono social a los hogares monoparentales o a los ancianos que viven solos.

El nuevo bono social, vigente desde hace un año, está muy lejos de llegar al número de clientes previstos inicialmente (hasta 2,5 millones de hogares, según el anterior Ejecutivo) y acumula retrasos en la confirmación de los beneficiarios. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigila desde hace tiempo posibles trabas en la tramitación del mismo, que realizan las grandes eléctricas.

Según denuncian fuentes del sector, algunos clientes se han encontrado con que las comercializadoras les solicitan documentación innecesaria para conseguir el bono social (desde demostrar que han pagado el IBI de su vivienda a entregar fotocopias de los DNI de bebés para demostrar la condición de familia numerosa) o con que no se da por buena parte de la tramitación y, con ello, se considera no acreditada su condición de beneficiario por el nivel de renta a pesar de cumplir los requisitos.

El Gobierno va a aprobar que las eléctricas puedan ser sancionadas con multas de entre 600.000 y hasta 60 millones de euros en función de si se trata de infracciones leves, graves o muy graves. Son sanciones que ya se contemplan para otro tipo de infracciones en la Ley del Sector Eléctrico y que ahora el Ministerio para la Transición Ecológica empieza a aplicar también a las compañías que entorpezcan el acceso al bono social de los usuarios.

El Gobierno encuree así ls sanciones para las empresas que impongan condiciones injustificadas para tramitar las ayudas, provoquen retrasos en la tramitación de manera artificial. “El real decreto incluirá sanciones relacionadas con que se impongan trabas injustificadas al acceso al bono social eléctrico”, apuntan a El Independiente fuentes gubernamentales.

Un 15% más de luz con descuento

La reforma del bono social que aprueba ahora el Gobierno sirve para ampliar las ayudas y para facilitar el acceso de colectivos específicos. Los descuentos del bono social sólo se aplican a una cantidad de electricidad consumida, no a todo el consumo. La rebaja de entre el 25 y el 40% se aplica a los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos cada mes: 100 kWh si los beneficiarios son familias sin menores; 140 kWh si tienen un menor o son pensionistas; 170 kWh si tienen dos menores; y 300 kWh si son familias numerosas.

La reforma del bono que aprobará el Gobierno elevará esos topes máximos de consumo un 15% en todos los casos, según confirman a El Independiente fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Los nuevos topes pasan a ser de 115 kWh al mes para hogares sin hijos; 161 kWh para familias con un menor o pensionistas; 196 kWh a los hogares con dos menores; y 345 kWh para familias numerosas.

Hogares ‘monomarentales’

El Gobierno calcula actualmente si un hogar tiene derecho al bono social y con qué descuento en función del nivel de renta familiar. Como otras ayudas públicas, el cálculo se realiza aplicando un múltiplo al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este año este indicador está fijado en ingresos de 537 euros al mes, y se realizan los cálculos en unos casos con doce pagas anuales (6.454 euros) y en otros con catorce pagas (7.519 euros al año).

Por ejemplo, una familia sin hijos tiene acceso al descuento del 25% del recibo eléctrico si sus ingresos son inferiores a 1,5 veces el IPREM, esto es 11.279 euros; en las familias con un menor el requisito es que la renta no supere el doble del IPREM, o 15.039 euros; y si son dos los menores, el tope de renta es de 2,5 veces el IPREM, o 18.799 euros anuales. Para acceder al descuento del 40% de la factura,

Actualmente, ya se contemplan algunos colectivos para los que se relaja esos criterios de renta, y se les permita mayor renta para acceder a las ayudas. A consumidores con una discapacidad mayor al 33%, víctimas del terrorismo y víctimas de violencia de género se les permite 0,5 puntos más de IPREM en cada una de las categorías.

La reforma del Gobierno contempla incluir como colectivos con esta consideración especial a los hogares monoparentales y a los ancianos que viven solos. En ambos casos, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se subraya que se trata de medidas para combatir la feminización de la pobreza energética.

Y es que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 85% de los hogares monoparentales en realidad se trata de monomarentales, porque el cabeza de familia (y responsable del único ingreso del hogar) es una mujer. Y como el sueldo medio que perciben las mujeres es un 23% inferior al de los varones, este tipo de hogares están más expuestos la vulnerabilidad económica. En paralelo, una mayoría de los ancianos que viven solos también son mujeres, según esgrime el Ejecutivo.