Economía

Montero carga a la banca con más de 1.000 millones del coste en sanidad o educación

El Gobierno no se plantea eliminar el IAJD para no dejar a las CCAA sin 2.000 millones de euros anuales de ingresos

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Montero carga a la banca con más de 1.000 millones del coste en sanidad o educación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Europa Press

Resumen:

El Gobierno no se plantea eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) porque supondría un recorte de ingresos de 2.000 millones de euros anuales para las comunidades autónomas, que tiene cedido este tributo, y, en consecuencia, un importante ‘hachazo’ a los recursos disponibles para financiar competencias transferidas como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así lo ha afirmado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ligando de este modo el pago del impuesto a al sostenimiento de los recursos que conforman el actual sistema de financiación autonómica. Dicho de otro modo, de acuerdo con la argumentación de la ministra, será la banca la que soporte ahora parte del coste de la sanidad o la educación públicas.

¿Cuánto aportarán los bancos? La recaudación media por el impuesto es de unos 2.000 millones de euros al año, sin embargo este tributo grava todo tipo de trámites en los que entran en juego documentos oficiales. Sin embargo, lo que tendrá que pagar la banca es el impuesto por la elevación a escritura pública de las hipotecas.

El Gobierno no se plantea eliminar el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) porque supondría un recorte de ingresos de 2.000 millones de euros anuales para las comunidades autónomas, que tiene cedido este tributo, y, en consecuencia, un importante ‘hachazo’ a los recursos disponibles para financiar competencias transferidas como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así lo ha afirmado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ligando de este modo el pago del impuesto a al sostenimiento de los recursos que conforman el actual sistema de financiación autonómica. Dicho de otro modo, de acuerdo con la argumentación de la ministra, será la banca la que soporte ahora parte del coste de la sanidad o la educación públicas.

¿Cuánto aportarán los bancos? La recaudación media por el impuesto es de unos 2.000 millones de euros al año, sin embargo este tributo grava todo tipo de trámites en los que entran en juego documentos oficiales. Sin embargo, lo que tendrá que pagar la banca es el impuesto por la elevación a escritura pública de las hipotecas.

De acuerdo con los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), de esos 2.000 millones, más de la mitad, unos 1.150 millones se encuadran en esta última casuística (estimando un volumen de hipotecas de casi medio millón al año). No obstante, es evidente que la cantidad a pagar será superior a medida que se vaya revitalizando la compraventa de viviendas.

Andalucía y Cataluña, entre las más necesitadas

Según ha explicado Montero, el pago de este impuesto es más necesario para aquellas comunidades autónomas que actualmente tienen una menor financiación per cápita procedente del sistema de financiación autonómica. Las mismas que, por ello, no se pueden permitir reducir el tipo impositivo del tributo.

Entre esas comunidades está Andalucía, en la que Montero fue consejera de Hacienda antes de partir rumbo al Ministerio de Hacienda. Ya desde entonces ha sostenido que las comunidades autónomas acumulan una infrafinanciación de unos 16.000 millones de euros desde 2014 y que, solo en el caso de Andalucía, harían falta 4.000 millones adicionales.

Esto se traduce, según Montero, en que, por ejemplo, en esta comunidad autónoma el tipo establecido en el IAJD sea del 1,5%, frente al 0,75% de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, siguiendo con la estimación de Gestha, la principal damnificada por la eventual supresión del impuesto sería Cataluña, con 259.5 millones, seguida de Andalucía (231,3 millones), Madrid (188,9 millones) y Valencia (114,3 millones).