Magdalena Valerio, en el Congreso.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, encarna por momentos la cara más posibilista del Gobierno y, aunque se sigue mostrando convencida de que el Ejecutivo logrará apoyos suficientes para aprobar los nuevos Presupuestos de 2019, abre ya la puerta a usar la vía del decreto para gobernar.
Más aún, no descarta derogar parte de la reforma laboral de 2012 y avanzar en nuevas regulaciones del mercado de trabajo usando este mecanismo e incluso sin contar con el apoyo de la patronal CEOE-Cepyme.
Se trata de un plan B que parece tomar cada vez más cuerpo a la vista de que las formaciones nacionalistas siguen dando oficialmente la espalda al Gobierno, y toda vez que la patronal sigue siendo contraria a reformar ciertas cuestiones en materia laboral.
Más concretamente, fuentes de CEOE aseguran que los empresarios no están conformes con reformas en las que el Gobierno está empeñado, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la vuelta al subsidio para mayores de 52 años, que la reforma laboral elevó a los 55 años, o el nuevo plan de choque de empleo juvenil, que consideran inútil.
Además, entienden que ni los Presupuestos Generales del Estado son el vehículo para tomar según que decisiones, ni tampoco la figura del decreto se puede usar sin justificar la urgencia de su contenido.
Así pues, aunque el Gobierno sigue defendiendo el paso por el diálogo social como condición necesaria para poder sacar adelante su agenda social, va a tener difícil convencer a CEOE de ciertas medidas.
Los avisos del Gobierno
Según decía la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, durante su participación en un desayuno informativo organizado por Europa Press el pasado lunes, “en la vida hay que tener un plan B. Estamos apostando por el A (aprobar un Presupuesto), pero que nadie piense que si se frustra vamos a dejar en el cajón el B para que haya ciertos derechos que se eliminaron, por cierto, por decretos Ley”.
A renglón seguido, Valerio señalaba que ya hay “preparada una batería de medidas que irán en Presupuestos o en decretos ley” y que muchas tienen un “texto avanzado” en el marco del diálogo social. “La reforma de la reforma laboral está ya muy trabajada, son temas debatidos largo y tendido en diálogo social y estamos con los retoques”, señaló.
Sin embargo, Valerio al mismo tiempo que hacía estas afirmaciones, abría la puerta a que la aprobación de estas medidas negociadas en el diálogo social se haga finalmente sin el acuerdo con la patronal.
“Me gustaría unanimidad, pero es verdad que tenemos que encontrar punto de equilibrio entre el diálogo social y la negociación política, porque tenemos 84 diputados", añadió.
¿El equilibrio entre Podemos y CEOE?
¿A qué se refería Valerio? presumiblemente al necesario equilibrio entre el diálogo social y el acuerdo del Gobierno con Unidos Podemos, el socio al que se encomienda para poder sacar adelante sus Presupuestos.
Ese acuerdo contenía, junto a la subida del salario mínimo a 900 euros al mes (que se aprobará por decreto), una serie de medidas a cambio del apoyo presupuestario que ahora se están negociando en las mesas del diálogo social, con el acuerdo de momento de los sindicatos.
Sin embargo, algunas ellas chirrían a la patronal, lo que pone al Gobierno en una difícil tesitura: cumplir con Podemos o tratar de salvar un acuerdo con los empresarios.
Entre los acuerdos con Unidos Podemos se encuentra precisamente la vuelta al subsidio para mayores de 52 años dentro de un plan para personas desempleadas de larga duración; o la derogación antes de finalizar 2018 de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, particularmente la vuelta a la no caducidad de los convenios colectivos --la reforma planteó que esta últraactividad fuera como máximo de dos años--, la reducción de la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales; el refuerzo de la obligación de la constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.
Además, el pacto contemplaba también la tramitación urgente de sendas Proposiciones de Ley referidas a la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados; o la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
Sin embargo, de las palabras de la ministra parece desprenderse que el vehículo elegido podría ser finalmente el del decreto. Más aún, el director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, aseguraba este miércoles durante unas jornadas sobre formación organizadas por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que "en próximas semanas empezarán a pintarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) muchos de los acuerdos a los que se está llegando en el diálogo social".
Las quejas de CEOE
No obstante, estas palabras de Gutiérrez venían precedidas de la dura crítica vertida en el mismo foro por el nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien pedía que "si el diálogo social es tripartito, que sea tripartito" y que el Gobierno no se embarque en decisiones unilaterles.
Más aún, tras el acto, fuentes de CEOE hablaban con desconfianza de las palabras Gutiérrez e insistían que se sienten apartados del diálogo social. Tanto que dan por hecho que esas entradas en BOE serán los decretos que que revisarán la ultraactividad de los convenios, los subsidios o que introducirán la obligación de llevar a cabo un registro horario.
De hecho, el propio Gutiérrez ya daba una pista después de que el borrador que se negocia en la mesa del diálogo social sobre el establecimiento de un registro de jornada en las empresas haya sido adelantado por el diario Cinco Días.
Indicaba que, en tanto que el Plan Director activo desde agosto prevé inspecciones a empresas para conocer la legalidad de las jornadas a tiempo parcial, es necesario establecer un registro de jornada. Esto podría estar avanzando la justificación de un decreto en este sentido.
El precedente del salario mínimo
No sería la primera vez, como la propia ministra ha admitido. Y es que, después de que patronal y sindicatos incluyeran una subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros al mes en un horizonte de tres años en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el Ejecutivo decidió, previo pacto con Unidos Podemos, subirlo a 900 euros en 2019, algo que no ha sentado bien a ninguna de las partes, pero sobre todo a los empresarios.
Es por ello que el nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, criticaba la pasada semana, en su discurso de toma de posesión, que el Gobierno había “orillado” la negociación colectiva.
Ante estas críticas, Valerio se mostraba sincera: “Le entiendo y le tengo que dar la razón. Todas las cuestiones que tienen que ver con el mercado de trabajo y la Seguridad Social tienen que pasar antes por el diálogo social y es verdad que el anuncio se hizo a raíz de un acuerdo con Podemos y luego se llevó al diálogo social. Esto es así, pero tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre el diálogo social y la negociación política, porque tenemos 84 diputados”, decía.
Y añadía una última confesión: “Para sacar adelante reales decreto tenemos que hacer mucho encaje de bolillos. (La cuestión del SMI) ha sido un tema puntual y el resto se está viendo en el diálogo social”.
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