Los precios del alquiler en España continúan disparados, una situación sin perspectivas de cambio que sume en la incertidumbre y la preocupación a miles de inquilinos en nuestro país. De acuerdo con los últimos datos publicados por el portal EnAlquiler correspondientes al mes de noviembre, el arrendamiento medio en España está en 1.221 euros mensuales, muy por encima del salario mínimo.

La efervescencia en los precios de la vivienda inquieta a jóvenes y no tan jóvenes, sobre todo ante la posibilidad cada vez más frecuente de que el casero se sume a la tendencia del mercado e incremente el alquiler. Cuando se trata de una persona física, la tensión entre arrendador y arrendatario solo puede producirse, legalmente, al término de la duración del contrato y no en mitad del mismo, ya sea para revalorizar el alquiler al alza o (dudosamente) a la baja. El propietario solo puede efectuar la revalorización anualmente de acuerdo al IPC, aplicando a la renta correspondiente al año anterior a la fecha de actualización la variación porcentual experimentada por este parámetro.

Pero, ¿qué hacer si el casero se llama Fidere (Blackstone) o EnCasa Cibeles (Goldman Sachs)? En la Comunidad de Madrid esto no es descabellado: en 2013 los gobiernos regionales y municipal de Ignacio González (Comunidad) y Ana Botella (ayuntamiento) vendieron 3.000 y 2.000 viviendas de protección oficial respectivamente a los dos fondos citados arriba por cantidades por debajo del precio de mercado, como acaba de sentenciar el Tribunal de Cuentas. Lo hicieron con inquilinos dentro que habían resultado adjudicatarios en concursos del Ivima (Comunidad) y la EMVS (ayuntamiento). Tanto Fidere como Goldman -a través de Azora- han seguido comprando vivienda social en diferentes municipios de la región, y de hecho se han convertido en los grandes propietarios del ladrillo, con decenas de filiales gestionando bienes inmobiliarios.

Actualmente, Blackstone cuenta con una cartera de más de 22.000 viviendas y seis socimis en nuestro país (Euripo, Torbel, Albirana, Corona, Fidere y Testa), una expansión que inició en 2013 y que le ha llevado a convertirse en el mayor casero de España.

En este caso los inquilinos se enfrentan a un incremento de la cuota mensual «de la noche a la mañana» que muchos de ellos «no pueden sufragar», por lo que terminan en la calle, desprotegidos ante las «prácticas mafiosas de los nuevos caseros», según las palabras de varios afectados consultados. A pesar de la condena millonaria del Tribunal de Cuentas este viernes 30 de diciembre sobre Botella y siete miembros de su equipo municipal, con fallos que protegen al inquilino pero también otros que lo desamparan, la disparidad judicial todavía es norma. Mucha gente espera una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fije una clara jurisprudencia a seguir por parte de los magistrados.

Así que, ¿qué hacer si el fondo te sube de manera desmedida el alquiler o te amenaza con el desahucio?

Paso 1: organizarse

Mercedes Revuelta, célebre activista de la Plataforma contra los Fondos Buitre y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cita como ejemplo a Montse, una ayudante de cocina de 46 años y con tres hijos que adquirió una vivienda pública hace 15 años por la que pagaba unos 420 euros mensuales sumando gastos. Cuando en 2013 la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vende el inmueble al fondo estadounidense Blackstone, el alquiler de Montse pasa, sin previo aviso, a 800 euros mensuales. «Gracias a la presión de la PAH, Montse ha conseguido esquivar tres intentos de desahucios y en febrero se enfrenta al cuarto».

Laura, teleoperadora de 45 años no corrió tanta suerte. En el momento en que su alquiler pasa de 300 a 610 euros por el mismo motivo, sin previo aviso, con los mismos actores y sin haber agotado su anterior contrato de alquiler, esta adjudicataria se quedó directamente en la calle en 2014 por no poder hacer frente a la nueva cifra.

Lo mismo que Rocío Rodríguez, desahuciada en 2013 de su VPO en Colmenar Viejo por Fidere: «Entré en 2011 y me dio las llaves Esperanza Aguirre en un acto solemne», evoca. «Mi vivienda básicamente era una cesión de suelo a una constructora, que tenía que construir VPO. Pagábamos 500 euros. Al año quebró la promotora, entró Fidere (no sabemos ni cuándo compró las promociones), nos exigió 1.800 euros (por el tiempo que habíamos dejado de pagar a la constructora quebrada) y nos subió el alquiler a 700 euros y al poco ya pedía 800. O eso, o nos vendía la vivienda por 180.000 euros, que en Colmenar Viejo eso es una locura por 70 metros cuadrados. Los vecinos no quisieron organizarse y recibí mi orden de desahucio en 2013. No es como ahora que hay más conciencia sobre este tema», lamenta. Los ingresos de Rodríguez ahora han mejorado pero entre medias vivió de okupa.

Otra de las razones para organizarse: las trabas cotidianas que pone el fondo buitre, algo que El Independiente ya comprobó en su día en este reportaje. Falta de reparación, escaso mantenimiento, amenazas absurdas (como prohibir poner carteles políticos o banderas en ventanas) o poner chapa en las puertas de los que ya han abandonado la vivienda como práctica intimidatoria para el resto. Según Revuelta, lo más valioso es «la resistencia en grupo» ya que muchas veces estas sociedades «actúan como mafiosos, poniendo denuncias falsas o provocando situaciones incómodas o molestas para abandonar la vivienda que han adquirido».

Paso 2: nunca dejar de pagar

«Nunca hay que pagar», advierte un abogado fajado en la defensa de los inquilinos. «Otra cosa es pagar lo que el fondo pide, algo que tampoco recomendamos: hay que pagar el alquiler pactado en las condiciones en las que el demandante de vivienda resultó adjudicatario de una VPO y actualizarlo con el IPC».

Eso es lo que está haciendo Ruth Mélida, adjudicataria de una VPO en 2006 en San Sebastián de los Reyes y ahora en pie de guerra contra Azora (Goldman) junto con otros vecinos. A Mélida se le asignó una vivienda en 2014 y, al igual que a Rocío Rodríguez, la constructora que edificó VPO en suelo público quebró poco después. «Azora no acepta mis pagos desde hace meses porque cuando venció mi régimen de alquiler consideraron que mi hogar era libre y subieron el precio de 600 a 999 euros. No aceptan ninguna reunión conmigo porque salgo en todos los medios. E incluso hemos conseguido que el Pleno les declare «persona non grata». Yo lo que quiero es mantener las antiguas condiciones de mi alquiler. Tenía mi orden de desahucio en diciembre y me la han retrasado para febrero».

Paso 3: vía judicial u otras alternativas

Cuando ya no hay comunicación entre las partes, Revuelta ve necesario «presentar una denuncia en los juzgados e ir por la vía penal» ya que en muchas ocasiones los propios inquilinos o bien pagan la nueva renta o bien abandonan la vivienda «en la que llevan años». La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) calcula que un tercio de los afectados por la venta de promociones sociales a Fidere y Azora ya han abandonado sus hogares.

La solución de pagar es acorde con lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). A falta de jurisprudencia hasta la sentencia del TSJM que tendrá lugar en 2019 -a partir de la denuncia de un inquilino magrebí al que le subieron indiscriminadamente el alquiler en Navalcarnero-, lo que hay son pequeñas victorias individuales en los tribunales. El Ayuntamiento de Madrid no ejerce por ejemplo ninguna acción judicial: solo el PSOE de Madrid tiene interpuesta una denuncia penal y otra ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.

Hay una vía novedosa que algunos afectados están practicando. Lo explica un letrado bregado en la defensa de los arrendatarios de VPO: «Si una persona cumplió los requisitos y resultó adjudicataria de una vivienda, pongamos por ejemplo, la Comunidad de Madrid y le suben el alquiler indiscriminadamente, lo que tiene es que exigir al antiguo Ivima (ahora Agencia para la Vivienda Social) otra casa en un plazo de tres meses», dice este abogado. «Porque si esa persona cumplía las condiciones de acceso a una vivienda a precio digno, de repente no puede perder todos esos derechos de golpe».

Paso 4: ¿huelga de inquilinos?

La última baza, asegura la activista Mercedes Revuelta, es llegar a una huelga de alquileres, «afiliarse al sindicato de inquilinos y acudir a la plataforma de desahucios más cercana», una iniciativa que ha llegado al Congreso de la mano de Podemos.

El grupo de Unidos Podemos ha sorprendido esta semana a propios y extraños y ha planteado esta salida en aquellos bloques de viviendas que, tras ser adquiridos por estos fondos, hayan multiplicado los precios de las rentas. «En este país hemos tenido experiencias de protestas de alquileres que han ido muy bien», afirma Revuelta. Una salida que tiene como fin presionar para que desde el Ejecutivo se ponga un límite a los precios de los arrendamientos y acotar, así, la creciente tensión entre inquilinos y fondos de inversión.

En cualquier caso, una convocatoria a nivel nacional pidiendo secundar un paro de inquilinos sería un hecho inédito. Como también lo fue la pasada huelga feminista del 8 de marzo.