Francisco González, presidente de honor de BBVA y hasta finales de diciembre presidente ejecutivo, habría violado recurrentemente el código ético que él mismo aprobó en el consejo de administración del 28 de mayo de 2005. Fue precisamente el ejercicio en el que el jefe de seguridad del banco estaba espiando a miles de personas para reunir información sobre el intento de toma de control de BBVA por parte de Sacyr. Este código de conducta sustituía a un documento anterior, vigente desde diciembre de 2003.

Según la información desvelada por el El Confidencial y Moncloa.com, las empresas del comisario jubilado llegaron a recoger el contenido de 15.000 llamadas realizadas entre 2004 y 2005. El rastreo masivo obedecía al encargo efectuado por el jefe de los servicios de seguridad de BBVA, Julio Corrochano; y era conocido por el presidente de la entidad, Francisco González.

Las transgresiones del código de conducta de BBVA habrían sido constantes por parte del primer espada del grupo. La normativa en torno a política anticorrupción, el respeto a los derechos humanos, la conducta en el mercado de valores, la libre competencia, y la confidencialidad y protección de datos son algunos de los puntos clave que recoge el documento y que el entonces presidente habría vulnerado a la luz de las grabaciones publicadas en los últimos días.

Las palabras del propio FG -como se conoce a Francisco González en el sector financiero-, que recoge la misiva que acompaña al actual código ético del banco, quedan el entredicho. “En todo momento nuestro comportamiento ha de ser legal, ajustándose a la letra y al espíritu de la Ley, que debemos cumplir sin buscar interpretaciones forzadas para eludirla; además, ha de ser moralmente aceptable y susceptible de ser publicado sin que ello nos genere ninguna incomodidad”, señala el entonces presidente ejecutivo. Ello, a pesar de, como sugieren las grabaciones desveladas, haber ordenado espiar ilegalmente a políticos, financieros, empresarios, periodistas y demás personalidades.

Aunque se pincharon 4.000 teléfonos, los espías se centraron, de entrada, en el entonces director de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, a quien consideraban padrino político de la operación. La cara visible del ataque era el presidente de la constructora, Luis del Rivero.

Según recoge el escrito, “BBVA no tolera forma alguna de corrupción o soborno, en ninguna de las actividades que desarrolla. Aplica las políticas y procedimientos de BBVA contra la corrupción”. El mismo epígrafe prohíbe emplear servicios y pagar comisiones a agentes o terceros para que lleven a cabo actuaciones prohibidas por el reglamento.

Golpe al derecho a la intimidad

FG también vulneró el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales, pese a que constituye un elemento fundamental del código de conducta de BBVA. “El Compromiso del Grupo BBVA con los Derechos Humanos promueve la aplicación y el respeto a los derechos humanos conforme a la Carta Internacional de los Derechos Humanos, al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a los principios de actuación y las recomendaciones para el desarrollo de la actividad de negocios publicados por las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo”.

Sin embargo, uno de los preceptos que defiende los derechos humanos es que “nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación”. Además, añade,”toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales interferencias o ataques”.

Además, los pagos efectuados por BBVA al comisario, que sólo entre 2012 y 2017 ascendieron a cinco millones de euros, pueden constituir un delito de administración desleal que no habría prescrito.

La CNMV ha iniciado una investigación para tratar de esclarecer qué ocurrió en 2004, cuando la constructora Sacyr presidida por Luis de Rivero trató de hacerse con el control de BBVA. En este punto, es probable que FG haya transgredido también la conducta en el mercado de valores y la libre competencia. “No operes en activos y valores sobre los que estés en posesión de información privilegiada. No comentes con terceros información privilegiada”, sostiene el código.  Y añade: “No alteres artificialmente el precio de los activos o la cotización de los valores negociados: ni mediante tu operativa en los mercados, ni difundiendo información falsa o engañosa, ni participando en cualesquiera otras operaciones que busquen alterar, de forma ficticia, el valor de mercado de compañías o activos”, indica el código.

En cuento a la libre competencia, el documento insta a los empleados a desarrollar actividad profesional con respeto a la libre competencia y evita comportamientos que la restrinjan ilegalmente o que puedan considerarse como competencia desleal. Sin embargo, las escuchas llegaron a efectuarse incluso entre sus grandes competidores. Uno de los teléfonos intervenidos era el de Aurelio Medel, director de comunicación del Santander, entonces presidido por Emilio Botín. Los detectives de Villarejo lograron acaparar por tanto información privada sobre el principal competidor de BBVA en España.

FG también vapuleó las cláusulas de confidencialidad y protección de datos que regula el código. “La información de clientes, empleados o de cualquier tercero a la que hayas accedido por razón de tu actividad profesional es confidencial; mantenla reservada y adopta las medidas necesarias para recabar, almacenar y acceder a esos datos conforme a la normativa aplicable, evitando el acceso indebido y cumpliendo las políticas corporativas en la materia”, señala el documento.