Economía | País Vasco

El Gobierno gasta 40 millones para cortejar a PNV y rebajar la luz a empresas vascas

El lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El lehendakari, Íñigo Urkullu, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ep

Lo prometió Mariano Rajoy al PNV para ganar su apoyo parlamentario y lo acabó cumpliendo Pedro Sánchez con el mismo objetivo. Y ahora toca seguir haciéndolo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

El proyecto de Presupuestos presentados este lunes por el Ejecutivo socialista incluye una partida de 40 millones de euros para rebajar la factura eléctrica a empresas vascas. Una inyección que saldrá del presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y se pagará a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que lo traspase al sistema eléctrico y sirva para compensar el golpe en sus cuentas de esta rebaja.

En los Presupuestos Generales del Estado que dejó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, heredados después por los socialistas tras la moción de censura, se atendía una de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas vascos. Moncloa completaba la reforma de los peajes eléctricos que ya había emprendido en la anterior legislatura para rebajar la factura eléctrica de industrias asentadas muy especialmente en el País Vasco (de ahí que sea conocido comúnmente como euskopeaje).

El nuevo Gobierno socialista acabó desarrollando el acuerdo heredado incluyéndolo como parte de su plan de choque contra la subida de la luz. La reforma de los peajes servirá para descontar del recibo de luz a unas 1.250 empresas (de las que 800 tienen sede en el País Vasco) unos 40 millones de euros al año.

Como la medida se articuló formalmente el pasado octubre, el coste de para 2018 que asumió directamente el Ministerio para la Transición Ecológica fue sólo de 10 millones de euros, según las cifras que maneja el Gobierno y que adelantó El Independiente. Y ahora tocaba buscar los 40 millones de euros que costará la rebaja en 2019, y que acabarán reflejados como un coste más en los PGE.

La batalla por reformar los peajes que pagan las grandes industrias y así rebajar su factura eléctrica viene de lejos. El PNV llevaba años denunciando que la industria vasca asumía un sobrecoste de unos 100 millones de euros en el pago de sus facturas de luz por cómo estaba diseñado el sistema de peajes eléctricos.

Tras acordarla con el PNV, el Gobierno de Rajoy ya hizo en la anterior legislatura una reforma parcial de los tramos de algunos de los peajes de alta y media tensión para rebajar la factura de la industria vasca, eliminando aproximadamente la mitad de ese sobrecoste (en torno a 50 millones de euros). Y el Ejecutivo se comprometió entonces a completar la rebaja de la factura reduciendo la otra mitad, pero no lo hizo hasta este año.

El Gobierno ya había aplicado de facto una rebaja a la industria vasca dividiendo en dos el denominado peaje eléctrico 6.1. Se creó el peaje 6.1.a para clientes con suministros con una tensión entre 1 y 30 kilovoltios (kV) y un 6.1.b, más barato, para las empresas con entre 30 y 36 kV. La mayoría de las grandes industrias vascas cuentan, casualmente, con una tensión de 33 kV por las características de su red, así que se beneficiaban directamente de la rebaja.

La nueva reforma, ejecutada el año psado, implicaba eliminar el peaje 6.1.b y que todos los clientes que tienen suministros acogidos a él pasen directamente a tener el peaje 6.2, que es aún más barato. Un cambio del que se beneficiarán unas 1.250 empresas españolas, de las que casi 800 están radicadas en el País Vasco. También se les aplica la rebaja a compañías que están presentes en Andalucía (357), Navarra (42), Castilla y León (33), Cantabria (17) y Asturias (11).

Cataluña recurrió ante la Unión Europea el pacto entre PP y PNV por considerar que discrimina a miles de empresas. La Generalitat catalana reclamaba que también se beneficiaran de los cambios las compañías con suministros de 25 kilovoltios, lo que ampliaría la rebaja a unas 4.500 empresas en España, de las que casi 3.300 están en Cataluña. Tras el recurso catalán, la Comisión Europea ha abierto un expediente informativo a España para investigar el acuerdo.

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