Economía

El Gobierno corteja al PNV pagando 40 millones para bajar la luz a empresas vascas

El Ministerio de Energía transferirá el dinero de una sola vez a la CNMC para cubrir el impacto para el sistema eléctrico de suprimir un peaje que rebajará la factura de las grandes industrias, una reivindicación histórica de los nacionalistas vascos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Íñigo Urkullu.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Íñigo Urkullu. europa press

El Gobierno sigue tratando de ganarse al PNV para que apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. Y lo está haciendo a base de contrapartidas millonarias. En el proyecto de las cuentas públicas presentado esta semana por el Ejecutivo se contempla un aumento del 33% de la inversión destinada al País Vasco: un guiño evidente.

Y en los PGE también se atiende una de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas vascos y que el Gobierno ha tardado años en terminar de asumir. Hasta ahora. Y es que el Ejecutivo completa la reforma de los peajes eléctricos que emprendió en la anterior legislatura para rebajar la factura eléctrica de las industrias que más luz consumen, y de la que se beneficiarán muy singularmente las compañías asentadas en el País Vasco.

El Gobierno pretende asumir directamente con su propio presupuesto el coste que supondrá esa rebaja de la factura a las industrias electrointensivas. Según se recoge en el proyecto de PGE, el Ministerio de Energía transferirá un crédito por importe de 40 millones de euros a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para cubrir el impacto que tiene la medida en las cuentas del sistema eléctrico.

Pactando durante cuatro años

La batalla por reformar los peajes que pagan las grandes industrias y así rebajar su factura eléctrica viene de lejos. El PNV lleva años denunciando que la industria vasca asumía un sobrecoste de unos 100 millones de euros en el pago de sus facturas de luz por cómo estaba diseñado el sistema de peajes eléctricos.

Tras acordarla con el PNV, el Gobierno de Rajoy ya hizo una reforma parcial de los tramos de algunos de los peajes de alta y media tensión para rebajar la factura de la industria vasca, eliminando aproximadamente la mitad de ese sobrecoste (en torno a 50 millones de euros). Y el Ejecutivo se comprometió a completar la rebaja de la factura reduciendo la otra mitad, pero no lo había hecho hasta ahora.

El PNV confiaba en que el Ministerio de Energía utilizara la orden ministerial de peajes de 2018 para completar el pacto y que entrara en vigor el pasado enero, pero el Gobierno condicionó la reforma a poder incluir una partida para ello en los próximos PGE. En resumen: sin presupuestos no hay rebaja de la luz para las industrias vascas.

Rebaja a 1.250 empresas, de las que 800 están en Euskadi

El Gobierno ya había aplicado de facto una rebaja a la industria vasca dividiendo en dos el denominado peaje eléctrico 6.1. Se creó el peaje 6.1.a para clientes con suministros con una tensión entre 1 y 30 kilovoltios (kV) y un 6.1.b, más barato, para las empresas con entre 30 y 36 kV. La mayoría de las grandes industrias vascas cuentan, casualmente, con una tensión de 33 kV por las características de su red, así que se beneficiaban directamente de la rebaja.

El pacto Gobierno-PNV que ahora se pretende articular a través de los PGE pasa por eliminar el peaje 6.1.b y que todos los clientes que tienen suministros acogidos a él pasen directamente a tener el peaje 6.2, que es aún más barato. El Gobierno cifra el impacto en las cuentas del sistema eléctrico de ese cambio en 40 millones de euros. Un cambio del que se beneficiarán unas 1.250 empresas españolas, de las que casi 800 están radicadas en el País Vasco.

Cataluña ha recurrido ante la Unión Europea el pacto entre PP y PNV por considerar que discrimina a miles de empresas. La Generalitat catalana reclamaba que también se beneficien de los cambios las compañías con suministros de 25 kilovoltios, lo que ampliaría la rebaja a unas 4.500 empresas en España, de las que casi 3.300 están en Cataluña. Tras el recurso catalán, la Comisión Europea ha abierto un expediente informativo a España para investigar el acuerdo.

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