Es el primer gesto tras la advertencia de que el tiempo y la paciencia del PNV hacia el Gobierno de Sánchez se “agotan”. Figuraba en la lista de causas pendientes y el pasado viernes, apenas cinco días después del alegato del presidente del PNV, Andoni Ortuzar para hacer reaccionar al Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó la reducción de la tarifa eléctrica que los nacionalistas pactaron el con el PP de Mariano Rajoy para respaldar sus presupuestos de 2017.

El acuerdo establecía que la denominada tarifa eléctrica 6.1b, aplicada a las industrias que consumían energía de alta tensión de una potencia de entre 30 y 36 kilovatios, desaparecería y se equipararía a la 6.2, más barata, a partir de 2018. De este modo se terminaba con lo que en Euskadi consideraban que era un sobrecoste injusto para su industria y que estimaron en 100 millones anuales. Una medida que supondrá la eliminación de esa modalidad de tarifa, la más común en la industria vasca –la 6.1.B- y que a partir de ahora pasa a estar englobada en otra tarifa, la 6.2.

El Gobierno de Sánchez ha ejecutado el acuerdo que PNV y PP alcanzaron sólo días después de las advertencias de los nacionalistas

La medida supondrá un ahorro anual estimado en casi 50 millones de euros y del que se beneficiarán alrededor de 800 empresas vascas. La reforma del peaje eléctrico es una vieja reivindicación que, pese a estar acordada entre el PNV y el PP, aún estaba pendiente de ser aplicada. El pasado viernes el Consejo de Ministros dio luz verde a la publicación de la reforma tarifaria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado.

Con ella, la tarifa que a partir de ahora abonarán muchas empresas será más económica y con ello se redundará en su capacidad competitiva. Así lo ha subrayado hoy la consejera de desarrollo económico y Competitividad, Arantza Tapia, quien también ha recordado que, pese a todo, “aún se paga más” que en la Unión Europea por la energía.

No sólo en Euskadi

Se trataba de una tarifa singularmente presente en el modelo industrial vasco, y en menor medida en otras regiones cantábricas y del norte de España, lo que derivaba en unos mayores costes energéticos para las compañías conectadas a la tarifa más cara. Al ser el País Vasco una de las regiones con una industrialización más antigua aún pervivían en su tejido empresarial una mayor presencia de compañías cuya tarifa eléctrica continuaba siendo la 6.1b. Actualmente eran 1.250 las empresas a las que se aplicaba esta tarifa por el tipo de consumo que realizan.

Además de las 800 empresas vascas, de la medida se beneficiaran compañías de Andalucía, Navarra, Castilla y León, Asturias y Cantabria

Las empresas que estaban asignadas a esta tarifa más cara y que ahora se verán beneficiadas no son únicamente vascas. Aunque en menor medida, también están presentes en Andalucía (357), Navarra (42), Castilla y León (33), Cantabria (17) y Asturias (11) y por tanto también se beneficiaban del acuerdo.

El acuerdo suscitó recelo en Cataluña, donde también reclamaron un cambio de su tarifa energética al tener miles de compañías aún conectadas a la tarifa 6.1. En el pacto cerrado entre nacionalistas vascos y el PP no se incluyó la tarifa relativa al consumo de 25 Kilovatios, a la que están enganchadas 4.500 empresas en toda España y de ellas, 3.277, radicadas en Cataluña. Por eso, tanto el Defensor del Pueblo catalán como algunas patronales del sector en Cataluña recurrieron el acuerdo alcanzado ante la Unión Europea, que aún debe pronunciarse. Estiman que el sobrecoste energético con el que ahora deben competir las compañías catalanas se puede cuantificar en 250 millones de euros anuales.