EconomíaAntes de las elecciones del 28-A

El Gobierno negocia subir el salario mínimo de los empleados públicos del Estado a 1.200 euros

El Ejecutivo podría afrontar la campaña electoral con nuevos guiños a los empleados públicos. Los sindicato confían en que el sueldo base alcance al menos los 1.150 euros

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El Gobierno negocia subir el salario mínimo de los empleados públicos del Estado a 1.200 euros
Meritxell Batet y Pedro Sánchez.

Meritxell Batet y Pedro Sánchez. EFE

Resumen:

 

La negociación del convenio único de la Administración General del Estado (AGE) lleva abierta desde diciembre de 2015, pero las derivas políticas han hecho que esté a punto de cerrarse justo antes de la celebración de las elecciones generales anticipadas del 28 de abril. Esto hace que sea un terreno en el que el Gobierno podría desplegar nuevos guiños a los empleados públicos y los sindicatos lo saben, por eso presionan para que todo quede firmado y sellado antes del final efectivo de la legislatura.

La negociación de este gran acuerdo en el seno del Estado –podría considerarse como uno de los mayores convenios de empresa del país al afectar a unos 40.000 trabajadores públicos– mantiene sobre la mesa una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, el incremento del salario base o mínimo bruto de los empleados laborales del Estado hasta los 1.200 euros al mes, en 14 pagas.

Las centrales CSI-F, CCOO y UGT ya se movilizaron en mayo del pasado año con esta demanda debajo del brazo. En aquel momento reclamaban la homologación de las condiciones retributivas del personal laboral y del personal funcionario, y un incremento lineal de 200 euros y 100 euros para todos los empleados públicos de la AGE, destinados al establecimiento de la carrera profesional.

La negociación del convenio único de la Administración General del Estado (AGE) lleva abierta desde diciembre de 2015, pero las derivas políticas han hecho que esté a punto de cerrarse justo antes de la celebración de las elecciones generales anticipadas del 28 de abril. Esto hace que sea un terreno en el que el Gobierno podría desplegar nuevos guiños a los empleados públicos y los sindicatos lo saben, por eso presionan para que todo quede firmado y sellado antes del final efectivo de la legislatura.

La negociación de este gran acuerdo en el seno del Estado –podría considerarse como uno de los mayores convenios de empresa del país al afectar a unos 40.000 trabajadores públicos– mantiene sobre la mesa una de las principales reivindicaciones de los sindicatos, el incremento del salario base o mínimo bruto de los empleados laborales del Estado hasta los 1.200 euros al mes, en 14 pagas.

Las centrales CSI-F, CCOO y UGT ya se movilizaron en mayo del pasado año con esta demanda debajo del brazo. En aquel momento reclamaban la homologación de las condiciones retributivas del personal laboral y del personal funcionario, y un incremento lineal de 200 euros y 100 euros para todos los empleados públicos de la AGE, destinados al establecimiento de la carrera profesional.

Fuentes sindicales consultadas no dan nada por cerrado en estos momentos, pero aseguran que las negociaciones están muy avanzadas después del empujón dado por la actual Administración. Creen que no habrá problema en que se pueda elevar este salario hasta los cerca de 1.200 euros –se barajan 1.150 euros–, sin llegar a alcanzar este máximo, desde los menos de 1.100 euros actuales, lo que beneficiaria a los empleados del nivel más bajo, que suman entre 6.000 y 7.000 trabajadores, según cifras aportadas por los sindicatos.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública coinciden en que se han intensificado las negociaciones en las últimas semanas para cerrar un acuerdo sobre el convenio único de la AGE en poco tiempo, pero no concretan nada sobre posibles acuerdos. Las dudas, esos sí, se podrían disipar mañana mismo, después de la reunión que mantendrá la mesa negociadora del convenio.

El contrato de relevo sobre la mesa

Otro de los elementos que plantean los sindicatos y que están sobre la mesa de negociación es la introducción del derecho a una jubilación anticipada y parcial con contrato de relevo, en los términos en los que quedan reguladas estas figuras en la Ley General de la Seguridad Social, para salvar la jubilación masiva de empleados públicos que se espera durante los próximos años por el progresivo envejecimiento de las plantillas en los últimos años, mientras se mantenían congeladas las tasas de reposición de efectivos.

Fuera de la negociación del convenio único, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene otro frente en el que ganar puntos con los empleados públicos antes de las elecciones del 28-A. Aún queda por determinar los criterios de las ofertas de empleo público aprobadas y las plazas a ofertar dentro de la correspondiente al año 2019, aunque está cuestión no se ha abordado aún.

Al menos, lo que si tratarán de sacar los sindicatos es un Real Decreto para elevar las tasas de reposición por encima de lo acordado en el marco de los Presupuestos de 2018, actualmente prorrogados. Más en detalle, las centrales quieren que, entre otras cosas, se abra la puerta a que algunas empresas públicas como Enaire puedan incorporar efectivos que ya estaban previstos a la espera de la aprobación de unas nuevas cuentas para 2019.

Además, queda pendiente, según los sindicatos, el desarrollo de un instrumento normativo para activar la ampliación de los permisos de paternidad hasta las ocho semanas en el seno de la Administración.

Reparto de fondos adicionales

Por último, Gobierno y sindicatos tendrán otra reunión el próximo jueves, en este caso para acabar de articular el reparto de fondos adicionales acordados en marzo de 2018, en el marco de segundo acuerdo para la mejora del empleo en la Administración.

En dicho pacto se incluía una distribución de fondos adicionales del 0,2% de la masa salarial presupuestada para cada año para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones.

Sin embargo, desde los sindicatos ha habido quejas por la supuesta interpretación interesada realizada por las administraciones, especialmente la local, que ha dejado este acuerdo en papel mojado. De lo que se trata ahora es de revisarlo y desarrollarlo para su aplicación efectiva.