Economía

El 28-A da un balón de oxígeno a los asesores que hagan ingeniería fiscal para sus clientes

España debe trasponer una directiva europea que establece nuevos deberes y sanciones para intermediarios financieros antes de que acabe el año. Los asesores fiscales dan por hecho que no dará tiempo tras la disolución de las cámaras

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El 28-A da un balón de oxígeno a los asesores que hagan ingeniería fiscal para sus clientes
El jugador del FC Barcelona, Lionel Messi, a su llegada a los juzgados.

Messi evitó la cárcel en España al pagar una multa de 250.000 euros EUROPA PRESS

Resumen:

Balón de oxígeno para los abogados, economistas, asesores fiscales, entidades de inversión o bancos que hacen planficaciones fiscales agresivas para sus clientes, en ocasiones perseguidos por el fisco, como en el caso sonado de muchos futbolistas de élite. La directiva europea que España debía trasponer antes del 31 de mayo y que, más allá de esos clientes, planteaba nuevas exigencias y posibles sanciones para los propios intermediarios fiscales, previsiblemente no verá la luz este año por el parón legislativo a raíz de la convocatoria de elecciones generales del próximo 28 de abril. El subdirector general de Tributos de la Dirección General de Tributos, Carlos Gómez, puso sobre la mesa esta posibilidad durante su participación en el XV Foro de Fiscalidad Internacional este martes. Posteriormente, fuentes consultadas entre el colectivo de los asesores fiscales aseguran que no dará tiempo, lo que también supone un respiro para un gran número de profesionales que ven con preocupación esta directiva por cuanto puede introducir distorsiones en su actividad diaria, alejada de lo que se entiende como planificación fiscal agresiva. El temor, en resumen, es a que paguen también justos por pecadores.

Balón de oxígeno para los abogados, economistas, asesores fiscales, entidades de inversión o bancos que hacen planficaciones fiscales agresivas para sus clientes, en ocasiones perseguidos por el fisco, como en el caso sonado de muchos futbolistas de élite.

La directiva europea que España debía trasponer antes del 31 de mayo y que, más allá de esos clientes, planteaba nuevas exigencias y posibles sanciones para los propios intermediarios fiscales, previsiblemente no verá la luz este año por el parón legislativo a raíz de la convocatoria de elecciones generales del próximo 28 de abril.

El subdirector general de Tributos de la Dirección General de Tributos, Carlos Gómez, puso sobre la mesa esta posibilidad durante su participación en el XV Foro de Fiscalidad Internacional este martes. Posteriormente, fuentes consultadas entre el colectivo de los asesores fiscales aseguran que no dará tiempo, lo que también supone un respiro para un gran número de profesionales que ven con preocupación esta directiva por cuanto puede introducir distorsiones en su actividad diaria, alejada de lo que se entiende como planificación fiscal agresiva. El temor, en resumen, es a que paguen también justos por pecadores.

Lo que no debería impedir este parón, eso sí, es su aprobación antes o después, puesto que de no hacerlo, España podría tener que hacer frente a un procedimiento de infracción.

¿Por qué tanta inquietud?

La cuestión parte de la aprobación en el Diario Oficial de la UE del pasado 5 de junio de 2018, de la directiva por la que se obliga a aquellos intermediarios fiscales que diseñen y promuevan esquemas transfronterizos de planificación fiscal agresiva para sus clientes o diseñados a medida para un supuesto en particular, a informar a la administración tributaria.

Lo que persigue la directiva en último extremo es la posibilidad de intercambiar información entre administraciones tributarias de los Estados miembros.

Desde que se conoció el contenido de la directiva en seguida se dirigió la atención a los supuestos casos de fraude fiscal de reconocidos futbolistas a partir de elaborados esquemas de planificación fiscal de dudosa legalidad.

Por otro lado, estas obligaciones de información también afectan a los contribuyentes –persona física o jurídica–, cuando el esquema se haya desarrollado sin intermediario (o sencillamente por el empleado de turno encargado de estas cuestiones en una empresa); el intermediario esté fuera de la Unión Europea o esté amparado por el secreto profesional.

Según los principios de la directiva, los contribuyentes deberán presentar la información a la administración tributaria en un plazo de 30 días a partir del siguiente desde que el esquema transfronterizo, calificado como de planificación fiscal agresiva, esté a su disposición o se haya hecho efectivo.

Con estos fines, los Estados miembros deberán trasponer la directiva a sus normativas internas no más tarde del 31 de diciembre de 2019 y deberán aplicarla a partir del 1 de julio de 2020. Sin embargo, España es probable que no pueda cumplir estos plazos.

Porque aunque la trasposición de la directiva se enviara al Parlamento nada más formarse el nuevo Gobierno, y en el caso de que este se formara rápidamente después del 28-A, la tramitación sería compleja por su naturaleza y la complejidad de estas cuestiones.

Desde la Dirección General de Tributos avanzan que aún se está trabajando en borradores de la norma y que estos se encuentran en una fase inicial. «La directiva es bastante compleja y hay que estudiarla muy bien porque son piezas que solo encajan al final cuando tienes visión general de todo», señalaba Gómez, antes de añadir que, aunque se quiere cumplir con el calendario, la disolución este martes de las cámaras legislativas complica estos planes.

Hacienda promete empatía

Ante la preocupación que la trasposición de la directiva genera entre muchos profesionales, Gómez también garantizaba que Hacienda quiere actuar con empatía. «Se va a hacer una trasposición razonable y razonada de la norma. Sabemos que es una cuestión novedosa para todos y uno de los objetivos es tranquilizar a los operadores. Toda cuestión novedosa implica un esfuerzo y lo vamos a hacer de la mano con ellos», aseguraba.

Una de las cuestiones que más preocupan es el diseño del régimen sancionador. Al respecto, la directiva establece como principios comunes que sea disuasorio y proporcional, algo que Hacienda quiere respetar, para lo que dicho régimen sancionador se diseñará en principio dentro del marco de las obligaciones formales que ya recoge la Ley General Tributaria.

Desde Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ven lógico que esto sea así, en tanto que lo que se plantea en la directiva es, en principio, una serie de obligaciones de información, pero advierten de que antes o después ese régimen sancionador «tendrá que tener unas cifras».

Y si el Gobierno hace una versión descafeinada, entonces el Reino de España podría hacer frente un procedimiento de infracción. La razón es que se quiere evitar desvíos de profesionales hacia jurisdicciones en las que se aplique la directiva de forma más laxa. Es decir, no valen demoras, pero tampoco normas sin calado.

 

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