Las nueve autopistas de peaje que quebraron en cascada en 2012 pertenecen ya al Estado. Pero no están rescatadas aún como tal: aunque la titularidad de todas ellas recae sobre la empresa pública Seittsa y Fomento toma decisiones –como reducir el precio de los peajes un 30% o hacer las autopistas totalmente gratis de noche-, el Gobierno aún no ha abonado a los acreedores de las carreteras el importe por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la factura que todos los ciudadanos pagarán por las nueve. La RPA es ineludible porque es una cláusula contenida en los contratos firmados en la etapa de ministro de Francisco Álvarez-Cascos, a pesar de que en julio de 2013 la entonces ministra Ana Pastor declarara que el rescate no iba a “costar cero euros” a los “españoles”.

En los menos de nueve meses que ha durado el Gobierno de Pedro Sánchez, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, ha tratado sutilmente de rebajar esa factura. Y en esas anda su ministerio: mientras que los fondos buitre acreedores de la infraestructura reclaman casi 5.000 millones de euros, Ábalos de momento reconoce provisionalmente 2.000 millones. Son 200 millones más de lo que reconocía el anterior Ejecutivo del PP (1.800), con Íñigo de la Serna al frente de Fomento. Pero es que además el ministerio impulsa un “expediente de interpretación de contrato”, por el cual el Estado pretende recalcular a la baja el rescate.

Ábalos reconoce 2.000 millones y los fondos piden casi 5.000

Así lo confirman fuentes del sector privado y público. Los fondos acreedores empezaron a comprar masivamente deuda de los peajes quebrados a partir de 2016 mediante agresivas quitas. Al principio la deuda estaba en manos de la gran banca nacional y extranjera, como Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankia, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société Générale, Royal Bank of Scotland, Natixis, Deutsche IndustrieBank o ING. Prácticamente todas estas entidades han vendido su participación a fondos desconocidos como Blue Mountain Capital, Neuberger Berman, King Street o Taconic. Y ahora estos fondos han presentado recientemente alegaciones contra el expediente de interpretación de contrato.

Dicho expediente contiene, en palabras de conocedores de los entresijos, “diferencias de criterio en la amortización”. O resta “los importes de las inversiones” que se han auditado por el mantenimiento y la conservación de las carreteras. No establece un importe concreto pero pretende restar cargas económicas. Incluso aquí no hay consenso sobre cuál es el importe de referencia: representantes de los fondos apuntan a los 4.500 millones de euros mientras que fuentes del Ejecutivo sugieren que se empezará a restar a partir de los 2.000 millones de euros reconocidos por Fomento.

También han alegado los administradores concursales o los avalistas

No solo los fondos de inversión han presentado alegaciones: también están los administradores concursales o los avalistas, además de las grandes concesionarias  que tienen difícil cobrar parte del rescate a tenor de las cláusulas firmadas en su día. Las nueve autopistas de peaje que quebraron en 2012 (Abertis, Golbalvía, ACS, Sacyr…) son las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 , la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la Circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera.

Tras estudiar la propuesta de los fondos en el periodo de alegaciones, el siguiente paso es dar una nueva audiencia a las partes interesadas. El informe con las conclusiones finales pasará a estar auditado por el Consejo de Estado, y de ahí se enviará al Consejo de Ministros, que tendrá que aprobarlo. Una vez dado este último paso Fomento podrá recalcular una nueva factura, si finalmente existen discrepancias contables. Fuentes gubernamentales hablan de dar más “transparencia” y “seguridad jurídica” al proceso. Es muy probable que no concluya antes de las elecciones del 28 de abril.

El recálculo se efectuará tras el visto bueno del Consejo de Ministros

La idea del anterior equipo ministerial era volver a privatizar la explotación y mantenimiento de las autopistas una vez resueltos los contratos en favor de Seittsa. Las nueve autopistas se licitarían en dos lotes (Madrid y Levante) y De la Serna incluso llegó a anunciar ingresos de 1.000 millones de euros por la licitación. Al llegar Ábalos al ministerio criticó que los pliegos de los contratos no existían y que esa estimación económica era irreal. Por lo pronto, los nueve peajes seguirán siendo públicos tras el rescate.