Economía

VIERNES SOCIALES

Sánchez prohíbe a las eléctricas cortar la luz con olas de frío y creará un nuevo bono social

El Gobierno lanza un plan a cinco años para reducir entre un 25% y un 50% la pobreza energérica. Entre 3,5 millones y 8 millones españoles la sufren, según el indicador que se utilice para medirla.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Europa Press

Hay un tipo de pobreza que no se ve porque se vive en la intimidad del hogar; que parece menos llamativa que otras más visibles; que hasta hace apenas unos ni siquiera se hablaba de ella, como si no existiera. Es la pobreza energética, la que viven aquellas personas que no pueden mantener su hogar a una temperatura idónea por falta de recursos.

El Gobierno de Pedro Sánchez despide la legislatura aprobando un real decreto que pone las bases para una estrategia nacional para combatir esta lacra que afecta a entre 3,5 millones y 8 millones de españoles, según los diferentes indicadores que pueden utilizarse para medirla.

Y en un intento de apagar las acusaciones de electoralismo a las puertas del 28-A, desde el Ejecutivo se apunta que el real decreto ve ahora la luz para cumplir con el plazo de seis meses que se dio en el plan de choque contra las subidas de luz en novimebre y, se subraya, que la la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética formalmente no se aprobará hasta dentro de seis meses. Deberes para el próximo Gobierno.

El Consejo de Ministros ha alumbrado este viernes la estrategia a seguir por las administraciones para combatir la pobreza energética en un plan a cinco antes, hasta 2024. Y como pilar para asentar este instrumento se establece la primera definición oficial de pobreza energética en España, porque ni siquiera eso había.

“La pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. Ésta es la definición que se recoge en el texto y que sirve para englobar  una multiplicidad de realidades que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos.

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Cómo medir la pobreza energética

El Ministerio para la Transición Ecológica adopta cuatro indicadores oficiales utilizados por el el Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética para poder medir y hacer seguimiento a partir de ahora del problema. Cuatro indicadores que son el de gasto desproporcionado 2M (porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional), el de pobreza energética escondida (porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional); el de incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada; y el de retraso en el pago de las facturas.

Se amplía de cuatro a ocho meses el plazo para cortar la luz por impago a hogares vulnerables

Según el indicador que se tome como referencia, el Instituto Nacional de Estadística calcula –con datos correspondientes a 2017- que 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.

El perfil mayoritario de los que sufren la pobreza energética también varía en función del baremo que se tome como referencia. El indicador 2M tiene especial incidencia en mayores de 65 años que viven solos (30,1%); la pobreza energética escondida afecta sobre todo parejas con 3 o más hijos (28,4%); los hogares monoparentales) son los que más sufren la temperatura inadecuada en invierno (14,1%); y pasa lo mismo con el retraso de las facturas (13,5%).

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Restricciones a los cortes de luz

El Gobierno incluye en la nueva Estrategia la prohibición de que las eléctricas corten el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: hoy las compañías no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia aumenta el plazo otros 4 meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Nuevo bono social

El Gobierno también pretende crear un nuevo bono social que sirva para sustituir el doble programa que existe actualmente: el bono social eléctrico (con descuentos de entre el 25% y el 100% de la factura de luz) y el bono térmico (ayudas para sufragar los costes de calefacción). El Ministerio para la Transición Ecológica se compromete a elaborar un nuevo bono que sirva para suplir las carencias de los actuales.

El nuevo bono social será aplicable a todas las fuentes de suministro, tanto los suministros eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina. Su activación para llegar a los hogares vulnerables será automática, fijándose criterios ente todas las para favorecer la concesión directa de la ayuda. Y además, el criterio de renta será el principio básico pero se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar, o la zona climática donde se ubique la vivienda.

No sólo ayudas

El objetivo de la Estrategia, según subrayan fuentes del Ministerio comandado por Teresa Ribera, es ampliar paulatinamente el peso de las medidas estructurales frente a las prestacionales –bonos sociales– para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Por ello, centra uno de sus ejes en medidas de rehabilitación y de eficiencia energética corto plazo, medio y largo plazo.

El nuevo bono social cubrirá todos los suministros y se repartirá de manera automática en función de la renta

En primer término, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones.

Y, a largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, tales como a perspectiva de género, la utilización de materiales sostenibles o la accesibilidad y; se podrán identificar aquellas edificaciones con peor comportamiento energético derivado de sus características constructivas, en el marco de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España, del Ministerio de Fomento. El cruce de esta información con los indicadores de situación de vulnerabilidad permitirá proponer medidas específicas para este tipo de comunidades.

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