España sigue sin cumplir: el déficit estructural aún superará los límites en 2022

El Gobierno sacaba pecho pocos días antes de las elecciones generales del 28 de abril. La Comisión Europea confirmaba que el déficit público se redujo por debajo del 3% del PIB en 2018 y que, por tanto, España podía salir del procedimiento de déficit excesivo, el conocido como 'brazo correctivo' de Bruselas. Esto da un mayor margen de maniobra fiscal, sin embargo no quiere decir que el país no esté sujeto a vigilancia.

A partir de ahora, la Comisión Europea se fijará bien en cómo España sigue reduciendo su déficit, especialmente en lo que tiene que ver con su componente estructural. Es decir, lo importante ahora será, entre otras cosas, cómo España acompasa los ingresos y los gastos fijos de su economía.

Entre los gastos, el más importante es el asociado al envejecimiento y, más concretamente, a las pensiones. Del lado de los ingresos, todas las miradas se dirigirán a los impuestos.

Pues bien, el Gobierno admitía en el Programa de Estabilidad remitido el pasado martes a la Comisión Europea que le queda por delante otra travesía por el desierto. Según recuerda el documento, el Pacto Fiscal de la UE obliga a los firmantes a reducir el déficit estructural a medio plazo al 0,5% del PIB, aunque si la deuda pública es inferior al 60% del PIB, este límite mínimo se fija en un 1% del PIB. Esa reducción de la deuda no ocurrirá y además España aún mantendrá una ratio del 1,1% del PIB en 2022, más del doble.

Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria española reduce este límite hasta el equilibrio estructural, por lo que la desviación es aún mayor si se toma como referencia el objetivo autoimpuesto.

Incumplimiento en 2019

El principal problema con el que se encontrará España es el año perdido que supondrá 2019 en términos presupuestarios. Según asegura el Gobierno, entre los años 2011 y 2018 el ajuste estructural del déficit ha sido de unos 3,5 puntos porcentuales del PIB, el equivalente a unos 40.000 millones de euros, la mitad de toda la reducción del déficit.

Sin embargo, en 2019 se interrumpirá esta tendencia. En julio de 2018, la Comisión Europea emitió una recomendaciones específicas para España (CSR) en las que aconsejaba limitar el crecimiento del gasto público primario neto --descontados el coste de la deuda-- al 0,6% en 2019, con un ajuste estructural de 0,65 puntos porcentuales del PIB, unos 7.500 millones de euros.

No obstante, la ausencia de nuevos presupuestos llevará a que estos límites se superen con creces. De acuerdo con la metodología de la Comisión Europea, con las cifras incluidas en el Programa de Estabilidad, el gasto se dispararía un 3,9%, más de cinco veces más, y el ajuste estructural apenas sería de una décima del PIB.

En este sentido, el documento remitido a Bruselas explica que "la aprobación de los Presupuestos para 2019 habría permitido poner en marcha las medias de ingresos previstas por el Gobierno y realizar un esfuerzo estructural de alrededor de cinco décimas del PIB", lo que habría permitido dar cumplimiento a las recomendaciones de Bruselas, en virtud a una serie de márgenes de flexibilidad que contempla la normativa comunitaria.

No obstante, el Programa de Estabilidad contempla la posibilidad de reducir el actual déficit público del 2,47% del PIB --sin contar las ayudas financieras-- hasta el equilibrio en 2022, un ajuste del que 1,5 puntos porcentuales serían estructurales, desde el 2,6% en 2018 al 1,1% en 2022, a razón de medio punto del PIB al año.

En paralelo, el Gobierno también espera un saldo primario estructural en superávit desde 2019, que se ampliará en los dos siguientes años, lo que debería permitir la reducción del peso de la deuda pública sobre el PIB.

De un lado, este compromiso parece una proeza, pero evidencia que dentro de tres años, el déficit estructural de España seguirá lejos del equilibrio que marca la legislación nacional y duplicará la tasa fijada como objetivo a medio plazo por la UE.

Los polémicos 26.000 millones de euros

El Gobierno admite en el Programa de Estabilidad que dentro de estos cálculos se incluye un incremento continuado del gasto en prestaciones por la revalorización de las pensiones con el IPC en adelante. Ese es un gasto estructural que pesarán sin ningún tipo de duda. Sin embargo, el Ejecutivo se ha propuesto acometer en paralelo una revisión a fondo de la calidad del gasto público para eliminar costes ineficientes.

Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) jugará un papel clave en adelante. Lleva más de un año embarcado en un proceso de evaluación de gastos públicos, entre los que se encuentran los incentivos a la creación de empleo. Según el Gobierno, la revisión de estas ayudas, que suelen traducirse en menores cuotas a la Seguridad Social para las empresas, podrían traducirse en un ahorro estructural de 500 millones de euros anuales.

Y no solo eso, AIReF también evalúa la efectividad de una batería de beneficios fiscales que afectan al IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA, y que suman más de 50.000 millones de euros al año.

Pero la gran apuesta del Gobierno es la ampliación de los ingresos públicos apoyándose en el efecto cíclico de crecimiento económico y del empleo, y en subidas de impuestos junto a la creación de nuevos tributos. Un empujón que elevaría la presión fiscal cerca del 41% del PIB, unos 26.000 millones de euros. Y no solo eso, el Ejecutivo cuenta con aflorar una factura fiscal millonaria de la economía digital, un nuevo fenómeno que en muchos casos se escapa de las redes del fisco.

Dudas sobre la metodología de Bruselas

En cualquier caso, como ya ha comentado públicamente la ministra de Economía, Nadia Calviño, en alguna ocasión, el Gobierno ve dudosa la metodología empleada por la Comisión Europea para valorar este tipo de indicadores estructurales, desde el déficit al paro.

Según explica, el ajuste fiscal estructural se basa en las estimaciones que se realizan sobre lo que se conoce como brecha de producción ('output gap'), que es la desviación entre el crecimiento real de la economía y su potencial. Así, tanto si se crece por encima como por debajo, se pueden producir desequilibrios económicos. Actualmente, España habría cerrado esta brecha después de muchos años de crecimiento por debajo de su potencial.

Pues bien, el Gobierno considera que no hay una medición fiable en estos momentos de la brecha, por lo que "podrían aplicarse fórmulas inadecuadas para los retos actuales". "Es imprescindible si se quieren evitar políticas erráticas o equivocadas", concluye.