La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) trabaja en la aprobación de 13 circulares con las que pretende remover los cimientos de los recibos de luz y de gas natural que pagan los clientes. El supervisor propone reformas para cambiar cómo se reparte una parte sustancial de los costes que se incluyen en las facturas de luz y gas, y también para recortar lo que cobra las grandes energéticas por sus redes de transporte y de distribución.

Los cambios diseñados por la CNMC han puesto en pie de guerra a buena parte del sector energético, afectado por los recortes a los ingresos de sus negocios regulados. Y también han despertado el recelo del Gobierno, que considera que algunas de las medidas incluidas en las circulares invaden sus competencias y no respetan las orientaciones sobre política energética marcada por el Ejecutivo.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido ya sus informes sobre las reformas ideadas por el supervisor en los que muestran sus discrepancias y con los que ha invocado la convocatoria de la Comisión de Cooperación bilateral, un órgano creado específicamente para disolver estas disputas entre Gobierno y CNMC. El Ejecutivo ha solicitado la reunión de la comisión bilateral por diferencias en siete de las trece circulares.

La primera reunión formal de esta Comisión de Cooperación –con representaciones de alto nivel encabezadas por el propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, y por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal- es inminente, pero el Ministerio y el supervisor llevan ya semanas negociando con discreción para pulir las diferencias, según confirman a El Independiente varias fuentes conocedoras de los contactos.

Desde que el Ministerio para la Transición Ecológica emitió sus primeros informes sobre las circulares equipos técnicos del Gobierno y de la CNMC han mantenido varias reuniones formales para abordar las diferentes visiones y acercar posturas. Pero no sólo ha habido contactos técnicos, también ha existido un hilo directo de alto nivel.

Y es que los contactos entre el secretario de Estado de Energía y el presidente de la CNMC han sido continuos y directos para pulir las diferencias, para aclarar las distintas posturas y para evitar que haya un choque entre ambas entidades. Según destacan las mismas fuentes, ni Gobierno ni regulador quisieron esperar a las reuniones formales de la Comisión de Cooperación para empezar a negociar la reforma en busca de una postura común.

El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, subrayó ayer mismo que trabaja «codo con codo y no a codazos» con el Ministerio de Transición Ecológica en el diseño de la reforma de los mercados energéticos. «Deberían preguntarse quién tiene interés en hacer pensar lo contrario» y hacer ver que existe un enfrentamiento, ha dicho Marín Quemada, en referencia velada a una supuesta estrategia informativa y de presión ejercida las compañías energéticas afectadas por los recortes que prepara el supervisor. «Queremos hacer las cosas bien. Nuestro objetivo es el interés general, todo lo que vaya en beneficio del interés general se incorporarán y aquello que obedezca a interés de parte y no encaje en el interés general no lo incorporaremos», apuntó ayer Marín.

Tanto desde la CNMC como desde el Ministerio se insiste en que la reunión de la Comisión de Cooperación para dirimir las discrepancias se enmarca estrictamente en la “normalidad institucional”. El regulador subraya que las diferencias con el Ministerio son “menores, de carácter puramente técnico, y que se resolverán con facilidad”.

Según la normativa, incluso si no hay acuerdo con el Gobierno, la CNMC puede aprobar la nueva regulación por tratarse de una potestad propia. Y el Ministerio puede, como siguiente paso, recurrir a los tribunales para tumbar el contenido que no comparta.

En cualquier caso, sobre un eventual choque con el Gobierno, el propio Marín Quemada ya avisó hace unas semanas de que “cada uno hará lo que tenga que hacer para que nadie imponga nada al otro”. “Seis páginas de letra pequeña tamaño BOE son algo más que orientaciones de política energética”, reprochó el presidente de la CNMC para referirse a la profusión de las directrices impuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica.

La CNMC debe aprobar todas las circulares antes del 31 de diciembre de 2019. Si incumpliera ese plazo, la ley establece que los recortes que el organismo prepara a la retribución que cobran las compañías por sus redes no podrían aplicarse y se renovaría la actual remuneración tanto en electricidad como en gas durante seis años. Los mandatos del presidente de la CNMC y de la mitad de la cúpula expiraron este lunes. Su relevo no se podrá acometer hasta que no se forme nuevo Gobierno, pero todos los integrantes del supervisor mantienen todas sus funciones.

Los tiempos para cumplir los plazos legales son ajustados: actualmente todas las circulares están en proceso de consulta pública, la CNMC ha de estudiar las alegaciones de las empresas y los informes del Gobierno, aún debe pasar la normativa por el Consejo de Estado, y sólo después el consejo de la CNMC podrá aprobar definitivamente la nueva regulación. Cualquier dilación pondría en peligro las reformas.