El décimo punto del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos parece concebido para tranquilizar a Bruselas y a los mercados ante la llegada al poder de una fuerza de izquierda radical. Dice, en concreto, que el nuevo Ejecutivo –si es que se conforma- considera que “la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero”.

El próximo Gobierno estará obligado a resolver varios asuntos complicados en economía que estarán sobre su mesa desde la primera reunión del Consejo de Ministros. Dentro de España, deberá afrontar los efectos de la desaceleración económica, que ya han se han dejado notar con un menor ritmo de creación de empleo o con un descenso del consumo interno.

En el ámbito internacional, el brexit, la guerra comercial o la entrada en recesión de Alemania preocupan entre el tejido productivo, tal y como reconocían hace unas horas desde el Círculo de Empresarios.

En el caso de que Pedro Sánchez logre los apoyos suficientes para confirmar su investidura, el gabinete presidencial estará formado por personas con visiones contrapuestas de la economía, como el propio Pablo Iglesias, que ostentará una vicepresidencia, y Nadia Calviño, que ocupará otra, tal y como anunció el presidente del Gobierno en funciones en el debate entre candidatos del pasado 4 de noviembre.

Un discurso moderado

Hay que tener en cuenta que, durante la campaña electoral, los socialistas lanzaron un mensaje más moderado que meses atrás, cuando Sánchez adoptó un discurso ‘amoratado’ tras hacerse con la secretaría general del PSOE. En las intervenciones que ha protagonizado Calviño durante las últimas semanas, ha quitado importancia a los síntomas de desaceleración de la economía, pero también ha confirmado que su objetivo es el de reducir el déficit “lo más rápidamente posible”.

Está por ver el encaje que tiene este objetivo con las políticas que defiende Podemos en su programa electoral, que implicarían con casi total seguridad un incremento del gasto público.

Entre ellas, la que apuesta por movilizar el 2,5% del PIB para reducir las emisiones de CO2 –que, calcula, crearía 600.000 empleos-, la creación de una empresa pública de energía, la puesta en marcha de un plan de recuperación de las zonas desindustrializadas, la instauración un Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas con una dotación anual de 600 millones de euros. También, entre otras, el establecimiento de una prestación por la atención de niños y adolescentes de hasta 2.000 euros anuales.

Mientras Calviño es considerada como una economista de perfil moderada, en Unidas Podemos defienden puntos como el relativo a la reestructuración de las deudas públicas de la zona euro que superen el 60% del Producto Interior Bruto. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance.

La reforma laboral

Otro de los puntos donde podrían producirse fricciones es el relativo a la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy. Unidas Podemos ha defendido, sin fisuras, su eliminación, mientras que Calviño aseguró hace unos meses que no ve “productiva” su derogación y apostó por la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que esté adaptado a las necesidades del siglo XXI.

Dentro del programa de Unidas Podemos también hay algún punto controvertido relacionado con el sector financiero, como es el de recuperar los 60.000 millones de euros del ‘salvamento’ a la banca; o el rechazo la “privatización” de Bankia.

“A través del rescate bancario, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social”, explica el partido en su programa.

Medidas fiscales

Por otra parte, habrá que ver también la posición que adoptan los dos partidos en temas como pensiones o en materia fiscal. Los empresarios han expresado sus dudas en los últimos meses sobre la efectividad y el daño que podrían ocasionar en la economía española nuevos impuestos, como el que gravaría determinadas transacciones financieras o la actividad de las compañías tecnológicas multinacionales.

También temen un posible incremento de la carga de las rentas más altas, sobre el patrimonio; o sobre el diesel. Todas estas opciones se han barajado desde que triunfara la moción de censura contra Mariano Rajoy y Pedro Sánchez llegara a la Moncloa.

Todo esto, sucederá en un contexto en el que se prevé que la economía española cierre 2019 con un crecimiento del 2%, casi el doble de la media de la Eurozona; y que se estima que sea del 1,7% en 2020. Todo ello, en un momento en el que el ritmo de creación de empleo ha caído y, de hecho, el paro aumentó en 98.000 personas en octubre.