El impacto que está generando esta crisis en la economía y en las empresas es innegable. El deterioro que está causando en el tejido productivo producirá que las compañías se enfrenten a una larga y compleja cadena de problemas que pueden tener una incidencia negativa en su normal desarrollo.

Cierres de comercios, ajustes laborales, suspensión de pagos…son cuestiones que van a estar encima de la mesa de los dueños y directivos de las empresas, y que van a tener que resolver en un corto-medio plazo. Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado un plan de choque con medidas económicas y sociales reflejadas en el RD-Ley 8/2020 del 17 de marzo, que tienen incidencia en la marcha de las empresas y es preciso analizar sus efectos desde el punto de vista jurídico y financiero.

ERTE, medidas fiscales y exención a las empresas de la declaración de concurso

Entre las novedades que ha aprobado recientemente el Ejecutivo destacan medidas fiscales que afectarán a pymes y autónomos, que podrán aplazar sus deudas tributarias (inferiores a 30.000 euros) con la Administración Pública.

Asimismo, las empresas podrán acogerse a un ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) por fuerza mayor siempre que la causa de la solicitud de este tipo de expediente de regulación de empleo esté ligado a la crisis que está causando el coronavirus. Las empresas podrán suspender su actividad en un plazo de 5 días, a contar desde el momento en el que el COVID-19 produjo la inviabilidad de continuar con la marcha normal del negocio.

Por otro lado, las compañías que se encuentre en situación de insolvencia están exentas de la obligación de declararse en concurso de acreedores mientras siga vigente el estado de alarma y tendrá dos meses de plazo para presentarlo tras la finalización de dicha situación excepcional.

Plan de ajuste económico y financiero

Desde el punto de vista económico y financiero, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros para empresas y autónomos que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago.

Además, el Ejecutivo ha aprobado la ampliación en 10.000 millones de euros del límite de endeudamiento neto previsto para el Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado, con el fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente pymes y autónomos.

«Guía de actuaciones jurídicas y financieras para limitar los efectos del coronavirus en tu empresa»

Vaciero, firma de asesoramiento jurídico y financiero a empresas, presenta la “Guía de actuaciones jurídicas y financieras para limitar los efectos del coronavirus en tu empresa«, una serie de medidas jurídicas y financieras que ha diseñado su equipo de profesionales para hacer frente a los efectos que está causando la crisis del coronavirus en las compañías.