Las agencias de calificación crediticia Moody’s y S&P Global han decidido mantener el rating de la deuda soberana a largo plazo emitida por España. En el caso de la primera, la nota se mantiene en ‘Baa1’, mientras que en el segundo la calificación se queda en ‘A’, según han informado ambas en sendos comunicados. Las dos mantienen la perspectiva ‘estable’ del rating del país, pero S&P reduce considerablemente su previsión para la evolución del PIB español, al prever que caerá un 1,8% en 2020.

Este viernes estaba previsto que tanto Moody’s como S&P revisaran la nota de España, pues su calendario no se ha visto alterado por la situación excepcional en la que se encuentra el país por el impacto del coronavirus. De acuerdo con el último balance, España cuenta ya con miles de contagiados por el Covid-19 y ha superado la barrera del millar de fallecidos, lo que implica que la tasa de fallecimiento en España es ya del 5% de los 19.980 casos de contagios registrados.

En su comunicado, S&P Global reconoce que el establecimiento de la cuarentena en España va a llevar al país a una recesión económica y la calificadora estima que el PIB se contraerá un 1,8% este año, frente al crecimiento del 1,5% que calculaba antes para 2020 y del 3% para 2021.

«Nuestra expectativa es que el Covid-19 impone un shock de un año en el crecimiento y la actuación presupuestaria de España. Esperamos que España ahonde en el déficit de sus presupuestos hasta el 4,9% del PIB este año», indica la calificadora.

De acuerdo con S&P Global, el coronavirus no supondrá un «daño permanente» para las métricas de crédito en España. Al contrario, espera que en 2021 se reanude la consolidación fiscal y que España continúe con crecimiento tras el equilibrio a medio plazo, «pese a un espacio político más fragmentado y una desaceleración de empuje para las reformas estructurales».

Más allá del efecto coronavirus, en el largo plazo, S&P Global considera que los riesgos macroeconómicos clave seguirán siendo la deuda pública, el envejecimiento de la población y la persistente dualidad del mercado laboral.

La calificadora cree que el pulso proindependentista del Gobierno catalán «continuará siendo un punto de fricción para la política nacional» española, si bien reconoce que «hasta ahora» las tensiones políticas «no han pesado significativamente en el desarrollo económico de España».