El azote del coronavirus se llevará miles de vidas, nos dejará una huella imborrable y nos obligará a replantearnos muchas cosas. Entre otras, si este es el mejor Gobierno para enfrentarnos al gigantesco reto que nos espera.

Cuando todavía tenemos frescas en la memoria las consecuencias de la crisis financiera de 2008 nos volvemos a sumergir en un escenario tenebroso y desconocido pero, que, en todo caso, va a tener efectos económicos nocivos durante mucho tiempo. El presidente del Gobierno anunció ayer la prohibición de asistir a trabajar a los empleados de los sectores no esenciales durante, al menos, quince días, mientras los que recibirán su salario como si estuvieran de vacaciones. Ese parón -por razones sanitarias- no hace sino aumentar los ya negros presagios que pesan sobre el futuro inmediato de nuestra economía.

En el informe que presentó el pasado viernes en París, la OCDE estima en una caída de 2 puntos de PIB cada mes de prolongación del coronavirus en la eurozona. El Banco de España en su último informe trimestral -hecho público el miércoles- no se atreve a cuantificar la profundidad de la herida, pero avisa de que «las perspectivas económicas se han deteriorado de forma brusca e intensa».

Más valiente, el informe de FEDEA del pasado día 27 de marzo (suscrito por José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri), establece dos posibles escenarios. En el más optimista, la caída del PIB para 2020 se situaría en el 4,1%, mientras que el pesimista llevaría a una caída del PIB del 7,9%.

Con las medidas puestas en marcha en las últimas semanas, dice FEDEA, ese impacto se reduciría en el primero de los escenarios a una caída del PIB del 0,6%; mientras que en el más pesimista, la caída supondría el 4,5% del PIB.

Las citadas medidas supondrán, no obstante, un impacto en el déficit de 3,5 puntos, lo que elevaría el desequilibrio presupuestario español a una cifra superior al 6% del PIB.

La OCDE estima que cada mes que dure la crisis, el PIB caerá dos puntos. FEDEA plantea un escenario pesimista con una reducción del PIB de 4,5 puntos a finales de 2020

Las estimaciones de la OCDE y de FEDEA no difieren sustancialmente. Si creemos que la crisis prolongará sus efectos durante un periodo de dos meses, los números cuadrarían casi milimétricamente. En efecto, dos meses implican una caída de 4 puntos de PIB. Cuatro meses, 8 puntos… o más.

La diferencia entre el escenario más optimista y el más pesimista no sólo tiene que ver con la duración de la crisis del Covid-19, sino con la rapidez y la eficacia de las medidas que tanto desde Europa como desde el Gobierno se han puesto ya en marcha.

Lo que hemos visto hasta ahora no invita precisamente al optimismo.

Los países del centro y norte de Europa están obsesionados con la rigidez presupuestaria, como se ha visto en la Cumbre de primeros ministros y jefes de Estado del pasado jueves. Un alto funcionario europeo echaba un jarro de agua fría sobre la posibilidad de que Europa acepte la mutualización de la deuda, algo que han pedido por activa y por pasiva tanto Pedro Sánchez como el primer ministro italiano Giuseppe Conte: «Que España e Italia abandonen toda esperanza de que Alemania y sus aliados vayan a aceptar los coronabonos». En todo caso, España e Italia tendrían la posibilidad de un rescate, condicionado, eso sí, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), algo que Italia ya ha dicho que consideraría «una humillación».

Mientras tanto, el Gobierno español acaba de adoptar el pasado viernes una medida que, en lugar de dar flexibilidad a las empresas, las ata de pies y manos prohibiendo (encareciendo) los despidos por causas objetivas. Una baza que se apunta Pablo Iglesias en su pugna por dar a este Gobierno un tinte izquierdoso poco recomendable.

La prohibición de trabajar para los sectores no esenciales agudizará la caída de la actividad, que, a finales de este año, podría suponer la destrucción de más de un millón de empleos

Lo que nadie se atreve a pronosticar, de momento, es qué efectos tendrá la crisis en el empleo. Si nos vamos al escenario pesimista que refleja el informe de FEDEA (caída del PIB de 4,5 puntos) volveríamos de golpe a las cifras que se registraron de la EPA del segundo trimestre de 2016. Con una recesión de esa intensidad, se destruirían más de un millón de puestos de trabajo y volveríamos a los 4,5 millones de parados. Esa posibilidad no hay que descartarla ni mucho menos.

El presidente del Gobierno se ha comprometido a presentar unos «presupuestos de reconstrucción nacional» cuando concluya la crisis del coronavirus. Eso nos lleva a finales del mes de mayo o principios del mes de junio.

En esas fechas ya conoceremos con más precisión los efectos de la crisis en la actividad económica y también en el aumento del paro y del gasto público.

Es entonces cuando Sánchez va a tener que elegir. La presión de Unidas Podemos para que España se lance a un programa de gasto público sin control va a ir en aumento.

Sánchez debe perder toda esperanza de que Merkel y sus aliados acepten mutualizar la deuda para combatir la recesión que provocará el coronavirus

La forma en que se aborde la solución a la crisis determinará también el mayor o menor daño que se infligirá a la economía. Nadie duda de que el gasto público tendrá que aumentar y que tanto el déficit como la deuda pública van a aumentar de manera significativa. Pero la deuda para financiar ese aumento del gasto habrá que financiarla y su coste va a depender de los planes del Gobierno para reducir los desequilbrios presupuestarios en los próximos años.

Nos guste o no, España está en la Unión Europea. Esta vez no habrá troika, ni hombres de negro, pero habrá condicionalidad a las ayudas que se soliciten.

Sánchez tendrá que explicar al país, tarde o temprano, cuáles van a ser los sacrificios que tenemos que hacer. Para afrontarlos dudo que le sirvan sus socios actuales, poco amigos de apretarse el cinturón.

Por ello, le guste o no, el presidente tendrá que recurrir a un Gobierno de concentración si quiere, de verdad, aprobar unos presupuestos de «reconstrucción nacional» que sean creíbles.