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El Gobierno de Sánchez deja abiertas las ‘puertas giratorias’ de las empresas públicas

Los consejos de los grupos estatales se siguen llenando de ex políticos pese a las críticas contra estas prácticas de Pedro Sánchez y, sobre todo, de Pablo Iglesias antes de llegar al Gobierno.

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El Gobierno de Sánchez deja abiertas las ‘puertas giratorias’ de las empresas públicas
El ex ministro de Fomento y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco.

El ex ministro de Fomento y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco. europa press

Resumen:

“Se acabaron las puertas giratorias. Hay que cerrarlas”. Lo decía en una entrevista en televisión un Pedro Sánchez entonces sólo secretario general del PSOE y al que le quedaban aún un par de años para entrar en La Moncloa de la mano de la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy.

La postura del líder socialista fue clara y constante mientras lideraba la oposición, postulándose para lanzar “la España que puso fin a la impunidad de las élites financieras y echó el candado a las puertas giratorias”. Fueron años en los que Sánchez cargaba contra el “enchufismo” y contra los “dedazos” en los nombramientos de cargos públicos y de éstos una vez abandonada la vida política, y en los que subraya que “puede ser legal”, pero la política “tendría que ir dos pasos por delante de la legalidad y dar ejemplo”.

Han sido mucho más furibundas las críticas contra estas prácticas del hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Durante años, el líder de Podemos ha hecho de los ataques a las puertas giratorias uno de los puntales más visibles de sus propuestas energéticas, al vincular la presencia de ex políticos en consejos de administración o consejos asesores de empresas del sector con la falta de reformas para acabar con todos los males del recibo de la  luz.

Enagás prepara ya el fichaje de los ex ministros José Montilla y Pepe Blanco como consejeros

Y es que para Iglesias el gran problema del uso de estas puertas giratorias, “aunque sea legal, porque es legal, es que es corrupción, es corrupción legalizada. Y una humillación a la democracia y a la gente de nuestro país”, proclamaba el secretario general de Podemos desde la tribuna del Congreso de los Diputados en 2016. Hace sólo unos meses, a las puertas de la última campaña electoral, el líder de la formación morada calificó este tipo de nombramientos de “traición a España”.

Pero la semana pasada, con un Sánchez presidente y un Iglesias vice, estalló de nuevo la polémica de las puertas giratorias. Enagás, participada por el holding público SEPI y encargada del monopolio regulado del transporte y almacenamiento de gas en España, va a dar entrada en su consejo de administración a dos ex ministros socialistas.

Los elegidos son José Montilla, ex ministro de Industria y ex presidente de la Generalitat que dejó su escaño en el Senado el año pasado, y José Blanco, ex ministro de Fomento, ex vicesecretario general del PSOE y hasta hace unos meses diputado del Parlamento Europeo (donde fue encargado de negociar la nueva directiva de energías renovables de la UE). La compañía de gasoductos también propondrá el nombramiento como consejero de Cristóbal Gallego, un académico afín a Podemos. Profesor universitario y experto en energía, no ex político ni militante del partido, Gallego forma parte del Observatorio Crítico de la Energía, un think tank que ha criticado las puertas giratorias en el sector eléctrico.

Sánchez puede provocar un problema por decir que los propuso SEPI cuando Montilla y Blanco serán consejeros independientes

«Es decisión del consejo de administración de Enagás», constató como escudo Pedro Sánchez en rueda de prensa este domingo desde La Moncloa. «A través de SEPI, éstos son los nombres que se han propuesto», añadió el presidente. Y esto sí puede representar un problema, ya que este desliz pone en jaque la condición de consejeros independientes que se le ha concedido a ambos ex ministros y al experto afín a Podemos. Esto es, que no representan en el consejo a ningún accionista y velan en él, con independencia, por los intereses de todos los socios. SEPI tiene sus propios consejeros y los independientes no pueden ser propuestos por un accionista concreto como deslizó el presidente del Gobierno.

A la espera de que la CNMV determine si supone un problema este barullo entre su condición de consejeros independientes y quién los ha propuesto, los nuevos nombramientos, cuando los refrende la junta de accionistas de Enagás en junio, no ofrecen duda sobre su legalidad: no hay incumplimiento alguno de las regulación de incompatibilidades de los ex altos cargos.

Pero los movimientos han llamado la atención en círculos políticos y en el propio sector energético “por las dudas sobre, digamos, su estética”, indica un diputado ligado a los temas energéticos. Los ex ministros socialistas no sustituirán a otros consejeros salientes, sino que Enagás ampliará su consejo de administración hasta los 16 asientos, el máximo que permiten sus estatutos. Percibirán una retribución de 160.000 euros anuales.

«¿Por qué no prohibimos de una vez la presencia de ex ministros y ex presidentes en grandes empresas?”, decía hace unos años Pablo Iglesias

Con la entrada de Montilla y Blanco, crece aún más la lista de ex políticos que integran el consejo de administración de Enagás, donde ya se sientan las ex ministras del PP Ana de Palacio e Isabel Tocino, el ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, y otros ex altos cargos ligados al Partido Popular. El actual Gobierno, que impulsa estos nombramientos y los avala a través de SEPI como accionista, suma más caras de ex ministros al consejo del grupo a pesar de las críticas del pasado sobre estas prácticas.

Enagás, en su convocatoria de junta de accionistas, justifica por partida doble por qué nombrar esos nuevos consejeros y por qué hacerlo ampliando el actual consejo sumando más miembros. Y lo hace vinculándolo a la crisis sanitaria. La situación de emergencia actual “lleva a proponer a la Junta el reforzamiento de su Consejo de Administración añadiendo a los actuales perfiles de Consejeros, que siguen siendo necesarios y desempeñan su mandato con plena eficacia, otros nuevos que aporten valor añadido en la gestión de una situación de emergencia como la que vivimos».

Y es precisamente «esta necesidad de reforzar el Consejo, ante una situación de emergencia, con nuevas aportaciones y sin prescindir de las que siguen siendo necesarias, lleva a proponer el aumento a 16, del número máximo de Consejeros”, argumentaba el grupo en su comunicación a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

El Gobierno que salió de la moción de censura de julio de 2018, entonces monocolor y sólo con miembros del PSOE, emprendió el habitual recambio general al frente de las empresas públicas cuando hay alternancia y colocó a antiguos altos cargos socialistas y colaboradores directos del presidente o de sus ministros en sus cúpulas.

Tras el cambio de Gobierno, la presidencia de Red Eléctrica, gestor de la red de alta tensión y operar del sistema eléctrico, fue ocupada por Jordi Sevilla, ex ministro socialista de Administraciones Públicas y que incluso sonó como ministro de Economía para el nuevo Ejecutivo. Sevilla abandonó el cargo hace unos meses tras un encontronazo por las presiones del Gobierno en la gestión de la compañía, y su sustituta es ahora Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda, registradora de la propiedad y muy reputada en su sector.

El entonces nuevo Gobierno eligió como presidente de Correos a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez hasta la llegada de Iván Redondo, y el designado para dirigir la hotelera pública Paradores fue Óscar López, ex secretario de Organización del PSOE y ex portavoz socialista en el Senado.

El presidente de Aena, Maurici Lucena, fue portavoz del PSC en el Parlament catalán entre 2012 y 2015 y también formó parte del grupo de asesores económicos de Sánchez, pero desde 2016 trabajaba en Banco Sabadell. El presidente de Renfe, Isaías Táboas, por su parte, fue director de gabinete de Montilla en el Ministerio de Industria, secretario general de la Presidencia de la Generalitat catalana también con Montilla y posteriormente ocupó el cargo de secretario de Estado de Transportes en el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Para la presidencia del holding público SEPI se designó a Vicente Fernández, antiguo intervención general de la Junta de Andalucía, y para estar al frente de Loterías y Apuestas del Estado se eligió a Jesús Huerta, ex director de Presupuestos andaluz. Ambos son antiguos colaboradores de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Enusa, la empresa pública encargada del suministro de uranio enriquecido y de combustible nuclear, está ahora presidida por José Vicente Berlanga, licenciado en Filosofía y hombre de confianza del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

“No están ahí por su cualificación”, criticaba sin matices Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados todos los nombramientos de ex políticos en empresas estratégicas. “¿Por qué no prohibimos de una vez de manera clara, sin trampas, sin letra pequeña, la presencia de ex ministros y ex presidentes en grandes empresas?”, se preguntaba el entonces sólo diputado. Veremos si hay respuesta, con hechos, del hoy vicepresidente.  

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