La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que forman parte UGT y CC.OO., pide que se ponga a disposición de los Estados miembros una financiación «masiva» destinada a la inversión mediante el aumento de los recursos propios de la UE con el fin de evitar generar deuda adicional, para lo que propone hacerlo sobre la base del régimen de comercio de derechos de emisión y la imposición de gravámenes sobre las operaciones de grandes impresas, incluyendo el nuevo impuesto digital y sobre los plásticos no reciclados.

Así figura en la resolución de la CES sobre ‘El brote de Covid-19 y la estrategia de recuperación’, entregada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en una reunión en el Palacio de la Moncloa en la que también le han hecho llegar un documento conjunto con un Plan Europeo de Inversión.

La CES señala que la reacción al brote en cuanto a la coordinación de los Estados miembros y las iniciativas de la UE ha llegado «muy tarde» y las medidas para apoyar a trabajadores, los sistemas de salud y a las empresas afectadas muestran «serias deficiencias», y en algunos casos acciones «poco adecuadas».

Por ello, ve necesario ahora una respuesta europea «contundente» para prevenir y contener la recesión económica, el desempleo y la pobreza y para reconstruir el proyecto europeo y la democracia, de forma que considera que la UE tiene la «encrucijada» de realizar un cambio de rumbo significativo y comprometerse» con sus principios fundacionales, o se enfrentará a una crisis política «sin precedentes».

«El retorno a la normalidad no es aceptable si esto significa seguir como hasta ahora», subraya la CES, que reclama estrategia de recuperación «clara, ambiciosa y coordinada», para conseguir una reconstrucción basada en un modelo económico «más sostenible, inclusivo y justo y en una economía social de mercado que respete el medio ambiente, la innovación digital esté al servicio de las personas y haya un estímulo fiscal «masivo» para la inversión y la creación de empleo de calidad, con distribución «justa» entre los beneficios y los salarios.

A su juicio, la estrategia de recuperación debe reparar los daños de la crisis y construir un nuevo modelo económico y social «basado en la solidaridad, la convergencia y la cohesión económica y social, rompiendo finalmente con las políticas de austeridad».

Aunque ve un «paso importante en la dirección correcta» el plan de recuperación propuesto por la Comisión Europea, la CES aboga por que se ponga a disposición de los Estados miembros una financiación «masiva» destinada a la inversión, y por que el dinero se recaude a través de instrumentos de deuda común garantizados por la Comisión Europea mediante el aumento de los recursos propios de la UE, evitando así la creación de una deuda adicional «insostenible» en los países de la UE.

Así, ve «fundamental» aumentar los recursos propios de la Unión Europea, sobre la base del régimen de Comercio de Derechos de Emisión, un mecanismo de ajuste fronterizo de las emisiones de carbono, y la imposición de gravámenes sobre las operaciones de grandes empresas, incluidos un nuevo impuesto digital y un impuesto sobre los plásticos no reciclados.

«Hay que poner fin a la competencia fiscal desleal mediante una base y un tipo mínimo del impuesto de sociedades de la Unión Europea, así como reforzar la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión, la elusión y el fraude fiscales», subraya. «La UE no debe dar dinero a las empresas sin ejercer un control sobre su comportamiento», añade.

Plan europeo de inversión

En este sentido, el documento de UGT y CC.OO. coincide en la necesidad de un estímulo fiscal masivo para la inversión con el objetivo de proteger a la economía europea, tras la política «errónea» de austeridad de la anterior crisis, cuya falta de inversión y gasto han «debilitado» la capacidad de respuesta de los sistemas sociosanitarios y de los servicios públicos.

Frente a este estado de alarma los sindicatos consideran que la respuesta de Europa ha sido «insuficiente», ya que tanto el paquete de medidas de amortiguación como el recién anunciado fondo para la reconstrucción por la Comisión Europea no presentan actualmente ni las cuantías ni el diseño que eviten a los países más afectados por el virus cotas de endeudamiento que pueden hacer «insostenible su deuda» a medio plazo, o que, para saldarla, deba comprometer seriamente sus niveles de vida.

A este respecto, tildan de «inútil» el paquete de amortiguación porque se articula a través de créditos y avales, lo que supone «más deuda», y aunque en el fondo de reconstrucción hay un «cambio en la buena dirección», ve su monto «alarmantemente insuficiente», con fondos sujetos a condicionalidad por definir.

Piden que el BCE monetice deuda

Dado que Bruselas ha sido «muy poco ambiciosa» con las transferencias, los sindicatos piden cambiar los tratados para que el BCE pueda monetizar deuda del presupuesto comunitario a través de bonos perpetuos, así como completar la Unión Bancaria con un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo y que el BCE empleo todo el «arsenal de instrumentos ortodoxos y no convencionales» para lograr la estabilidad de precios.

En materia fiscal, instan a establecer que las decisiones en materia fiscal se adopten por mayoría simple en la UE y a fijar un impuesto mínimo para las grandes corporaciones a nivel comunitario del 15% sobre su resultado contable, impedir los paraísos fiscales e introducir impuestos paneuropeos para financiar el presupuesto comunitario y fijar que éstos solo puedan establecerse sobre la renta y el patrimonio, y tengan carácter progresivo.

«Los tributos europeos no deben ser tasas regresivas sino impuestos directos que admitan progresividad, como un impuesto a las grandes fortunas, a los salarios de los altos ejecutivos o a los rentistas de inmuebles que son grandes tenedores», señalan.

Elevar límite de deuda al 100% del PIB y del déficit al 4%

Otras propuestas pasan por introducir sanciones económicas para los superávits comerciales de los países miembro por encima del 3% del PIB, crear un seguro de desempleo y una renta mínima garantizada a nivel europeo que actúen como estabilizadores automáticos y establecer una facilidad instrumental permanente que permita emitir deuda respaldada por el presupuesto comunitario.

Proponen elevar los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al 100% del PIB en el caso de la deuda pública y al 4% del PIB en el caso del déficit público, dejando fuera del Pacto al nuevo déficit generado por el Covid y fuera del procedimiento de déficit excesivo el gasto público en inversión y educación.