Un parque eólico en Valladolid.
El Gobierno se dispone a poner en marcha un nuevo modelo de subastas de nuevas plantas renovables y lo hace con el objetivo de que la primera puja con la nueva fórmula se celebre este mismo año y que los subastas se vayan repitiendo año tras año durante la próxima década.
El Ejecutivo busca reformar por completo la metodología de las pujas anteriores para utilizarlas no sólo para promover la implantación de nuevas renovables, sino también para hacer posible una rebaja del precio de la electricidad y, con ello, del recibo de la luz que pagan los consumidores.
El sector de las energías renovables aplaude el nuevo modelo de subastas que lanzará el Gobierno, equiparable a las que se celebran en el resto del mundo, aunque se está a la espera de que se desarrolle y se detalle el modelo en un futuro reglamento normativo de las pujas.
Sin embargo, las compañías renovables exigen visibilidad a largo plazo, conocer cuándo se celebrarán las subastas de los próximos años para preparar sus proyectos y prever las inversiones necesarias con la suficiente antelación. Así lo han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica varias de las patronales de las energías verdes en la presentación del balance energético de 2019 organizado por el think tank Club de la Energía (Enerclub).
Desde APPA Renovables, que agrupa asociaciones empresariales de todas las tecnologías de energías verdes, se subraya que para el sector es urgente conocer el calendario de las siguientes subastas de nueva potencia limpia “al menos a tres años vista” para que las compañías pueden hacer su planificación a corto y medio plazo.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) va más allá y reclama al departamento comando por Teresa Ribera conocer el calendario de subastas “al menos de los próximos 5 años” para poder programar los proyectos, con el objetivo que el récord de instalación de renovables alcanzado en España en 2019 se convierta en una tendencia lineal durante la próxima década.
Con el futuro modelo de subastas que prepara el Gobierno, las compañías a partir de ahora competirán por los nuevos proyectos ofreciendo un precio fijo de la electricidad que se mantendría durante un periodo largo de tiempo (10, 15 o 20 años) y así se trasladará al consumidor.
Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.
También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.
“El marco vigente de las subastas se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo”, subrayan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
La hoja de ruta diseñada por el Gobierno para reducir las emisiones de efecto invernadero pasa por la construcción de unos 60.000 megavatios (MW) de nuevas renovables hasta 2030, desde los más de 35.000 MW actuales. Parte de esa nueva potencia verde se articulará a través de subastas, aunque la mayoría se implantará sin ninguna garantía o ayuda pública y a riesgo de los inversores.
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