Sin líneas rojas. Así se sentará el Gobierno a negociar con patronal y sindicatos una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Este mecanismo ha permitido a 3,4 millones de españoles mantener su puesto de trabajo y pese a la recuperación de muchos de ellos, 800.000 siguen acogidos a un ERTE.

El jueves retomarán las reuniones la mesa técnica en la que están representados miembros del Gobierno, de CEOE y Cepyme, así como de los sindicatos CC.OO. y UGT. Todos tienen en común la voluntad de acuerdo y de que este llegue más pronto que tarde. La anterior prórroga, en la que se aprobaron los ERTE por rebrote, estará en vigor hasta el próximo 30 de septiembre.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha repetido en varias ocasiones que “no tiene sentido poner fecha” a los ERTE por rebrote. Estos permiten a una empresa afectada por nuevas restricciones derivadas del coronavirus acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo con exoneraciones de las cuotas de seguridad social de hasta el 80%.

Las del resto de expedientes, ya sean por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, operativas o de la producción, se redujeron progresivamente en la anterior prórroga. Además, estas exoneraciones de las cuotas eran mayores para los trabajadores que se incorporaban que para aquellos que se mantenían sin trabajar.

Cambios en las exoneraciones

Este es uno de los principales cambios que reclaman los empresarios. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha solicitado que se bonifique a las empresas por los trabajadores que no han podido reincorporar. “No se va a contratar a nadie por tener bonificado el 13 o el 14%”, criticó. Es decir, solicitan que las empresas no tengan que pagar a la Seguridad Social si no han podido volver a la actividad, mientras que están dispuestos a abonar las cuotas si se recupera a los trabajadores del ERTE.

“El ERTE tiene que ser para la empresa que lo necesita”, reclamó Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, durante el encuentro que mantuvieron los representantes empresariales con los ministros José Luis Escrivá y Yolanda Díaz y los líderes sindicales a finales de la pasada semana en Palma.

Prestaciones

Un aspecto en el que las tres patas de la mesa del diálogo social parecen estar de acuerdo es en evitar que la prestación para las personas que están en un ERTE se reduzca del 70 al 50% de la base de cotización tras 180 días. Sin embargo, para que esto sea posible debería modificarse la ley.

De hecho, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, instó a derogar la reforma laboral que es donde se recogió este cambio en las retribuciones. “A efectos prácticos supondría un coste de 970 millones de euros al año”, precisó.

Garamendi, por su parte, indicó que los empresarios son “partidarios de esa protección superior al 50%” y subrayó que comparten “con los sindicatos esa valoración”. La titular de Trabajo consideró “injusto” el recorte en la prestación y expresó la voluntad del Gobierno de mantenerla al 70%.

Sectores

Aunque algunos sectores, como el turismo, reclaman planes específicos, fuentes de la negociación descartan que los ERTE se vayan a delimitar a diferentes áreas de actividad. Se trata de una definición muy complicada ya que al reducir a sectores concretos la protección se cerraría la puerta a situaciones sobrevenidas en otros.

Además, de los ERTE, CEOE y Cepyme han reclamado al Gobierno más medidas para apoyar a las empresas y salvar empleos.

Los agentes sociales se encuentran a la espera de un borrador sobre el que negociar y que les tiene que enviar el Ministerio de Trabajo. Volverán a reunirse este jueves con la voluntad de llegar a un acuerdo.