Economía

El Gobierno vinculará la revalorización de las pensiones al IPC en 2021

No habrá subida para los pensionistas si el IPC cierra el año en el 0% actual, aunque conservarán el poder adquisitivo / Escrivá insiste en la necesidad de un acuerdo en el Pacto de Toledo para que el Gobierno pueda tramitarlo como ley

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

España es el único país europeo que no revaloriza sus pensiones en función de los precios o de los salarios. El Gobierno quiere cambiarlo y para ello vinculará, a partir de 2021, la subida de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC). El objetivo, tal como ha manifestado en varias ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo.

Para ello, el ministro ha instado al Pacto de Toledo a cerrar un acuerdo y que el Gobierno pueda legislar y crear un “marco estable” para la actualización de las pensiones. “Las pensiones deben revalorizarse con un marco estable el año que viene”, indicaba la presentación que utilizó Escrivá en la Comisión.

Sin embargo, el IPC se encuentra ahora mismo en una tasa negativa y podría cerrar el año en el 0%. En este sentido, si no hay un incremento en los precios, los pensionistas conservarían el poder adquisitivo. Esta explicación la ha utilizado también la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al ser preguntada por los salarios de los funcionarios. 

La revalorización de las pensiones es un elemento que generaría mayor certidumbre sobre el sistema y además, recoge la recomendación número 2 del borrador del Pacto de Toledo: “La Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y su garantía por Ley”.

Cabe recordar que actualmente está en vigor el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el Gobierno del Partido Popular que asegura una subida anual del 0,25%. Con todo, el Gobierno aprobó por real decreto una subida del 0,9% a principios de este año. Ahora, la cartera que dirige Escrivá trabaja en una revalorización por ley a partir de un acuerdo en el Pacto de Toledo que no dependa de una decisión anual.

Recuperar la agenda

La reforma del sistema de pensiones es una de las tareas en la agenda de Escrivá desde que este asumió la cartera. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha obligado a retrasar algunas medidas y a descartar otras, como es el caso de las bases de cotización, tal como explicó el titular de Seguridad Social en la Comisión del Pacto de Toledo este miércoles.

El ministro también indicó que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) se van a empezar a eliminar algunos de los gastos impropios de la Seguridad Social. Entre estos gastos se incluyen las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, o las políticas no contributivas que se financian con cuotas. En total, Escrivá cifró en 22.800 millones de euros los gastos que asume indebidamente su departamento.

De eliminarse estos gastos, el déficit de la Seguridad Social desaparecería, indicó el ministro. En 2019, el déficit fue del 1,3% y según las previsiones de Escrivá, éste se situaría en el 1,4% en 2023. El responsable de Seguridad Social apuntó que todavía hay que esperar para tener un dibujo del próximo ejercicio ya que «algunas de las políticas que estamos desplegando tendrán continuidad con tendencia a la desaparición». Entre estas políticas estarían, por ejemplo, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que exoneran de parte de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores.

Autónomos y jubilaciones

Además de las pensiones y los gastos indebidos, el Ministerio propondrá que los trabajadores autónomos coticen en función de sus ingresos reales a través de un formato de tramos. «Es una anomalía que los autónomos no coticen por sus ingresos reales; el diseño que estamos pensando es que haya más autónomos que pasarían a cotizar menos», indicó el ministro en una entrevista en Onda Cero.

Por otra parte, otro de los objetivos es que se alargue la edad efectiva de jubilación hacia la edad legal. Para ello, el Ministerio está estudiando qué bonificaciones o incentivos serían favorables para que haya menos prejubilaciones. Además, también se estudia eliminar la distorsión que existe en los coeficientes de reducción de las pensiones para que no se vean perjudicadas las pensiones más bajas frente a las más altas en las jubilaciones anticipadas.

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