La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
El Gobierno prepara un golpe millonario a los inversores que resultaron ganadores en las subastas de potencia renovable realizadas en 2016 y en 2017 y que no han cumplido con la obligación de tener en marcha los proyectos este año. El Ministerio para la Transición Ecológica se dispone a iniciar los trámites legales para quedarse con los avales presentados por estos proyectos fallidos y que superarán los 100 millones de euros.
El Gobierno de Mariano Rajoy impulsó una subasta de renovables en 2016 por una potencia de 700 megavatios (MW) y otras dos megasubastas en 2017 que se saldaron con la adjudicación de 8.136 MW, más o menos repartidos a partes iguales entre eólica y fotovoltaica. Son las dos grandes pujas de 2017 en las que se concentran los problemas.
A los ganadores se les garantizaba un precio suelo de la electricidad durante 25 años. Y a cambio tenían que cumplir determinados hitos intermedios (identificar los proyectos a los seis meses, demostrar haber conseguido la autorización a los doce meses…) y el compromiso final era que las plantas estuvieran operativas antes del 1 de enero de 2020. Pero algunas de las compañías no cumplieron los dos compromisos intermedios y otras consiguieron tener listas las plantas cuando tocaba.
El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la también vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, ultima el inicio de procedimientos legales para ejecutar las garantías presentadas por las compañías que no han cumplido los plazos. En total, se van a iniciar procedimientos por un importe de 103 millones de euros, según confirman fuentes gubernamentales a El Independiente.
El Gobierno pretende así ejecutar una quinta parte del total de avales presentados por los adjudicatarios de las subastas, que alcanzaron los 489 millones de euros en total. La potencia afectada por las ejecuciones de garantías asciende a 2.827 MW, parte por incumplir hitos intermedios que implicaba avanzar en el proceso administrativo y otra parte por no llegar incumplir el compromiso final de puesta en marcha de las plantas verdes.
El primer hito llevaba emparejado un aval de 12.000 euros por MW, y lo cumplieron todos los adjudicatarios. El segundo hito implicaba garantías de 18.000 euros por MW y ya parte de los ganadores no cumplieron con tener permiso para construir las plantas. Y la última obligación, la de tener funcionando las plantas al arrancar 2020, conllevaba avales de 30.000 euros por MW.
El Gobierno ya inició el proceso legal para ejecutar los avales parciales correspondientes a algo más de 1.000 MW adjudicados que no confirmaron a la Dirección General de Política Energética haber avanzado en el proceso administrativo para poder construir las nuevas plantas.
Con esos hitos intermedios no cumplidos, las garantías que el Ministerio podía ejecutar rondaban ya los 18 millones de euros. Ahora se pretende ejecutar el resto de avales por el incumplimiento del hito final por otros 85 millones de euros más.
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