Economía | Empresas DESDE QUE ARRANCÓ EL ESTADO DE ALARMA

El rastro de la crisis en el recibo de luz: 187.000 familias y empresas piden ayudas para poder pagar

Flickr | Cabezadeturco

La crisis económica y el parón de actividad y del empleo por la pandemia de Covid-19 están teniendo reflejo en las dificultades de familias y empresas para poder afrontar el coste de suministros básicos como la electricidad y el gas natural. Más de 187.000 hogares, autónomos y compañías han tenido que recurrir en los últimos meses a ayudas y medidas anticrisis excepcionales para poder pagar sus facturas… o para conseguir no hacerlo mientras dure el frenazo económico.

Desde que se decretara el estado de alarma, hace menos de seis meses (arrancó el 14 de marzo), más de 42.000 consumidores vulnerables se han acogido a los descuentos en la factura de la luz del bono social, según confirman fuentes del Gobierno. Ya son más de 1,33 millones de hogares los que aplican rebajas de entre el 25 y el 100% del recibo de la luz en función de su grado de vulnerabilidad.

El Gobierno amplió a principios de abril los colectivos que podían recibir el bono social de la electricidad. Se trataba de una ampliación excepcional y sólo temporal para sumar a los autónomos que acreditasen que habían cesado su actividad o que habían visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria por el Covid. Desde entonces han sido cerca de 5.000 autónomos los que se han acogido al descuento del recibo de luz por la caída de su actividad y una baja renta familiar.

El Ejecutivo ha reformado esta semana el bono social para crear un nuevo supuesto para reconocer nuevos consumidores vulnerables y sustituir el criterio excepcional sólo para autónomos.

Desde ahora, los parados, los afectados por ERTE, los que han reducido su jornada laboral para cuidar a hijos o dependientes o los autónomos y empresarios que hayan sufrido una pérdida sustancial de ingresos -sin especificar el porcentaje de caída- podrán acogerse al bono social eléctrico y podrán hacerlo hasta julio de 2021 sólo con una declaración responsable que acredite que cumplen los requisitos de renta. Fuentes gubernamentales dan por hecho que esta medida hará que crezca en los próximos meses el número de beneficiarios de las ayudas.

Medidas ‘anticrisis’ para empresas

Con el estado de alarma casi recién estrenado, el Gobierno adoptó también medidas excepcionales para paliar el golpe a autónomos y pymes del parón económico. Varias de esas reformas están directamente ligadas a las facturas energéticas y a los contratos que les unen con sus compañías de luz y gas (reducción de la potencia contratada sin coste para pagar menos en la parte fija del recibo, suspensión temporal del contrato, aplazamiento de pagos de las facturas para abonarlas a plazos…).

Según los datos facilitados por las eléctricas al Ministerio para la Transición Ecológica, han sido más de 145.000 autónomos y empresas que se han beneficiado de estas medidas anticrisis que les dan facilidades para reducir los costes fijos en pleno parón del negocio o para aplazar pagos y reforzar su liquidez. Todas estas medidas expiran hoy mismo y el Ejecutivo ha decidido no prorrogarlas.

Fin de la prohibición a cortar luz, gas y agua

El Gobierno tampoco ha prolongado, y también expira hoy, la prohibición de todos los cortes de los suministros básicos de luz, gas natural y agua decretada durante el estado de alarma. Desde el Ejecutivo se defiende esta decisión en que se trataba de una medida excepcional para los primeros meses de la crisis y que tiene más sentido orientar los esfuerzos a proteger específicamente a los consumidores vulnerables.

Todos los hogares acogidos al bono social de la luz ya cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de 2 meses) y las compañías tienen prohibido interrumpir el suministro en caso de impago a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en un miembro  de la unidad familiar se persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.

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